El Congreso de Perú aprobó el viernes, por 84 votos a favor y dos en contra, la insistencia del proyecto de ley que permitirá a los 93.440 afiliados de las AFP mayores de 65 años retirar hasta el 95,5% de sus fondos. Al ser una insistencia del parlamento, el dictamen ya no podrá volver a ser observado por el Ejecutivo, por lo que quedó listo para su promulgación y entrará en vigencia al siguiente día de su publicación en el diario oficial.
Con esta medida, se estima que se podrían retirar 2.500 millones de soles (US$ 763,2 millones) en 2016 de acuerdo a cálculos del economista Javier Olivera, consultado por Gestión.
Además, la reforma establece que el afiliado podrá usar el 25% del fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización “como garantía para la cuota inicial de un crédito hipotecario para la compra de una primera vivienda”.
El dictamen también dispone que los afiliados con una enfermedad terminal puedan acceder a una jubilación anticipada (sin necesariamente cumplir los requisitos dispuestos en la ley 29.426), y de no tener beneficiaros, que pueda acceder a la devolución del 50% de su fondo.
Mal precedente
La medida generó inmediatas reacciones en la industria. Las AFP dicen no estar preocupadas por la salida de los fondos, sino por el precedente que plantea, “Los fondos están bien invertidos y diversificados y no va a tener problemas para hacer frente a esta salida de capitales”, dijo Jorge Ramos, presidente ejecutivo de Sura Asset Management Perú. “Lo que nos preocupa es el precedente que se está sentando. Ahí no es que nosotros no querramos que la gente se lleve su dinero, el asunto es que nosotros creemos en un sistema previsional, donde las personas reciben una renta periódica a lo largo de su vida”, agregó. “Yo creo que es el comienzo del fin, porque hoy día es a los 65, pero en realidad se podría sacar a los 55 y 50 años si uno está desempleado. Mañana dirán ¿por qué no a los 45 o 40 años?”, añadió el ejecutivo.
Otros representantes de la industria, también cuestionaron la medida. “Lo que implica es que mañana las personas no van a tener rentas cuando tengan una edad más avanzada. Es justamente por eso que esta repartición del dinero cuando uno se jubila no se hace en otros países”, dijo el presidente ejecutivo de otras AFP que operan en el mercado peruano.
Problemas de fondo
Un planteamiento similar hizo la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). El presidente de la entidad, Eduardo Morón, manifestó que la norma abre la posibilidad de que los afiliados desperdicien su dinero y luego no tengan fondos para cubrir su vejez. “Cuando esas personas no sean previsoras, y esa es la tendencia en el mundo, su atención va a tener que correr a cargo del Estado y eso significa más impuestos no para ellos sino para todos”, anotó Morón.
El dirigente, sin embargo, reconoció que el modelo debe perfeccionarse, pero aseguró que la iniciativa es “populista” y no resuelve los problemas de fondo del sistema. “Los grandes problemas del sistema son que sólo una pequeñísima minoría tendrá pensiones adecuadas, uno de cada diez. El sistema es caro y es un sistema donde los afiliados pierden plata y la AFP gana, pero esta norma no resuelve eso”.
Por ello Apeseg ha pedido a los partidos que están disputando la segunda vuelta presidencial dejar la iniciativa del congreso “y sentarnos a buscar soluciones para esos grandes problemas del sistema, no podemos estar contentos con el sistema, no puede ser que sólo uno de cada diez tenga una buena pensión”, criticó Morón.
Batallas ganadas
La historia de este proyecto empieza el 19 de noviembre de 2015, cuando sorpresivamente la Comisión de Economía del Congreso aprobó ampliar el régimen de jubilación anticipada, pero en la norma también se agregó la posibilidad de que los afiliados puedan retirar el 95,5% de su fondo a partir de los 65 años.
La norma causó asombro pues no se había propuesto ni discutido antes. No obstante, se aprobó en una coyuntura donde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) venía siendo duramente criticada por modificar las tablas de mortalidad, lo cual iba a reducir las pensiones que recibirían los afiliados.
Tras ello, el 3 de diciembre el Pleno del Congreso aprobó la norma, pero luego fue observada por el Ejecutivo el 8 de enero. La segunda parte de esta historia inicia el 23 de marzo de este año, cuando la Comisión de Economía aprobó la insistencia del proyecto. Y finalmente el viernes fue ratificada por el Pleno.
Temas pendientes
Tras la aprobación, la primera duda es ¿desde cuándo aplicará la norma? Si bien el texto señala que será de inmediato, existen algunos puntos por regular, pues el dictamen no precisa qué se hará con el 4.5% que no se podrá retirar.
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