Gobierno define nuevo camino para reglamento de potencia y Coordinador simula beneficios económicos de sistemas de almacenamiento

Tras el anuncio de impulsar una licitación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, este miércoles el Gobierno -en un evento de lanzamiento de medidas de promoción de esta tecnología a la que fueron invitados actores del sector- delineó el camino que tomará respecto a uno de los reglamentos que mantenía expectante a la industria, al ser parte de los elementos que están analizando para emprender inversiones en esta tecnología.

Junto con destacar que ya están en funcionamiento ocho de las 10 medidas que comprometieron en la agenda inicial para el segundo tiempo de la transición energética, el ministro de Energía, Diego Pardow, sinceró una reciente definición en materia de remuneración de potencia: "Hemos decidido tomar una aproximación bien pragmática, teniendo en cuenta la necesidad de urgencia en esta materia y vamos a simplemente modificar el reglamento contenido en el actual Decreto Supremo (DS) 62, manteniendo ciertas innovaciones necesarias en materia de almacenamiento".

Más tarde, la jefa de la División de Mercados Eléctricos del Ministerio de Energía, Johanna Monteiro, respecto al reglamento de transferencia de potencia, recordó que este tiene una larga data. Entre los últimos hitos, fue retirado de Contraloría en septiembre de 2022, dos meses más tarde se inició una mesa de trabajo y en marzo de este año comenzó una consulta pública que se cerró en abril. "Luego del análisis de todas las observaciones, como Ministerio hemos decidido no persistir con la tramitación del Decreto Supremo (DS) 3 e incorporar modificaciones al Decreto Supremo (DS) 62", reafirmó. Eso sí, tomando materias que venían del DS 3.

Modificaciones

En concreto, respecto a las modificaciones al reglamento DS 62 del año 2006, indicó que, en el caso de las centrales térmicas, se establecen auditorías por parte del Coordinador Eléctrico y un seguimiento más estricto de la disponibilidad de combustible. Se suma la acreditación de operación de forma continua, debiendo el Coordinador llevar un registro del insumo alternativo; y un reconocimiento de potencia de PMGD térmicos solo si no están en autodespacho.

En cuanto a las centrales renovables con almacenamiento, se determina el pago por potencia por cada componente por separado. Es decir, la remuneración por potencia será la suma de la remuneración de la central renovable más la componente de almacenamiento, cada una con su propia metodología de determinación de su contribución. Asimismo, se integra la figura de los sistemas de almacenamiento de energía en el reglamento de transferencias de potencia (DS 62), otorgándole los medios para ser reconocida como un aporte a la suficiencia del sistema en términos de capacidad. 

Además, modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos a los artículos 162º y 225º en el contexto del proyecto de transición energética, la definición de potencia de punta pasa de estar ligada solo a la demanda máxima del sistema, a ser definida ahora en relación a la máxima exigencia del sistema (relación demanda y generación), la cual puede no ser el punto de demanda máxima del sistema. En esa línea, se determina la realización de un estudio por parte del Coordinador Eléctrico que mida el nivel de suficiencia del sistema y que sirva como insumo para la determinación de las horas punta. 

Sin embargo, también hay una modificación al procedimiento para solicitar el cambio a Estado de Reserva Estratégica (ERE). La innovación en este caso es que la solicitud de aprobación ahora se realiza al Ministerio de Energía y se pedirá informe al Coordinador respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios para la luz verde a la solicitud. Adicionalmente, para evaluar la coherencia de la petición con los planes y políticas nacionales y sectoriales vigentes, la cartera de Energía podrá presentar estas solicitudes al Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa u otras instancias de coordinación.

En tanto, respecto de la metodología para el almacenamiento, se decidió mantener lo considerado en el transitorio del DS3 y trasladarla al DS 62. "Se mantiene la misma tabla que ya es ampliamente conocida por la industria en un transitorio que tiene una duración de 10 años desde la publicación del reglamento y a partir de ahí se establece una nueva metodología para el cálculo de potencia y suficiente para el almacenamiento", indicó.

Otro tema que se estimó relevante aprovechar de incorporar en el reglamento está relacionado a modificaciones al DS 88 en cuanto mantenga cierta coherencia con algunos aspectos dada la promulgación de la ley de almacenamiento y electromovilidad. En este aspecto, por ejemplo, si se habilita a los PMGD a optar por su régimen de operación (actualmente el autodespacho es la única opción).

De esta manera, hoy comienza la consulta pública (al ser un instrumento distinto) y -según Monteiro- se estima que en octubre de este año podría volver a ingresar el reglamento a Contraloría donde "esperamos que además tenga una tramitación más expedita que el reglamento del DS3, porque también se subsanan las principales observaciones que tenía Contraloría (...)"

