El viernes pasado se dio a conocer el ganador de la licitación de pasaportes: el consorcio liderado por la firma china Aisino.
Pero, como aún no se ha hecho efectivo su triunfo, la compañía se mantiene atenta lo que pueda pasar en torno a la licitación, considerando que en el proceso anterior se terminó descalificando a Indra -la empresa que se había adjudicado inicialmente el contrato- por irregularidades en su propuesta que fueron acusadas por los contrincantes.
Aun más, luego de que el mismo día de la resolución del proceso, se presentó una querella en contra del director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, a quien se le acusa de haber favorecido a la firma asiática (ver nota relacionada).
Aisino apunta que hay una vinculación entre el querellante (el ingeniero informático Bruno Opazo) y la actual operadora del servicio -y uno de sus contricantes-, Idemia.
"Nos sorprende que Idemia haya escogido a un cuestionado exsubcomisario de la PDI como su abogado (Angelo Dini, firmante de la querella) y a un exfuncionario del Registro Civil acusado de favorecer a Idemia en la licitación anterior, como querellantes. Pensábamos que los franceses eran más inteligentes y más valientes", dijeron en Aisino al ser consultados.
Los dichos contra Opazo se atribuyen a que mientras estuvo en el Registro fue el encargado de aprobar informes bimestrales de avance y estado del proyecto entregado por la entonces Morpho, ahora Idemia.
Además, en 2010, actuó como testigo de la empresa en un proceso de impugnación de esa licitación. A eso se suma que, cuando era gerente de la tecnológica TSProvider -entre 2014 y 2016- participó en reuniones junto a representantes de la francesa con autoridades. Sin embargo, la firma gala descarta tener cualquier vínculo con él.
Otros flancos de conflicto en el proceso son las demandas presentadas por Idemia y Sonda en el Tribunal de Contratación Pública, que acusan poca prolijidad en la evaluación técnica de las ofertas.
Sobre esos procesos, en Aisino señalan que "las estamos analizando; pero la verdad es que, como quedó demostrado en lo resuelto por el Registro Civil, nuestra oferta fue la mejor tanto desde el punto de vista técnico como económico". Y agregan que "más bien yo preguntaría qué intereses hay detrás de este tipo de acciones".
"Le pongo un solo ejemplo, el actual operador del contrato ganó hace 10 años la licitación con un costo para el Estado de Chile de US$ 680 millones; hoy nos adjudicamos esta licitación por un monto de US$ 205 millones; es decir, hay alguien que pierde casi US$ 500 millones. Esa cantidad hace que algunas personas sean capaces de cualquier cosa", sostuvieron.
Otra discordia está relacionada con las críticas en la Cámara de Diputados respecto de que la protección de datos podría verse en peligro por el triunfo de la firma asiática. Ante eso, la compañía señala que "llama la atención el que se cuestione a Aisino por ser China, y que no se cuestione al actual operador, con su cuestionado servicio y sus ganancias multimillonarias a costa de los contribuyentes de chilenos".
Firma del contrato
Para que se oficialice al ganador, falta la rúbrica. Detallan que esta se llevará a cabo el 29 de noviembre y "ahí viene un plazo de 14 meses para que nuestro consorcio comience a prestar el servicio a las personas".
Apuntan que "puede parecer demasiado tiempo, pero aquí hay que resolver varios temas"."Por ejemplo, todo lo relacionado a protección de datos personales. Ahora, todos los equipos, el data center y la base de datos serán de propiedad del Registro Civil, no como ocurre hoy", detallan.
Los detalles de la ofensiva legal
El viernes pasado presentaron una querella el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, donde se le acusa haber favorecido a Aisino en la licitación de cédulas y pasaportes. Los cargos que se le acusan a él y también al Jefe Tecnología y Servicios de Identificación del servicio, Ricardo Salgado, y al exdirector (s) que estuvo a cargo de la licitación pasada en 2010, Luis Fuentes, son negociación incompatible, tráfico de influencias, violación de secreto y uso de información reservada. El querellante es el ingeniero informático Bruno Ortiz, exfuncionario del Registro Civil. En el escrito de 12 páginas, pone de contexto que Fuentes fue recontratado por el servicio entre junio a diciembre del año 2018 para trabajar en las bases del concurso, pese a que en la licitación anterior había sido desvinculado del servicio "por haberse acreditado su intervención en las bases de licitación y posterior evaluación de ofertas técnicas del proceso de compra anterior". Se plantea que luego de haber tenido conocimiento de ellas "realizó gestiones a nombre de la empresa Aisino, solicitando presupuestos a distintas empresas, entre ellas Entel, eSign y Solem, además de hacer un requerimiento vía ley de transparencia pasiva al Registro Civil e Identificación". Fuentes está vinculado con Rodrigo Seisdedos, que pertenece a Aisino Corporation y también fue desvinculado del Registro Civil en la licitación pasada.
Otro argumento que exponen es que en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Sergio Mierzejewski fue consultado sobre por qué el peso técnico de la oferta era tan bajo (30%), a lo que respondió: "A mí me toca ser director a partir de octubre de 2020 y las bases ya venían con ese 65%, 30% y 5%, por lo que no tengo una respuesta para decir quién puso ese número, no tengo el nombre".
Según la querella, esto evidencia "flagrantemente la necesidad de ocultar a las personas que participaron en la redacción de las bases de licitación, a pesar que el Sr. Mierzejewski tiene pleno conocimiento de su identificación".
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