Cuando la aplicación de servicio de taxi Uber llegó a São Paulo, ocasionó una serie de conflictos.
En abril, unos 2,500 conductores de taxis tradicionales organizaron una manifestación frente al estadio Pacaembu de la ciudad contra el sitio – en el cual la gente puede contratar el servicio de transporte por el Internet – antes de salir en caravana por la ciudad provocando congestionamientos de tráfico.
El sindicato de taxistas, Simtetaxis, obtuvo una orden judicial declarando que la aplicación era ilegal, pero a principios de mayo ésta fue anulada. La decisión del tribunal a favor de Uber se logró gracias a la ley brasileña Marco Civil. Esta ley del Internet, que entró en vigor el año pasado, en algunos aspectos ha sido pionera en la regulación del Internet, declaró Ronaldo Lemos, del Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio de Janeiro (ITS), un grupo de estudios.
"La ley ha tenido un gran impacto en el sistema legal brasileño", señaló Lemos. "Por lo general, los tribunales inferiores siguen resistiendo utilizar la ley y han tomado decisiones que van completamente en su contra, pero cuando estas decisiones llegan a los tribunales superiores han sido anuladas".
Promulgada por la presidenta Dilma Rousseff durante NETmundial – una reunión global sobre el futuro de la gobernanza del Internet celebrada en São Paulo en abril de 2014 – Marco Civil surgió en medio una controversia.
Aunque estuvieron en proceso de desarrollo durante años, las deliberaciones finales en el Congreso fueron eclipsadas por las revelaciones de Edward Snowden, ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, acerca de que Washington había espiado a líderes mundiales, entre ellos a la Sra. Rousseff.
En medio de la reacción negativa, Brasil contempló la incorporación en la ley Marco Civil de lo que hubieran sido algunos de los controles más rigurosos del mundo en relación con el almacenamiento de datos y con la privacidad.
Estos controles incluían propuestas que hubieran obligado a las empresas a almacenar datos sobre los usuarios brasileños en Brasil. Esto habría sido costoso en términos de creación de nuevos centros de datos e inútil, según los analistas, ya que los datos no son una mercancía física que puede confinarse dentro de las fronteras de una nación.
Los políticos brasileños fueron disuadidos de dar este paso. Sin embargo incluyeron otras medidas consideradas difíciles de implementar – como exigir que las autoridades tengan acceso a los datos sobre los usuarios brasileños, aún cuando estén almacenados en otras jurisdicciones.
La ley fue aclamada como un éxito de los activistas de los derechos civiles del Internet. "Le estoy pidiendo a países en todo el mundo que sigan el ejemplo de Brasil y desarrollen leyes positivas que protejan y amplíen los derechos de los usuarios a tener una web abierta, gratuita y universal", declaró Sir Tim Berners-Lee, el inventor de la "World Wide Web" (Red de Extensión Mundial), durante NETmundial.
En un comentario acerca de los reglamentos, FGV Direito Río, una escuela de derecho, expresó que la legislación aplica principios como la libertad de expresión y la privacidad, los cuales ya están protegidos bajo la constitución, al contexto de las comunicaciones en línea.
En la mayoría de los casos, la ley responsabiliza al autor por el contenido y no al proveedor de servicios del Internet (ISP, por sus siglas en inglés). Anteriormente, los ISP habían estado eliminando contenido voluntariamente en vez de arriesgar enfrentarse a los tribunales, los cuales estaban tomando decisiones contradictorias acerca de quién era responsable del contenido ofensivo.
Los partidarios de la ley dicen que uno de sus principales avances en términos de estándares internacionales fue la creación de la "neutralidad de la red", la cual impide que los proveedores de acceso al Internet puedan controlar el acceso al contenido "legal".
Las compañías de telecomunicaciones han argumentado que deberían poder cobrar tarifas especiales de banda ancha para el contenido con gran cantidad de datos ya que utiliza más ancho de banda, de hecho dividiendo el Internet en carriles rápidos y lentos dependiendo del contenido y la capacidad de los clientes para pagar la cuenta.
En el lado negativo, la ley obliga a los ISP a mantener los registros de tráfico de sus usuarios entre seis y 12 meses. Las autoridades pueden exigir acceso a esta información con una orden judicial. El año pasado, los tribunales declararon nula una regulación similar en Europa.
Lemos del ITS declaró que, aun con sus defectos, la ley está demostrando ser una mejor protección de los derechos de los brasileños en línea que el marco anterior.
Bajo esta ley, Twitter fue capaz de hacer frente a las peticiones de datos por parte de la Policía Federal, las cuales no estaban respaldadas por órdenes judiciales. La ley dicta que las órdenes judiciales deben estar respaldadas por suficientes razones que justifiquen el brindar a las autoridades acceso a los datos.
Lemos declaró que la ley representa un paso adelante, ya que estableció reglas claras para el Internet y determinó que el gobierno no tiene derecho a intervenir en términos de libertad de expresión ni de contenido.
Para Uber, esto representa buenas noticias. Aunque pudiera enfrentar otros retos, al gobierno se le dificultará detener sus operaciones en línea. "Uber continúa ofreciendo sus servicios a los brasileños", señaló la compañía después de la última decisión del tribunal.
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