Mientras, respecto al reglamento de coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que también es un documento relevante en términos de cómo operarán los sistemas de almacenamiento, prevén que el cuarto trimestre se comience con el levantamiento del diagnóstico actual y futuro de cara a estar en condiciones de ser ingresado a Contraloría el segundo semestre de 2024.

Respecto a la licitación que forma parte del proyecto de transición energética, Pardow reiteró en la cita que están "completamente abiertos" a evaluar mecanismos de licitación que permitan acomodar las distintas preocupaciones que tiene la industria en esto. Eso sí, recalcó que "siempre con el sentido de urgencia que muestra esta diferencia que hoy tenemos entre donde quisiéramos estar y donde estamos en términos de capacidad de despliegue de la tecnología de almacenamiento".

Futuro del ERE

Consultado por DF, Pardow enfatizó la importancia de dar certeza en materia de almacenamiento respecto a su remuneración "para que los proyectos puedan cerrar su financiamiento y ya empezar a trabajar en los permisos y materializarse lo antes posible". Respecto a los ajustes al ERE, recordó el caso de Ventanas I y el conflicto que llegó al Panel de Expertos,  el ministro reconoció que dicha situación generó mucha fricción y puso al Coordinador en una "posición compleja". 

Por esto, defendió que se le saquen tareas al Coordinador, argumentando que el organismo que supervisa la operación del sistema es "esencialmente una autoridad técnica y, por lo tanto, tener que dar explicaciones a juntas de vecinos o entrar en ese tipo de conversaciones es algo que erosiona su capacidad para hacer lo que nosotros como Estado queremos que haga, que es aportar de manera técnica al desarrollo de nuestro sistema eléctrico".

Según la autoridad, esta modificación es "limitada" y lo que hace es "fortalecer la autonomía técnica del Coordinador Eléctrico". 

En cuanto a si con esto se tiende a la eliminación del ERE, considerando que Pardow ha sido crítico respecto a este tema, el secretario de Estado reconoció: "Y lo sigo siendo, pero esto no es algo personal, esto es algo institucional".

"Hoy el ERE no hay ninguna central que lo tenga. Entonces, es una discusión que es más bien hipotética y tenemos tantas presiones de la coyuntura para problemas que son reales y se está materializando que cualquier discusión sobre cosas que son importantes, pero hoy no son reales sino hipotéticas, se verán después (...) Hoy esto no es un tema que tenga urgencia como sí hay otros como -por ejemplo- el almacenamiento".

El estudio del Coordinador

En un intento de mostrar el panorama completo del trabajo que se está desarrollando desde distintas instituciones para darle un impulso más decidido a la inversión en el almacenamiento, también mostraron sus cartas en la actividad Corfo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico.

Este último organismo mostró un estudio de almacenamiento de energía en el SEN que consideró un horizonte de 20 años, con foco en el mediano plazo desde 2025 hasta 2032. Por plazos constructivos, de entrada se indicó que no se advierten factibles nuevos desarrollos en transmisión nacional interregional, particularmente hacia el 2026-2030.

Los resultados para los sistemas de almacenamiento, de acuerdo al organismo, apuntan a una localización mayoritariamente en el norte grande, consistente con alta capacidad instalada y concentración de grandes consumos; duraciones en el rango de seis a ocho horas en atención a la sobreoferta de energía esperada en horario solar; y una capacidad instalada de entre 1.000 y 4 mil MW en el período 2026-2032.

En el estudio, el organismo realiza simulaciones de operación económica de tres casos para identificar los beneficios económicos al adelantar el almacenamiento al año 2026. De acuerdo a lo informado por el subgerente de Planificación del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Araneda, los mayores beneficios económicos se esperan para 2 mil MW de baterías al año 2026, lo que entregaría un nivel adicional de precisión en la definición de sistemas de almacenamiento óptimos para el período 2025-2032.

Asimismo, indicó que se identifica un beneficio sistémico de US$ 513 millones (6% de ahorro) al contar con 2 mil MW en sistemas de almacenamiento de larga duración desde el año 2026, en el período 2025-2032. En esa línea, se precisa que, si bien se identifica al almacenamiento con baterías como elemento costo-efectivo, los resultados obtenidos pueden ser extensibles a otras tecnologías cuyos costos sean equivalentes a los estimados en el informe para los sistemas de baterías. 

El análisis profundiza en que la distribución del almacenamiento de energía corresponde a un total de 13,2 GWh diarios.

El SEA informó que se está elaborando un documento que busca presentar las principales características de las distintas tecnologías de almacenamiento de energía existentes en Chile, así como aquellas que tienen potencial de implementación en los próximos años. Y también, por ejemplo, establecer criterios para el análisis de las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de los proyectos de almacenamiento de energía.

En concreto, el documento aborda: tipos de almacenamiento de energía; descripción de las tecnologías de almacenamiento de energía; Ley REP y su relación con proyectos de almacenamiento de energía; y criterios para análisis de ingreso de proyectos de almacenamiento de energía al SEIA.