Las alertas
activadas en el mercado son compartidas por la propia compañía, y por sus
auditores. General Motors reconoce las "dudas sustanciales" sobre su
viabilidad, en un documento en el que vincula su continuidad a nuevas ayudas
públicas, y en el que recoge que podría verse forzado a la bancarrota.
El informe
anual remitido por la compañía de Detroit se convierte en un mensaje de
emergencia, en un tono aún más alarmista del que ha predominado en los últimos
tiempos.
La propia
empresa reconoce que existen "dudas sustanciales" sobre su capacidad
para seguir operando. Su auditor, Deloitte & Touche, también da fe de estas
dudas extremas.
En el
informe anual, General Motors prácticamente condiciona su continuidad a la
obtención de nuevas ayudas públicas. Espera con impaciencia US$ 7.700 millones adicionales
del Gobierno de Estados Unidos, una cifra que elevaría el monto total del
'rescate' a US$ 30.000 millones.
El mensaje
que lanza la compañía hace activar todas las alertas: "El fracaso en la
obtención de fondos suficientes del Gobierno de Estados Unidos o de otros
gobiernos extranjeros podría forzarnos a cerrar nuestras operaciones o a buscar
una reorganización de filiales fuera de Estados Unidos". La 'escisión' de
su filial alemana, Opel, se ha convertido en un tema recurrente en las últimas
fechas.
En su
ultimátum, la automovilística de Detroit habla expresamente de la bancarrota:
"Si por cualquier razón no obtenemos los fondos suficientes, podríamos no
estar en disposición de continuar", y, añade, "podría forzarnos a
recurrir a la protección por bancarrota".
La
situación extrema de General Motors no incluye, además, perspectivas de mejora.
La compañía reconoce en su comunicado que las ventas seguirán mostrando un comportamiento
débil. En febrero, sus ventas cayeron un 53%, y "los volúmenes de ventas
pueden descender de forma más severa o llevar más tiempo del que esperábamos
para la recuperación".