Minera de Luksic y su proyecto en EEUU: "Terminar con los permisos es un proceso que toma seis u ocho años"

Mientras en territorio nacional Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, aprueba la expansión de Minera Los Pelambres por US$ 1.300 millones, la compañía no pierde la vista en sus inversiones internacionales, siguiendo el avance del proyecto Twin Metals en Estados Unidos.

Tras participar ayer en una actividad en La Moneda para la incorporación de la mujer en la industria minera, su presidente ejecutivo, Iván Arriagada, detalló que se está terminando de realizar un estudio de prefactibilidad para que en el transcurso del próximo año comenzar a obtener y gestionar permisos. Eso sí, el ejecutivo fue claro en señalar el largo camino que aún debe transitar el proyecto: "Nosotros creemos que terminar con los permisos en Estados Unidos es un proceso que toma seis u ocho años".

Siguiendo la hoja de ruta de los planes de la compañía, Arriagada explicó que, en el caso de Centinela, miran con entusiasmo su desempeño y seguirán avanzando en definir cuál es la mejor ruta de crecimiento con miras a probablemente tener una definición final durante el 2020. Esto, porque la firma está estudiando dos alternativas respecto a la ampliación que avecina: expandir la planta actual o hacer una concentradora nueva. Al respecto, el líder de Antofagasta Minerals señala que hoy "están los equipos estudiando cuál de las dos es la mejor alternativa, pero este es un distrito que tiene mucho recurso minero y nosotros creemos que el cobre tiene una proyección favorable por lo tanto es un distrito que va a continuar su camino de desarrollo pero en estos tiempos que acabo de explicar".

El ejecutivo dijo esperar "a nivel de análisis decidir si es mejor ampliar o construir una planta nueva a fines de este año, comienzos del próximo y después hay que estudiar, hay que hacer o terminar el estudio de factibilidad. Por lo tanto una decisión de construcción no vendría sino hasta el 2020".

Un dolor de cabeza para la empresa ha sido el conflicto que se desencadenó en Argentina a raíz del botadero Cerro Amarillo. Sin embargo, para la compañía, habría dejado de ser un tema considerando que hay un acuerdo en curso para mover el material a zona chilena. "Nosotros no tenemos en ese sentido ningún conflicto abierto ni nada pendiente. Hoy hay una actividad que se convino hacer y avanzar en esa dirección con la autoridad argentina y estamos en ese sentido completando su trabajo", indicó Arriagada.

Sobre las causas judiciales que fueron presentadas a raíz del conflicto, sostuvo que éstas "han ido poco a poco perdiendo su sustento porque el sustento tenía que ver con el emplazamiento de este botadero en ciertos terrenos y la información que tengo es que progresivamente esos juicios han ido desactivándose".

¿Mejoró el ánimo para invertir?

Considerando los proyectos de inversión que de una u otra forma han comenzado a reactivarse, el ejecutivo reconoce que se han visto "buenas señales" en la institucionalidad que ha instalado el actual gobierno, particularmente con la Oficina de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía.

"Hemos visto una buena colaboración para tratar de ordenar la discusión y la revisión de los permisos con los distintos servicios. Importante es que aquí se está manteniendo siempre el estándar de cumplimiento, sin embargo, ha facilitado la coordinación al interior del Estado. Eso creo ha sido altamente positivo y un muy buen camino para continuar hacia adelante para hacer justamente de la permisología algo más cierto y más predecible", explicó.

Mirando el espejo retrovisor, también ve una evolución favorable en el ánimo de invertir respecto a años anteriores, pero advierte que falta todavía. El ejecutivo ejemplificó que en el proyecto de expansión de Pelambres que aprobaron recientemente - que involucra una inversión de US$ 1.300 millones- tomó sobre 450 permisos principales sin contar los secundarios.

"Por lo tanto, claramente eso hay que irlo mejorando y hay que evolucionar en la dirección de simplificar esa permisología. Esto es algo que viene hacia atrás, de dos o tres gobiernos, y es bueno que se estén tomando acciones", dijo, agregando que mejorar la institucionalidad es clave y este gobierno en ese sentido ha dado pasos que son importantes.

Consultado por la eventual preocupación existente frente al proyecto en el Congreso que busca modernizar el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y los posibles cambios que puede introducir a la institucionalidad ambiental, Arriagada puntualizó que "nos gustaría que en ese sentido esos cambios para mejorar la institucionalidad avancen más rápido".

Sin embargo, enfatizó que es importante que también estén sujetos a toda la deliberación y discusión que requieren cambios legislativos que son trascendentes para que queden bien hechos. "En ese sentido, el Congreso es el poder soberano y autónomo para revisar las leyes y es bueno que exista que exista una deliberación profunda para mejorar la institucionalidad. Ojalá los plazos anden más rápido, pero en ese sentido el trabajo hay que hacerlo bien también", reforzó.