La guerra contra las drogas ha sido un fracaso de US$ 1 billón (millón de millones). Durante más de cuatro décadas, los gobiernos alrededor del mundo han inyectado enormes sumas de dinero a esfuerzos antidrogas ineficaces y represivos. Estos han venido a expensas de programas que en realidad funcionan, como intercambio de agujas y terapias de sustitución. Esto no sólo es un desperdicio de dinero, es contraproducente.
La London School of Economics acaba de completar el reporte más minucioso de la guerra contra las drogas hasta ahora. La conclusión, respaldada por cinco economistas ganadores del Premio Nobel: Ha hecho más daño que bien.
La prohibición de drogas ha creado un inmenso mercado negro, valorado por algunos en hasta US$ 300 mil millones. Modifica la carga del “control de drogas” hacia los países productores y de tránsito como Afganistán y México. Este enfoque fracasa en lidiar con una verdad básica: los mercados de drogas son altamente flexibles. Si se reprime el negocio en un país, brotará en otra parte.
Considere Colombia. Cuando sus agencias avanzaron en aplicar mano dura contra el comercio de cocaína, gran parte del negocio criminal y de violencia que lo acompaña se mudó a México. El informe de la LSE estima que luego de 2007, las políticas de interdicción de Colombia representaron más de 20% del alza en la tasa de asesinatos de México.
Los costos no se limitan a los países productores; las naciones consumidoras también sufren.
Esto es especialmente cierto en EEUU, que tiene menos de 5% de la población mundial, pero casi 25% de la población encarcelada. La mayoría son infractores de drogas y otros delitos no violentos para quienes el tratamiento y otras alternativas a la reclusión probablemente serían más baratas y más efectivas para reducir la reincidencia y proteger a la sociedad. A nivel mundial, 40% de las 9 millones de personas encarceladas están detrás de las rejas por delitos relacionados con las drogas, y es probable que esa cifra aumente, ya que los arrestos de infractores de drogas en Asia, América Latina y África occidental están aumentando continuamente.
Los gobiernos necesitan sopesar los costos y beneficios de sus actuales políticas, y deben estar dispuestos a redirigir recursos hacia programas que funcionan. Esto salvará vidas y dinero. Los costos de no hacer nada son muy grandes.