Las cartas están echadas. Ayer, empresas procesadoras y productores de leche se enfrentaron para resolver una discusión clave para la industria: la solicitud de salvaguardias para la importación de leche en polvo y queso gouda.
Ante la Comisión Antidistorsiones (CNDP) –que sesionó en las oficinas de la Fiscalía Nacional Económica-, las partes presentaron sus mejores argumentos en torno a si es necesario o no la aplicación de un impuesto adicional de 30% en leches en polvo entera y de 27% en quesos.
Según Fedeleche -gremio que activó la discusión en marzo de este año-, durante los últimos periodos, las importaciones de dichos productos han crecido desmedidamente, por lo que es necesaria una medida de contención que permita mantener la competitividad de la industria.
Traducido en cifras, su representante legal, Juan Enrique Coeymans, advirtió que en 2017 los envíos desde el extranjero se elevaron 47% en queso gouda y 48% en leche en polvo, en términos interanuales.
“Las importaciones no sólo han suplido la demanda interna, sino que han ido más allá”, detalló.
La arremetida de las empresas no se hizo esperar.
Quien sacó la cara por los procesadores fue Soprole, controlada por la neozelandesa Fonterra, que se blindó con un informe encargado al economista Salvador Valdés.
De acuerdo al informe -titulado “Los mercados del queso gouda”-, el impuesto adicional debería ser asumido en su mayor parte por los consumidores.
Es así que, según grafica, durante los dos primeros meses de la aplicación de la eventual salvaguardia, el precio del queso gouda y mantecoso -en calidad de producto sustituto- se elevaría en $ 86 y $ 81, respectivamente.
A los ocho meses, en tanto, el promedio de precios seguiría escalando en $ 95 y $ 94. Todo esto, resultaría en un crecimiento en los precios de 10,5% y 9,1%.
Valdés es aún más tajante: el daños a los consumidores por la medida, por cada año de vigencia, estaría en torno a los US$ 100 millones. También, asegura que la salvaguardia no tendría necesariamente un efecto positivo para la industria productora.
A la arremetida, se sumaron representantes de las embajadas de Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Estados Unidos y otras instituciones extranjeras, toda vez que participan con envíos a Chile de dichos productos.
A su turno, Prolesur -la otra filial de Fonterra en Chile- explicó que a su juicio no se cumplen las características para solicitar una salvaguardia, puesto que el crecimiento en las importaciones ha sido sostenido en el tiempo, y no se ha registrado un salto en los precios en un breve periodo de tiempo, que es el tipo de eventos que busca contener este tipo de medidas.
El frente de los productores
Para los productores de leche, el constante crecimiento de las importaciones ha implicado un impacto en términos competitivos y un constante riesgo de una baja en los precios pagados a productos.
Según Aproleche -que agrupa más de 800 productores de Osorno-, el complejo escenario que vive la industria se ha traducido en la salida de 14.000 productores,al tiempo que se han perdido más de 35.000 empleos directos.
“El 80% de los productores que son pequeños, de los que quedan, operaron con pérdidas en 2017”, resaltó el abogado de la agrupación, Jorge Bravo.
“La explicación es clara, la culpa la tienen las distorsiones, la culpa la tiene la falta de competencia interna y externa, la culpa la tienen las industrias productoras de lácteos que abusan de su poder de compra en el mercado interno”, añadió.
El economista Salvador Valdés (de pie al centro) y el abogado de Soprole, Luis Eduardo Toro (a la derecha).
Los otros frentes de la industria
ETIQUETADO DE LA LECHE
- En la Cámara de Diputados se vive una intensa discusión en torno al etiquetado de la leche, que busca incluir en los envases la denominación de origen. Para los procesadores, esto significaría serias complicaciones si se acoge la idea de que dicha denominación sea por zonas, toda vez que generaría un constante cambio en su rotulación -y por ende un alza en costos-, pues en periodos de desabastecimiento de algunas zonas productoras, deben suplir con productos de otras. La discusión continúa avanzando.
GUERRA DE PRECIOS
- En febrero de este año, Prolesur aplicó un recorte de $ 16 por litro al precio pagado a productor. Luego de esto, Watt's y otros procesadores siguieron sus pasos, dada la competencia directa que mantienen estos actores.
MODELO DE COOPERATIVAS
- En el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se vive otro frente de la industria. Watt's -ligada a la familia Larraín- ingresó una consulta mediante la cual acusa de competencia desleal a Colún a raíz de las ventajas que le otorga su modelo en términos tributarios, y de no transparentar los precios pagados a productor, como el resto de los actores de la industria.
Partes tendrán cinco días hábiles para presentar alegatos por escrito
La audiencia, que se extendió por cerca de tres horas, fue la última instancia del caso, que ya cumple siete meses en espera de una resolución.
Tras la sesión de la CNDP -entidad presidida por el fiscal Nacional Económico e integrada por representantes del Ministerio de Hacienda, Economía, Agricultura, entre otros- otorgó cinco días hábiles a las partes involucradas para presentar y complementar sus alegatos por escrito.
Tras esto, la comisión sesionará nuevamente para adoptar una resolución frente al caso. De acoger la petición de los gremios, se emitirá una recomendación que será enviada directamente al Presidente de la República.
Entendidos sostienen que el escenario podría ser negativo para los productores lecheros.
Esta no es la primera vez que el gremio lechero solicita una medida como ésta. Entre octubre de 2009 y enero de 2010 la CNDP decidió aplicar una salvaguardia del 15% a las importaciones de los mismos productos que hoy están en cuestión. Anterior a esto, la medida ya había sido aplicada en 2006, con una tasa arancelaria de 23% entre octubre de 2006 y julio de 2017. En tanto, entre julio de 2000 y julio de 2001 se aplicó una salvaguardia provisional de 16%, y luego definitiva de 12% a la leche en polvo y la leche fluida, además del queso gouda.
La salvaguardia es una medida de urgencia a la que pueden recurrir los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que tiene como objetivo proteger la producción nacional frente a una situación específica, la cual requiere de dos condiciones para configurarse, esto es, un aumento de las importaciones de ciertos productos y un consecuente daño grave o amenaza de daño grave como consecuencia de dicha alza.
De acuerdo a la normativa, las salvaguardias pueden tener una vigencia de hasta cuatro años. En este caso, los gremios lecheros piden aplicar la medida por al menos dos.
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