Exactamente una semana después que el Primer Tribunal Ambiental decidiera prohibir totalmente la extracción de agua en el marco de una demanda ambiental en contra de Minera Cerro Colorado, propiedad de BHP, los abogados de la compañía presentaron una solicitud de alzamiento de la nueva medida cautelar adoptada el 31 de diciembre por el organismo con sede en Antofagasta.
Según un escrito de 80 páginas ingresado al Tribunal el viernes por los abogados José Luis Fuenzalida y Felipe Leiva en representación de Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC), "la vigencia de la tercera medida cautelar decretada contraviene la exigencia de proporcionalidad que rige toda medida precautoria y produce daños inconmensurables para la actividad que, lícitamente, desarrolla la firma, al amparo de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada".
"Puesto que las condiciones en base a las cuales la actividad de CMCC se encuentra aprobada, resulta absolutamente procedente el alzamiento de la tercera medida cautelar", aseguran.
En el documento se recalca que la nueva medida cautelar, que fue notificada a horas de terminar el año 2021, "da cuenta de una decisión gravísima para CMCC, con consecuencias patrimoniales demoledoras, no solo para nuestra representada, sino también para terceros que dependen directamente de su actividad".
En esa línea, se detalla que la orden de paralización de la extracción de agua desde los pozos de Lagunillas pone derechamente en jaque el funcionamiento operacional de la totalidad de la faena de CMCC y le acarrea perjuicios multimillonarios.
Según revela la minera en el documento, mediante estimaciones preliminares que se encuentran aún en revisión, han estimado que las implicancias financieras que trae aparejada la aplicación de la tercera medida cautelar solo hasta fines del mes de marzo -que comprende los 90 días que ha fijado el Tribunal para la paralización de la extracción de aguas- son de aproximadamente US$ 40 millones, dependiendo de los escenarios que se manejan internamente.
Pero aún, si la paralización se prolongara con posterioridad al mes de marzo de este año y, como consecuencia de ello, se produjese un cierre temporal de la faena, el impacto financiero fácilmente podría superar los US$ 100 millones.
"Medida mucho más intrusiva"
Un punto que fue ampliamente abordado por los abogados en el escrito es que no se haya levantado la medida cautelar a pesar de haber cumplido con la exigencia de lograr la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) complementaria del proyecto "Continuidad Operacional Cerro Colorado" que permite extender los permisos hasta 2023.
Los representantes de la minera indicaron que llama "poderosamente la atención" el hecho que la instancia sostenga que no ha disminuido el nivel de incertidumbre que el Tribunal tuvo al momento de decretar la medida cautelar, sin explicar en qué se sustentaría y por qué el término favorable del proceso de evaluación ambiental no ha logrado despejar las dudas.
Además, señalan que ha producido "profunda sorpresa" que esta nueva medida -mucho más intensa que la anterior- se haya decretado solo tres días después que la Comisión de Evaluación aprobara por unanimidad el proyecto que extiende su funcionamiento.
"No puede sino provocar perplejidad el hecho de que precisamente después de que todos y cada uno de los servicios públicos intervinientes en el proceso de evaluación descartaron las dudas técnicas, y de que la Comisión de Evaluación adoptara, por unanimidad, la decisión de calificación ambiental favorable, se terminara adoptando una medida cautelar innovativa mucho más intrusiva y dañina que aquella que existía hasta antes de que tales pronunciamientos tuvieran lugar", se plantea en el texto.
De hecho, en septiembre la minera logró modificar la medida cautelar que había decretado el Tribunal el pasado 19 de agosto, donde le prohibía a la faena operada por BHP extraer agua desde el 1 de octubre y por 90 días. Esto, ya que la instancia la dejó operar con una extracción reducida de agua, considerando solo 54 l/s, es decir, la mitad de lo que extraía originalmente.
Para los abogados, dada la etapa procesal en que se está, si es que el Tribunal sigue teniendo dudas acerca de los efectos ambientales que se siguen del proyecto que desarrolla la minera, "lo razonable, al menos, habría sido esperar que tuviera lugar la audiencia de prueba que se fijó para marzo de este año".
Efecto en la institucionalidad ambiental
Asimismo, enfatizaron que la tercera medida cautelar supone desconocer y controvertir las competencias técnicas de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) que participaron en el proceso de evaluación "y pone en entredicho todo el sistema de institucionalidad ambiental, que fuera abiertamente preterido y cancelado en un incidente de medida cautelar en un juicio de daño ambiental".
Lo anterior, "al margen de todo el régimen legalmente previsto en el estatuto contencioso ambiental para la revisión judicial de una RCA, de mérito y de legalidad".
En concreto, la minera solicita que, al momento de proveer el escrito, se cite una audiencia dentro de un plazo no superior a 10 días para explicar los detalles de la RCA complementaria del proyecto que -según ellos- establece un adecuado y suficiente régimen operacional para los pozos de Lagunillas acorde a la recarga del acuífero validada por la Dirección General de Aguas, donde además se incorporó un plan de seguimiento ambiental con un exigente sistema de alerta temprana.
Además, en subsidio, se interpuso recursos de reposición y de apelación contra la resolución.
Medidas transitorias
Respecto a la medida, desde la minera, el gerente general de Cerro Colorado, Alejandro Heilbron, dijo que están convencidos que serán capaces de demostrar ante el Tribunal que el acuífero de Lagunillas está en vías de recuperación, en los términos que fueron ordenados por el Tribunal Ambiental de Santiago en el año 2019, y que además han tomado todas las providencias necesarias para que esto siga su curso.
"De esta manera, esperamos retomar el normal funcionamiento de nuestra operación, según fue aprobado por la autoridad medioambiental", dijo. En tanto, en cuanto a los trabajadores, contratistas y proveedores, el ejecutivo explicó que "las disposiciones operacionales adoptadas son transitorias, y buscan mitigar dentro de lo posible los efectos a nuestros trabajadores y cadena de valor durante el mes de enero".
Cabe recordar que el miércoles la minera informó algunas medidas que se adoptarán para adecuar la faena de acuerdo a este escenario. Por ejemplo, se decidió detener una de las plantas y operar restringidamente el resto de las instalaciones que le sea posible, lo que involucrará que a un grupo significativo de trabajadores se le adelantarán sus vacaciones. Mientras, quienes desempeñan funciones no críticas en terreno se irán a teletrabajo.
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