El rostro sonriente de Ulises Fabián Quiroz aparece en una valla publicitaria electoral que promete "una Chilapa con orden y paz".
Pero eso fue antes de que el candidato a la alcaldía de la ciudad por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder fuera asesinado hace tres semanas en el estado mexicano de Guerrero, el cual ha sido desgarrado por la violencia. Él se cuenta entre los cuatro candidatos para las elecciones que han sido asesinados hasta el momento. También fue antes de que un comando armado entrara en Chilapa la semana pasada – mientras que el ejército y la policía simplemente observaban, según los residentes – y secuestrara a por lo menos 30 habitantes.
Sus familias no saben si se los llevaron a las montañas que rodean la ciudad – donde los campos de amapola bordean sus laderas y donde se ocultan los laboratorios de heroína – o si han sido asesinados. Pero no tienen duda de que el cártel que dicen fue el responsable, Los Ardillos, estará de regreso como lo prometieron a menos que se capture al líder del cártel rival de Los Rojos. La fecha límite dada por Los Ardillos expira el jueves.
El más reciente capítulo de una terrible y creciente guerra entre cárteles que amenaza las elecciones federales mexicanas de mitad de período a celebrarse el 7 de junio parece ser prueba – como si se necesitaran más – de que la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala en Guerrero en septiembre pasado, a manos de una banda de narcotraficantes en connivencia con la policía local, no fue un incidente aislado.
La indignación pública acerca de la desaparición de los estudiantes ha socavado los esfuerzos del presidente mexicano Enrique Peña Nieto de desviar la atención pública hacia su ambicioso programa de reformas y apartarla de la polémica "guerra contra las drogas" de su predecesor.
A pesar de los arrestos de alto perfil de capos de la droga, el presidente admite que la continua violencia – junto con una erupción de escándalos relacionados con conflictos de interés – ha engendrado "incredulidad y desconfianza" en México, y que las elecciones federales de mitad de período equivaldrán a un referendo de su mandato.
En Chilapa, los locales esperan el retorno de Los Ardillos en lo que temen pudiera ser un enfrentamiento con Los Rojos en una ciudad que controla una ruta clave del tránsito de heroína.
Se rumora que los pandilleros están ordenándoles a los campesinos de las comunidades en las laderas montañosas que vayan con ellos a Chilapa el próximo lunes, o que paguen lo que para estos agricultores extremadamente pobres representan multas ruinosas. El temor es que Los Ardillos están provocando a Los Rojos para entablar una batalla, en la cual los agricultores serán los primeros en verse obligados a luchar.
Chilapa se asemeja a la crónica de un conflicto anunciado. "Le hemos pedido ayuda al gobierno, pero no pasa nada", declaró Felipe Nava Reyes. "Así es que estamos a la espera de que [Los Ardillos] vengan. Yo voy a estar encerrado en mi casa".
El gobernador interino de Guerrero – su predecesor renunció después de las desapariciones en Iguala – señaló la semana pasada que la situación en Chilapa se había resuelto y que se había nombrado un nuevo jefe de seguridad municipal.
Las amapolas, cultivadas en las laderas de las montañas de Guerrero, han convertido a este estado occidental – con una larga reputación de anarquía – en una de las principales regiones productoras de drogas de México. Casi la mitad de la heroína que se vende en las calles de EEUU proviene de México, y la mayoría es de Guerrero.
Lo que ha cambiado en los últimos años es una fragmentación de los cárteles que controlan el comercio en el estado, y el aumento de la infiltración de la política. Ha habido informes de que un funcionario electo del Partido Revolucionario Democrático de izquierda (PRD) en Guerrero fue filmado cantando un "narcocorrido" y posando con un arma.
"Aquí el crimen organizado y la política son la misma cosa", declaró José Díaz Navarro, quien cuenta a dos de sus hermanos entre los desaparecidos el noviembre pasado.
Los lugareños creen que los dos partidos principales de la ciudad, el PRI y el PRD, están confabulados con los cárteles – algo que los partidos niegan – garantizando que las elecciones federales de mitad de período hayan sido absorbidas por la guerra territorial de los cárteles.
"Las elecciones en Guerrero están sucediendo en la actualidad. Están siendo combatidas por las bandas criminales", comentó Ezequiel Flores, corresponsal de la revista noticiosa Proceso y un observador veterano de la violencia de los cárteles en su estado natal.
En Ayotzinapa, de donde desaparecieron los 43 jóvenes, un grupo de padres ha estado acampando en la escuela de maestros donde estaban estudiando sus hijos desde que desaparecieron el 26 de septiembre.
"No vamos a permitir que se lleven a cabo las elecciones", declaró su portavoz, Felipe de la Cruz, en el patio ahora ocupado por un santuario dedicado a los desaparecidos, con sillas adornadas con fotografías y pancartas. Él agregó que no tiene sentido.
Bernabé Abraham, el padre de otro estudiante, lanzó un suspiro al ver los paralelismos con Chilapa, donde 13 personas han sido reportadas como desaparecidas ante la comisión de derechos humanos del estado. Los lugareños dicen que la cifra real pudiera ser 30, ya que algunas personas están demasiado atemorizadas para reportarlas.
Lo que los videos grabados por los habitantes en sus teléfonos celulares parece mostrar, sin embargo, es que las autoridades hicieron poco para proteger a los residentes o para expulsar a Los Ardillos de la ciudad, de la cual el cártel tomó el control durante seis días.
"¿Cómo es posible que, con la presencia del gobierno, se los llevaran? ¿De qué lado está el gobierno?", preguntó Abraham.
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