Bolivia fijará un plazo de 60 días desde la
entrada en vigor del acuerdo con Chile sobre las aguas fronterizas
del río Silala, para que los usuarios chilenos, principalmente
empresas, negocien con La Paz el pago por este recurso hídrico,
informó hoy una fuente oficial.
El proyecto de acuerdo entre ambos países, difundido hoy por el
Gobierno de Evo Morales, señala que el Estado boliviano considerará
"el derecho preferente" de los actuales usuarios de las aguas en
Chile para autorizar la continuidad o no de ese aprovechamiento.
"Ese derecho preferente se ejercerá por un espacio de 60 días a
partir de la comunicación por vía oficial de esta parte del
acuerdo", dice el documento preliminar.
La cancillería boliviana explicó en una publicación que si estos
usuarios "no demuestran interés, el Estado boliviano podrá dar por
vencido su derecho preferente" y disponer de las aguas para otros
interesados.
"De esta manera Bolivia asegura que se dé celeridad a la
consolidación de acuerdos y los respectivos contratos con usuarios
chilenos", justificó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El proyecto de acuerdo entre los gobiernos de La Paz y Santiago
también dispone que Bolivia podrá cobrar a los empresarios del norte
de Chile por el 50% del uso de las aguas del Silala.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua determinará el monto de la
compensación y la periodicidad del pago, teniendo en cuenta el valor
promedio del recurso hídrico en la segunda región de Chile "donde
las aguas tienen el más alto precio", agregó la cancillería.
El canciller boliviano, David Choquehuanca, y el ministro de
Medio Ambiente, René Orellana, instalaron hoy una reunión en la
localidad de Quetena Chico, cercana al Silala, para presentar el
acuerdo preliminar a las organizaciones civiles e indígenas del
departamento andino de Potosí (suroeste).
"Este acuerdo lo único que busca es que los chilenos no se lleven
gratuitamente nuestras aguas", dijo Choquehuanca al inaugurar el
encuentro, según la agencia estatal ABI.
Para las autoridades de Bolivia, el Silala es un manantial cuyas
aguas fueron desviadas artificialmente a principios del siglo XX
para ser aprovechadas en el norte de Chile, mientras que Santiago
defiende que es un río de curso internacional.