Una semana se cumplió desde que las relaciones entre las isapres y el gobierno llegaron a su punto más bajo en mucho tiempo, en el marco de las polémicas por el ajuste de 5,1% promedio para el período 2019-2020 anunciado por las principales aseguradoras y la rebaja de los planes para niños mayores de dos años y mujeres desde los 40 años, que gatilló la salida del superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro.
Mientras la Asociación de Isapres acusó el viernes pasado un “inaceptable nivel de incertidumbre e improvisación”, esta semana trascendió que el renunciado titular del ente regulador calificó a esas empresas como “unos desgraciados” en su despedida ante 200 funcionarios.
“El superintendente salió tremendamente dolido y por eso se expresó de esa forma”, opina el presidente del gremio, Rafael Caviedes. Y en su análisis de la abrupta salida de García-Huidobro, considera que su decisión de echar marcha atrás al plazo original de dos años para la rebaja de los planes “obedeció a presiones políticas y no a razones técnicas”, concluyendo que al exsuperintendente “le faltó respaldo político, que una autoridad de esa naturaleza debe tener”.
Caviedes comparte las críticas de García-Huidobro. “Rescato lo que él señaló: los problemas que enfrentan las isapres y la superintendencia se deben a la falta de un acuerdo político para lograr una verdadera solución, lo cual va por un cambio legal que no es responsabilidad ni de nosotros ni de la superintendencia que debe cumplir lo que está en la ley. Entonces, no vengan a sacar las castañas con la mano del gato”, aseveró.
Grafica este juicio en el destino de la agenda de modernización por la vía administrativa que promovieron ante el regulador con cuatro temas urgentes: establecer un plan de salud estándar, resolver la discriminación de tarifas entre hombres y mujeres, generar condiciones de movilidad y abordar los ajustes de precios, medidas que ven necesarias como paso previo a la reforma de las isapres que el gobierno comprometió enviar este mes
“Pueden pasar años de discusión en el Congreso y propusimos una agenda de cambio para avanzar. El superintendente anterior nos dijo que era de extraordinaria importancia para el gobierno y había equipos técnicos trabajando en eso; pero el Ministro de Salud dijo que no hay lugar a agendas administrativas porque hay un proyecto de ley. Pónganse de acuerdo, porque están mostrando una falta de seriedad y de coordinación impresionantes”, asevera Caviedes, quien solicitó una reunión para abordar el futuro de esta iniciativa al superintendente (s) Patricio Fernández.
- A estas alturas ¿cómo ve la industria la gestión de la autoridad?
- Todos estos elementos generan un ambiente muy confuso. No se puede estar optimista respecto del futuro del sector, y existe una gran frustración por la forma como el gobierno nos ha tratado.
- De las seis aseguradoras abiertas del sistema, cuatro están controladas por inversionistas extranjeros ¿Cómo están viendo el escenario?
– En este sector existe inversión extranjera: inglesa, española y americana. Por lo tanto, las medidas que se tomen deberían considerar el impacto en estas inversiones y lo que puede significar como precedente para otras inversiones que el país pretenda atraer.
- ¿Cuáles son los temas en la mira?
- Sin duda, la judicialización y el cambio en las reglas del juego evidentemente tienen un impacto patrimonial de estas instituciones. Las autoridades deben tener cuidado con el precedente que pueden crear medidas que atentan contra el patrimonio de estas instituciones.
- Se cuestionó al exsuperintendente por actuar en beneficio de las isapres al establecer dos años para rebajar los planes...
– Hay mucha ignorancia respecto a cómo funcionan los seguros de salud. Ni siquiera la superintendencia ha hecho una simulación económica de los efectos del cambio en la circular, que nosotros estamos haciendo y vamos a entregarle, cuyos técnicos podrán chequear que es efectivo su fuerte impacto.
- Quienes critican a las isapres afirman que sus utilidades les permiten asumir el alza de costos y la judicialización...
- Las isapres tienen muchos flancos abiertos. Tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre cómo contabilizar las costas, probablemente quede mucho camino por recorrer en los tribunales tributarios. Es una amenaza para el sistema, porque las costas pagadas en los últimos nueve años superan los US$ 150 millones y si los tribunales determinan que son gastos no reconocidos para reducir renta, tendrá un impacto financiero importante.
-¿Sobre qué bases calcularon ese efecto?
-La circular que provocó la salida del Superintendente de Salud, se refería al congelamiento de las tarifas de las isapres en 2010, medida que el fiscalizador en ese momento entendió tanto para las que subían como para las que bajaban; por lo tanto, hay personas que están pagando menos de lo que debieran y la isapre no recibe estos recursos. Y si ahora la superintendencia obliga a rebajar las tarifas –dentro de seis meses en el caso de los niños y en un año a las mujeres–, eso tiene un impacto en el sistema de varias decenas de miles de millones de pesos.
–Pero las isapres tienen la posibilidad de incorporar esos costos en los ajustes anuales de sus planes...
–Este sistema tiene una inercia enorme; es decir, cualquier determinación que se tome hoy – como es el caso de la señalada circular del superintendente- las isapres recién las pueden compensar y administrar en los contratos que comenzarán a funcionar entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de julio de 2021. Esa es la razón técnica por la cual la superintendencia inicialmente había dado un plazo más largo.
