La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien volvió al poder el 11 de marzo, se enfrenta a su primera gran prueba después de que la costa nortina del mayor productor de cobre del mundo se viera afectada el martes por un terremoto.
Después de haber sido criticada por su respuesta a uno de los mayores terremotos registrados al final de su anterior período presidencial en febrero de 2010, los oponentes están viendo cómo el gobierno sale adelante. Hasta el momento, dada la magnitud de 8,2 el temblor, la respuesta parece haber salido bien.
Ricardo Mena, quien representa a la Oficina para la Reducción de Riesgos de Desastres de la ONU en la región, dijo que la reacción de Chile fue rápida y coordinada, y que, desde el terremoto de 2010, los esfuerzos por mejorar los sistemas de alerta de tsunamis y los protocolos de terremotos habían dado sus frutos.
Como uno de los países más propensos a terremotos en el mundo, Chile ha desarrollado estrictos códigos de construcción y de procedimientos de evacuación, y se ha convertido en un ejemplo destacado de cómo responder.
Con sólo seis muertes y con las minas de cobre sin reportar daños importantes, Bachelet podría enfrentar mayores desafíos implementando las reformas prometidas en la campaña electoral del año pasado.
Robert Funk, cientista político de la Universidad de Chile, aseguró que el gobierno debe manejar los esfuerzos de reconstrucción con cuidado después de que miles de viviendas fueron destruidas.
“No les proporciona un espacio de respiro político para una agenda de reforma muy ambiciosa”, agregó.
Ella ya se enfrentó a la presión después de que decenas de miles de personas marcharon en Santiago el mes pasado exigiendo que las promesas electorales se mantengan, sobre todo los esfuerzos para combatir la desigualdad. Chile tiene la mayor brecha entre ricos y pobres de las naciones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Bachelet ha prometido promulgar 50 reformas en sus primeros 100 días, incluyendo el compromiso de proporcionar educación gratuita y universal mediante el aumento de los impuestos corporativos de 20% a 25%. El lunes envió su proyecto de reforma fiscal al Congreso, asegurando al público que ayudaría a un crecimiento “sostenible y equitativo”, en medio de preocupaciones de que las reformas podrían ralentizar la inversión y las perspectivas de crecimiento en momentos en que la economía de Chile se está desacelerando.
La economía creció 1,4% en enero respecto al año anterior, el ritmo más lento desde el terremoto de 2010, mientras que el banco central recientemente redujo su pronóstico de crecimiento para 2014 a medida que los precios del cobre caen y las inversiones de la industria minera se desaceleran.
Al mismo tiempo, la inflación se está acelerando, con los precios aumentando 3,2% en febrero respecto al año anterior, el ritmo más rápido en casi dos años, debido a que un peso más débil hizo subir los costos de importación.
Bachelet también se enfrenta a una crisis energética, con el gobierno prometiendo una decisión para mayo sobre el proyecto multimillonario HidroAysén, un conjunto de cinco represas hidroeléctricas en la Patagonia.