Con el veredicto del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, la empresa Andes Iron, controladora del proyecto Dominga y donde participan los Délano Méndez y Garcés Silva, se anotó un importante triunfo para impulsar el proyecto de más de US$ 2.500 millones de inversión. Sin embargo, el camino que le queda a la iniciativa para poder ver la luz sigue siendo extenso y desconocido.
El mismo viernes, y a sólo horas de que se hiciera pública la resolución, la organización ambiental Oceana, anunció que buscará revertir el fallo en la Corte Suprema, lo que se estima podría tomar unos seis meses en resolverse.
De los 62 casos que han llegado al máximo tribunal del país desde alguno de los Tribunales Ambientales de Santiago o Valdivia desde 2013, solo 15 veces se ha cambiado el dictamen de esa instancia especializada y 36 confirmaron su veredicto.
Aunque no está garantizado el respaldo al primer fallo que emite la sede en Antofagasta, al menos la estadística juega a su favor. Más aun si se toma en cuenta que las veces que ha contrariado la postura de la instancia previa, mayoritariamente han sido en casos de sanciones y daño ambiental.
La Tercera Sala de la Corte Suprema que vería este caso –de concretarse la casación- está integrada por Sergio Muñoz (presidente), Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, y Manuel Valderrama.
La posición que pueda tomar el juez Muñoz será relevante, pero al tratarse de un tema administrativo duro podría no implicar un cambio respecto a lo emanado por la sede ambiental -analizan juristas de la plaza-, ya que en esa instancia no se abordó el fondo del asunto.
El “respaldo” que da la Corte Suprema a los fallos del Tribunal Ambiental se ha evidenciado en varios casos que en el mundo legal muestran como relevantes.
Uno de ellos fue el que recibió la central hidroeléctrica de pasada Mediterráneo, cuando se respaldó que el tribunal de Valdivia revocara su permiso por considerar que el Estudio de Impacto Ambiental no evaluó correctamente una de las variables.
Otro caso más técnico, pero muy relevante para este caso, fue el de mediados de 2017 cuando el tribunal de Valdivia acogió reclamos contra una norma de calidad ambiental sobre la cuenca del río Valdivia e invalidó dicho acto administrativo. La Corte Suprema validó también ese razonamiento.
Foja cero
Si la Tercera Sala de la Corte Suprema valida lo señalado por el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, el proyecto volverá a la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo, instancia que rechazó la iniciativa bajo el gobierno anterior.
La integran el intendente regional y los secretarios ministeriales de Desarrollo Social, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía, Salud, que la vez pasada votaron en contra del proyecto, y quienes lo aprobaron con o sin condiciones, los de Medio Ambiente, Minería, Vivienda y Urbanismo, OO.PP, Economía y el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental.
La vez anterior el empate fue dirimido por el intendente, quien rechazó la iniciativa.
Sin embargo, tras el cambio de gobierno cambió el escenario. La comisión está repartida entre cuatro integrantes UDI.
Entre ellos, la actual intendente regional Lucía Pinto; el seremi de Energía, Álvaro Herrera; Vivienda y Urbanismo, Hernán Pizarro, y Transportes y Telecomunicaciones, Juan Fuentes.
Los otros integrantes son cuatro Seremis independientes, entre ellos Alejandro García en Salud, que reemplazó de Matías Letelier tras la polémica por omitir antecedentes en su currículum; de Obras Públicas, Pablo Herman, y Juan Pablo Flores, de Desarrollo Social.
Finalmente, Renovación Nacional tiene tres representantes. Entre ellos el de Minería, quien ya se ha referido al proyecto.
“El tema de Dominga está en el Tribunal Ambiental. Como gobierno vamos a respetar lo que el tribunal decida. La minería es transversal a nuestra región... como autoridades tenemos que generar trabajo para nuestros habitantes”, dijo a un medio regional Roberto Vega.
Badenier apunta que el fallo le da la razón a exministro Céspedes
Extitular de Medio Ambiente aboga porque se acabe el Comité de Ministros.
La decisión del Comité de Ministros ante el caso Dominga fue un verdadero terremoto al interior del gobierno de la presidenta Bachelet, que terminó con la salida del equipo económico en pleno.
En ese momento, el ministro Luis Felipe Céspedes fue quien lideró las críticas en contra del actuar que tuvo el organismo liderado por el titular del Medio Ambiente, Marcelo Mena, cuando pidió posponer la votación del proyecto, ya que "no estaban las condiciones" para discutirlo.
Hoy, para el antecesor de Mena en Medio Ambiente, Pablo Badenier, el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta viene a ratificar las palabras del exministro de Economía. "Luis Felipe Céspedes tenía razón respecto a la forma de pronunciarse del Comité de Ministros y, de acuerdo al contenido del fallo, porque lo que resolvió la instancia fue no acoger la reclamación de Andes Iron, que alegaba que la Comisión de Evaluación Ambiental no había analizado debidamente el proyecto".
Badenier sostiene que el fallo es "un tirón de orejas" para el Comité de Ministros, el cual más que modernizarse, debiese dejar de existir, ya que se ha convertido en una instancia más de reclamación y no en algo definitorio, aunque advierte, "yo presidí por tres años el Comité y nunca me sucedió algo así, ni siquiera con HidroAysén".
