El 7 de mayo pasado 176 mil usuarios, número equivalente a una ciudad como Linares, se quedaron a oscuras por varios minutos a raíz de un corte de luz provocado por el robo de cables, un delito que no sólo para las empresas del sector, sino que también para el gobierno es cada vez más preocupante.
“La situación se ha mantenido estable durante los últimos meses. Sin embargo, existen tendencias que apuntan a que este delito se ha ido desplazando principalmente hacia el sur del país, preferentemente a las regiones de Biobío y La Araucanía”, explicaron en la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior.
En la industria eléctrica comentan que a partir de octubre se produjo un aumento en estos incidentes a tal punto, que el robo de conductores se convirtió en la principal causa de pérdida de energía en el mayor sistema eléctrico del país, el Interconectado Central (SIC), que entre Taltal y Chiloé abastece al 94% de la población nacional.
De un total de 32 causales que el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) de esta red maneja, el robo de conductor o equipo representó, en el acumulado a mayo, casi el 10% del total de fallas de la red de transmisión, con 17 episodios de un total de 178, superando a las causas más “tradicionales” como eventos climáticos, caída de árboles, objetos llevados por el viento y otros.
“Nos preocupa el aumento reiterado de este tema, cada año que pasa y ahora cada mes que pasa, estamos viendo un aumento reiterado de este tipo de eventos. En la práctica se está afectando el suministro de los clientes regulados, con cortes que pueden ser de varios minutos, pero que en algunos casos se han prolongado a un par de horas, dependiendo de la zona en que se produce el robo y la disponibilidad de rutas alternativas en el enmallado que tengamos para llegar con la energía por otra vía”, comentó el director técnico ejecutivo del CDEC-SIC, Andrés Salgado.
El costo asociado al impacto en los usuarios finales, más que las pérdidas económicas asociadas a los activos afectados, centran la atención de los involucrados en el asunto.
Para reflejar la magnitud que ha alcanzado el robo de cables, detrás del cual dijeron en el Ministerio del Interior, hay grupos organizados que tienen conocimientos y abastecen a un mercado delictual establecido, en el CDEC informaron que en los primeros días de enero un robo en la zona de Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, superó toda la energía no suministrada por este mismo concepto en todo el año 2015.
Enero y junio marcan récords
Además, junio marcó otro récord con la ocurrencia de seis robos, el número más alto para un mes desde que se tiene registro. Hasta ese momento el máximo estaba en enero pasado, con cinco episodios.
Las estadísticas de Transelec, que es la empresa eléctrica más afectada por esta práctica, dan cuenta de que en los últimos doce meses han sufrido más de 50 robos distribuidos en cinco regiones, aunque en el sector comentan que la zona más álgida está entre las regiones de O’Higgins y del Biobío, donde se concentran las líneas de 154 kV, tensión donde el material que predomina es el cobre, aunque este no es el único “atributo” de estas líneas que valoran los grupos organizados que están detrás de este ilícito, sino que también en estos tendidos las torres son más bajas, lo que facilita el corte de los cables.
Del total de robos de este año, la transmisora, que en los últimos doce meses ha presentado más de 60 querellas por estos ataques, precisó que unos 20 han tenido impacto en servicio a consumidores, mientras que Salgado advierte que el alza de estos incidentes amenaza la capacidad del CDEC para reaccionar en la reposición del suministro.
“Que esto ha ido en aumento, que hasta el momento lo hemos podido controlar, pero que nos preocupa que podamos enfrentarnos a algún evento de mayor magnitud y que no sea fácil de enfrentar. Hoy los eventos han sido, en algunos casos de pocos minutos y otros que han superado los 60 minutos de duración, pero que si esto llegara a ser mayor podríamos tener alguna ciudad importante fuera de servicio durante varias horas, hasta que se produzca la reparación del tendido”, advierte el ejecutivo del centro coordinador.
Mesa público-privada
A nivel del gobierno existe preocupación. “La experiencia internacional nos demuestra que países con mayores avances tecnológicos como Francia, Inglaterra y España no han logrado terminar con este tipo de delitos. Pero es posible bajar ostensiblemente las cifras del robo de conductores eléctricos si continuamos trabajando el problema a nivel regional, y cambiamos el enfoque investigativo del caso a caso al desbaratamiento de los mercados delictuales asociados a este delito”, precisaron desde Interior.
De hecho, hace pocos días, esta cartera reactivó una mesa de trabajo público-privada que se constituyó a fines del año pasado y que tras dos reuniones dejó de funcionar a fines del verano. En esta instancia, además de Transelec y el gremio que la representa, Empresas Eléctricas AG, también participan operadores de telecomunicaciones y la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que también sufren por el robo de estos activos (ver nota relacionada).
La Moneda incluyó por primera vez al Ministerio de Energía. En este caso, el trabajo está apuntado a generar un instrumento comunicacional que permita concientizar del impacto directo que este delito tiene sobre ellos y la necesidad de atacarlo a través de la denuncia.
Mientras los privados destacan la colaboración que se ha dado con la autoridad, fuentes de La Moneda comentaron que aunque ya hay ciertos consensos respecto de lo que se puede hacer, ha faltado unidad a la hora de definir el financiamiento de estas acciones, pues las empresas estarían planteando aportes conjuntos.
Operadoras móviles pierden más de US$ 2 millones al año
No sólo el robo de cables de transmisión de energía ha aumentado, sino que también la sustracción de las baterías y el combustible que las antenas de telefonía móvil usan como respaldo en caso de corte de suministro eléctrico. Lo mismo sucede con los tendidos ferroviarios.
Guillermo Pickering, presidente de Atelmo, el gremio que agrupa a las operadoras de telefonía celular, cifra en US$ 700 mil anuales por compañía las pérdidas promedio de la industria por esta causa, aunque agrega que a ese daño se suma el impacto en el servicio a los usuarios, que califica como irreparable, pues pone en riesgo la continuidad del servicio.
"Tanto nuestros usuarios como la autoridad abogan por tener un servicio de excelencia y por la existencia de un respaldo de todos los sitios frente a diversas eventualidades. Estos robos sin duda van en perjuicio de lo anterior. De ahí que es necesaria una mayor coordinación de las autoridades, policías y las compañías para enfrentar esta situación", apunta Pickering.
Para tener más información, el gremio creó un comité especializado que está catastrando a nivel nacional factores como a las empresas contratistas, sitios siniestrados, zonas geográficas más afectadas, población expuesta, tiempo de reposición del servicio, valorización de las pérdidas y número de denuncias y querellas presentadas, entre otros aspectos.
En lo que respecta al gobierno, en el Ministerio del Interior dijeron que están actuando en varios ámbitos, como la fiscalización de empresas exportadoras de chatarra de cobre y chatarrerías en general. También están evaluando un cambio en las normativas exportadoras.
En paralelo a las mesas de trabajo, en lo referido a investigaciones, unidades especializadas de Carabineros han individualizado a un conjunto de personas y vehículos asociados a estos ilícitos, y actualmente está realizando labores de análisis policial.
Además la policía civil ha realizado tres grandes diligencias en el último período, en Antofagasta, Arica y Punta Arenas, al tiempo que están propendiendo a la inclusión del Ministerio Público en las regiones más afectadas, lo que ya sucede en la Región de O´Higgins.
Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y Carabineros designaron a un contacto en cada una de las regiones afectadas por este delito.
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