–A propósito de la judicialización, las isapres han advertido en años pasados que la estabilidad financiera del sistema está en riesgo, pero siguen con cifras azules ¿por qué ese escenario empeoraría ahora?
–Un análisis técnico financiero permite darse cuenta perfectamente de que estos problemas ponen a las isapres en una difícil situación. Como consecuencia de judicialización, aparte de los entre $ 16 mil millones y $ 20 mil millones que significa en costas anualmente, genera que aproximadamente el 17% de los contratos de la cartera están congelados, los cuales, en definitiva, están siendo subsidiados por el resto de los afiliados. Por eso, el escenario es de alta complejidad.
Cambios en la superintendencia y Fonasa
-Además de la reforma que se prepara para los aseguradores de salud privados ¿cree necesario introducir cambios en la institucionalidad del regulador del sistema?
–A mi juicio, una reforma también debería considerar un cambio en la institucionalidad de la Superintendencia de Salud, que debiera manejarse como un consejo. Un buen ejemplo es la Comisión para el Mercado Financiero, ya que las decisiones que toma la superintendencia de salud tienen impacto directo en el patrimonio de las instituciones; por lo tanto, no puede estar en manos de un jefe sujeto a los vaivenes políticos, sino que debe existir un consejo y las decisiones debieran ser colegiadas por las implicancias que tienen, tanto para el sistema isapre como para Fonasa.
-Los expertos en salud y el propio gobierno han señalado que la reforma a las isapres no será viable si no se transforma el seguro público de salud ¿cuál debiera ser la primera medida?
-El sistema de salud público no va a mejorar si no hay una modernización importante con un cambio en el modelo de gestión hospitalaria actual, sujeto a estatuto administrativo y financiero del Estado bajo normas de hace 60 años. A los hospitales públicos se les debe otorgar autonomía, con un sistema de contabilidad patrimonial donde exista accountability, un directorio responsable capaz de responder a la comunidad por cómo se están administrando los recursos. Y no veo por qué los trabajadores del sector de salud estatal tengan normas especiales sujetos al estatuto administrativo, restando la capacidad de gestión de recursos humanos que se requiere.
-¿Qué ve necesario abordar en cuanto al modelo asegurador de Fonasa?
–Tiene que haber cambios importantes en la forma cómo se asignan los recursos estatales, que hoy financian la oferta de prestaciones de salud, en circunstancias de que hay que asignarlos a la demanda; es decir, a las personas siguiendo sus decisiones. Son ellas las que deben tener la libertad suficiente para decidir, y podríamos tener un sistema mucho más consolidado y solidario, en el cual las personas de bajos recursos perfectamente podrían elegir donde atenderse con los mecanismos de bonos y subsidios, de manera que si la atención pública que hay en su localidad no les satisface pudieran hacer uso de isapres en esa prestación.
-¿Cuáles deberían ser los objetivos de una reforma de las isapres y Fonasa en paralelo?
–Si se pretende dar capacidad de decisión de las personas del sistema público, para aquellas que elijan el sistema privado éste debe adecuarse mejorando las garantías en la línea que hemos señalado: un plan garantizado que debería tener tarifa plana entre hombres y mujeres, tarifa moderada por edad, movilidad entre los afiliados a las isapres y un mecanismo de compensación de riesgo, líneas en las que estamos de acuerdo en avanzar. La única dificultad que hoy vemos está en la eliminación de la declaración de salud para las personas que migren del sistema público al privado.
-¿Cuál es el reparo?
- Actualmente no es posible con las herramientas que existen. Tenemos un sistema público muy deficitario con una carga de enfermedad no resuelta gigantesca: 250 mil intervenciones quirúrgicas, dos millones y medio de prestaciones de especialidad y 7.000 prestaciones GES atrasadas. En ese marco, no se puede permitir que personas que puedan tener un comportamiento oportunista, vayan a resolver sus problemas al sistema privado y después regresen a Fonasa. Eso tendría un impacto destructivo en el sistema isapre por las diferencias de tamaño y el atraso en la entrega de prestaciones en el sistema público.
-El próximo ajuste a las tarifas de las Garantías Explícitas en Salud (GES) por parte de las isapres se anticipa como un nuevo punto polémico ¿cómo se debe abordar?
–Lo primero que tiene que definir el gobierno, y en lo cual está atrasado, es qué se va a hacer con el GES que viene, si incorporará nuevas patologías o se modifican las guías clínicas de las patologías existentes. Esto aún no lo saben las isapres, que no han recibido el decreto de modificación del GES para el período 2019-2020, y no conocen los alcances de las modificaciones que va a tener. Una vez que se sepa, cada isapre va a tener que tomar decisiones respecto al valor que se le asigna al GES.
-¿Qué reforma debiera aplicarse a esta garantía?
-A mi juicio, el GES no debería tener un precio, sino que debería estar subsumido en el valor del plan, porque si una persona no utiliza la red GES en una de las patologías consideradas, resuelve su problemas de salud a través de la modalidad libre elección o de prestador preferente. De hecho, entiendo que la reforma que está planteando el gobierno no tiene el precio GES, sino que el plan garantizado universal tiene subsumido los derechos de las personas en esta materia, que es como debería haber sido.
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