A futuro, para el exministro las decisiones de este tipo deberían quedar en manos de los tribunales ambientales, creados en 2013, ya que estos son "una instancia de mayor credibilidad".
Respecto a las pesquisas que acusaban de interferencia del gobierno central en la conformación del informe final de evaluación del proyecto cuando era ministro, Badenier aclara que se trató de una investigación sumaria, paso previo al sumario como tal, la que concluyó que no había méritos para continuar con el siguiente paso y explicó es de toda lógica que exista una conexión con los servicios regionales.
"Hay una injerencia del nivel central del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), porque es su labor, pero nadie podría decir que hay una injerencia indebida, no se pueden desestimar los servicios regionales", dice.
Dos visiones sobre Dominga
"Pareciera que no fueron las 4.000 páginas del expediente de evaluación lo que motivó el rechazo, sino una instrucción política del segundo piso".
El 1er Tribunal Ambiental decretó ilegal el rechazo del proyecto minero Dominga por parte del Comité de Ministros del anterior gobierno. Las razones son: no se convocó con la debida antelación a los ministros para resolver, no se les entregó a tiempo los informes necesarios, se establecieron hechos nuevos que no formaban parte del expediente de evaluación, en fin, se enumeran varias vulneraciones al debido proceso administrativo. Algunas de ellas bastante vergonzosas.
También señaló que el rechazo del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación de Coquimbo (6 votos a favor, 6 en contra) tampoco se ajustó a derecho, por cuanto 5 de los 6 seremis que rechazaron no dijeron, o no supieron qué decir, para fundar su rechazo. No es extraño esto último, si dos de ellos (Transportes y Energía) incluso se habían manifestado a favor del proyecto pocos días antes de que votaran en contra.
El Tribunal ordena, entonces, que el proceso deba volver a esa instancia regional, para que la Comisión de Evaluación se pronuncie fundadamente.
Pareciera que no fueron las 4.000 páginas del expediente de evaluación lo que motivó el rechazo, sino una instrucción política del segundo piso, de esas que se pusieron de moda a finales del anterior mandato presidencial.
El problema es que todavía no sabemos si el proyecto cumple o no con la normativa ambiental. Sabemos que hubo ministros y seremis que dijeron que no lo hacía, pero no explicaron bien las razones. El Comité Técnico de Evaluación, por su parte, dijo que sí cumple con la normativa, pero no es el órgano soberano para resolver este asunto.
Lo peor es que el debate se centra en cuestiones procesales. Tanto los argumentos de la Reclamación, como los del 1er Tribunal Ambiental se limitan a argumentos de forma, relevantes por cierto pues tienen que ver con el debido proceso y con la evaluación técnica y no política de los proyectos, pero el punto es que la discusión de ahora es sólo de asuntos formales. Tanto las ventajas del proyecto como sus posibles impactos son música. Esta es una discusión enteramente procesal.
Es importante señalar, en todo caso, que las responsabilidades son compartidas. El hecho de que el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, hubiera recibido $ 42 millones por parte de los propietarios de Minera Dominga, ciertamente no ayudó a la correcta evaluación de esta iniciativa.
Cuesta entender que para un proyecto de esta magnitud se hayan cometido tantas desprolijidades, tanto por los titulares del proyecto, como por parte de los organismos públicos y autoridades competentes.
"Sin duda, este estándar de motivación y de respeto normativo constituye una señal positiva para todos los actores".
Se ha conocido el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que acogió la reclamación de los controladores del Proyecto minero-portuario Dominga, que terminó por anular las decisiones de la Comisión de Evaluación de Coquimbo y del Comité de Ministros que rechazaron el proyecto, y retrotrajo la evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, a objeto de que se proceda a una nueva votación en esa Comisión regional.
Esto, según la sentencia, debido principalmente a los "manifiestos vicios de fundamentación" del Comité y a la falta de motivación de la votación en la Comisión de Evaluación, lo que constituye un "vicio esencial no subsanable ni convalidable".
Además, acoge el argumento de la empresa respecto de las circunstancias de la decisión de los ministros, con una citación urgente, sin conocer los antecedentes y sin justificar una situación de emergencia.
El punto más relevante de la sentencia es la exigencia de que las actuaciones de la autoridad deben ser fundadas y motivadas, limitando su discrecionalidad al momento de calificar ambientalmente un proyecto, lo que en este proceso no habría ocurrido.
Por el contrario, se señala que las decisiones carecieron de fundamentos y contrarias a la ley.
Sin duda, este estándar de motivación y de respeto normativo constituye una señal positiva para todos los actores en la evaluación ambiental.
Por otra parte, la sentencia incorpora tres sugerencias para la autoridad (la primera es la necesidad de contar con una Guía Metodológica para Línea de Base del Medio Marino, otra es la mayor capacitación para los funcionarios, y por último, la necesidad de ordenar las facultades de ciertos servicios públicos), todos temas de competencia exclusiva de la Administración, aun cuando pudieren ser atendibles.
En suma, se trata de un fallo relevante y polémico, que seguramente será recurrido a la Corte Suprema, la que deberá revisar los criterios indicados, junto con la decisión final respecto de Dominga.
Por ello, puede decirse que esta historia continuará.
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