Pescadores y empresas inician conciliación en demanda por contaminación histórica en Quintero

Un giro relevante en su desarrollo podría tomar una de las causas más representativas en torno a la crisis ambiental de la zona de Quintero-Puchuncaví.

Hace casi cuatro años, dos sindicatos de pescadores pertenecientes a las caletas Horcón y Ventanas presentaron ante el Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, una demanda contra 11 empresas de la zona por el daño ambiental debido a la contaminación "histórica" que ha afectado durante décadas esas bahías. Entre ellas estaban la División Ventanas de Codelco, AES Gener, ENAP, Empresas Copec y Gasmar, entre otras.

Y a pesar de que el proceso se ha desarrollado de forma lenta, está entrando en tierra derecha y con la novedad de que el conflicto podría terminar a través de un acuerdo de las partes, donde incluso ya hay una una propuesta sobre la mesa.

Según un escrito ingresado en julio de 2016, el Sindicato de Trabajadores Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores y Ramos Similares de Caleta Horcón, junto con el de Caleta Ventanas, solicitaron que la justicia declare que las empresas, actuando de manera negligente, han causado "un grave daño significativo al medio ambiente", ordenando así la reparación íntegra de lo dañado con expresa condenación de costas.

Las comunidades explicaron que este daño se produce desde hace más de 50 años por el ejercicio de la actividad económica y por la omisión del Estado, al aprobar indiscriminadamente los proyectos emplazados en la zona, fiscalizarlos escasa e ineficazmente y no actualizar oportunamente las normas, políticas y demás instrumentos de gestión ambiental que podrían haber disminuido significativamente el daño histórico.

"La contaminación producida en las bahías de Quintero y ventana desde hace más de 50 años tiene un efecto acumulativo, sinérgico y continuo; es decir, se trata de impactos producidos por una pluralidad de sujetos, que tienen la característica de potenciarse entre sí, aumentando el daño producido, cuya manifestación ocurre de manera cotidiana, continua", agregaron.

Y aunque la causa enfrentó una serie de contratiempos para avanzar -como la falta de ministros del Tribunal-, provocó la respuesta de las empresas, pero no del Estado. En ese tránsito, demandantes y demandados comenzaron una serie de acercamientos, el que derivó en un proceso de conciliación, según se consigna en varios escritos del proceso, donde se constata una serie de audiencias entre las partes.

Incluso, hace unos meses las empresas presentaron a las comunidades una propuesta formal de medidas, el que está siendo analizado.

Según trascendió, las propuestas están contenidas en un solo documento donde cada empresa hace sus compromisos, aunque no tendría –por ejemplo- la inversión que significaría para cada firma, ni contempla indemnizaciones económicas para los demandados. En un carril paralelo, las comunidades pusieron sobre la mesa del Estado una propuesta, pero no ha tenido respuestas.

Y si bien habría voluntad de las empresas y las comunidades por alcanzar un acuerdo que pudiese de alguna manera remediar la conocida "contaminación histórica" que ha vivido la zona, un punto clave será conocer la postura que tome el gobierno, que está siendo representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Este martes se realizó una nueva audiencia, pero según comentaron algunos presentes, el CDE no explicitó su posición. Incluso habría pedido más tiempo para emitir un pronunciamiento, mientras las comunidades habrían señalado que habían revisado la propuesta de la empresa y tenían observaciones.

En esa disyuntiva, el Segundo Tribunal Ambiental fijó una próxima audiencia para el 20 de marzo, donde el silencio del Estado podría dar por cerrada la conversación sin acuerdo.

Según comentan fuentes, la propuesta de las empresas podría ser mejorada si el Estado asumiera un rol más activo, ya que hay acciones que dependen de su actuar.

Del mismo modo, en las comunidades habría convencimiento de que es muy difícil llegar a una conciliación si el Estado no garantiza su participación. Esto, porque muchas de las medidas dependen de la fiscalización y monitoreo del aparato público.

Las "bases de conciliación"

En diciembre del año pasado, las organizaciones exhibieron una presentación preliminar con los elementos técnicos y científicos para considerar, ya sea en unas eventuales bases de conciliación o la sentencia que pueda emitir el Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, pues se basa en el enfoque ecosistémico necesario para cumplir con la ley dada la situación de la bahía de Quintero y Puchuncaví. Eso sí, no tiene elementos que involucren al Estado, al haberse restado de las conversaciones sobre conciliación. Así, en un escrito de 28 páginas, se enfatiza en la necesidad que las acciones que surjan de la conciliación requieren de una institución que brinde sostenibilidad de las medidas tomadas, proponiendo conformar un Consejo Social. Luego se desglosan una serie de elementos clave en torno a remediación temprana, y evaluación y monitoreo. "La complejidad de la presente conciliación da cuenta de la envergadura del problema", reconoce el escrito.