La soterrada disputa que se viene dando en torno al codiciado contrato de suministro eléctrico para clientes residenciales de la central El Campesino -ligada a Generadora Metropolitana, de la francesa EDF y el grupo local Andes Mining Energy (AME)-, y que podría llevar incluso al gobierno a intentar invalidarlo, está a un paso de sortear su prueba de fuego.
Esto, porque después que a mediados de enero se destaparan las diferencias que han existido entre la generadora, empresas distribuidoras y el gobierno respecto de si el atractivo bloque de suministro -de 4.000 GWh a US$ 110 el MWh, muy superior a los niveles del último concurso público- compromete o no la construcción de la central a gas de 640 MW en la Región del Ñuble, han seguido las negociaciones, sumando condimentos adicionales.
El plan de Generadora Metropolitana de dar respaldo al contrato con un grupo de activos por 750 MW que adquirieron a AES Gener en mayo de 2018, donde está el complejo Renca, no ha recibido respaldo del grupo de financistas de las unidades, que implicaron un desembolso de US$ 300 millones.
En una correspondencia entre Generadora Metropolitana y El Campesino con el Coordinador Eléctrico del 28 de diciembre, cuatro días antes de que comenzara la obligación de dar el suministro, informaba que de común acuerdo habían decidido prorrogar el inicio de un contrato de explotación mientras se gestionaba la aprobación de los financistas de los términos y condiciones del mismo, lo que debía ocurrir en enero de 2019. Sin embargo, en el sistema de correspondencia del organismo no hay registro de que esto haya sucedido.
Fuentes de la industria comentan que los financistas de la compra del complejo Renca preferirían no participar en una operación que tiene el riesgo de ser judicializada por la postura que ha tomado el gobierno.
Pese a que El Campesino y Generadora Metropolitana tienen la misma propiedad, este contrato de explotación es relevante para participar de los balances de transferencias económicas y, en definitiva, dar cumplimiento a los contratos.
Sin embargo, la demora en esto no ha impedido que El Campesino pueda participar en el sistema. Esto, porque desde octubre tienen un contrato de reemplazo con la central Pichilonco, una hidroeléctrica ubicada en Los Ríos que tiene 1,3 MW de capacidad, lo que es más que suficiente para participar en los balances de energía, tomando en cuenta además que la empresa tiene un contrato de respaldo con Enel Generación, que opera desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022 para asumir el 100% de los compromisos de suministro.
Cartas con las distribuidoras
Una serie de cartas entre la Compañía General de Electricidad (CGE) y la Comisión Nacional de Energía –a las cuales Diario Financiero tuvo acceso vía Ley de Transparencia-, dan cuenta de todo el proceso de negociación que se ha venido llevando adelante en torno a este tema desde al menos febrero de 2018.
En una de las últimas misivas, del 28 diciembre, se da cuenta que mientras CGE propuso directamente una modificación de contrato cuando ya estaba más que claro que no se concretaría la construcción de El Campesino para el 1 de enero, la generadora pidió suscribir una declaración de “Agregación de Activos de Capacidad de Generación Existentes”, haciendo referencia a los adquiridos en mayo 2018.
La respuesta de la CNE fue contudente en que no era suficiente.
“En opinión de esta comisión, para subsanar la situación, las partes como responsables del suministro y de las obligaciones que se derivan del cumplimiento del contrato, deben acordar una solución alternativa equivalente, haciéndose cargo de los principios que guiaron la licitación, dejando el contrato en similares condiciones a las originales, dando al suministrador, al suministro y al contrato una sustentabilidad operativa y económica”, afirmó en una misiva el 28 de diciembre el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas.
Agregó que frente a un atraso de las obras originales comprometidas o nuevas que se ofrezcan en sustitución, esta solución podrá considerar un período de respaldo con energía proveniente de centrales existentes.
“La solución debe ser clara respecto a los plazos y las condiciones resolutivas en caso que las nuevas fechas de entrada en operación no se cumplan”, advirtió.
Aunque la licitación de suministro se hace a nivel agregado, en la práctica se firman contratos con cada una de las empresas. Por eso, la CNE pidió a todas las compañías que informaran sobre las gestiones que prevén realizar para dar solución a este problema.
Una de las primeras en reaccionar fue Enel, que el 17 de enero envió una carta a la CNE reconociendo diversas reuniones con El Campesino para “acordar una modificación contractual y así identificar la alternativa factible para mantener las condiciones esenciales del suministro”.
Según trascendió, hasta las oficinas de la CNE en el centro de Santiago llegaron en las últimas semanas cuatro propuestas de modificación de contrato: Enel, CGE, grupo Saesa y Chilquinta.
Al ser consultada, la firma de capitales italianos indicó que no pueden comentar la propuesta enviada antes que la propia autoridad haga pública su decisión.
En tanto, en Saesa dijeron que “El Campesino nos ha presentado algunas alternativas de cumplimiento en la entrega del suministro, las cuales hemos puesto en conocimiento de la CNE, a través de una propuesta de modificación a dichos contratos. Actualmente, nos encontramos a la espera del pronunciamiento de la autoridad al respecto”.
Se espera que una definición en torno a este tema se conozca en las próximas semanas.
Según trascendió, El Campesino estaría proponiendo un reemplazo con una serie de unidades, principalmente de energías renovables, por unos 600 MW. El tema de fondo que se está viendo es si el compromiso se acerca más a un plan con plazos o solo una declaración de intenciones.
Los retrasos en los hitos de la central
Si se construirá la central El Campesino es una de las incógnitas que hay en el sistema eléctrico. En enero, en la última entrevista dada por los socios del proyecto, señalaban que construir la iniciativa seguía abierta como posibilidad, dado que ya han gastado más de US$ 100 millones en su desarrollo. Pero primero, hay que despejar temas ambientales.
Una carta enviada por CGE a la CNE, de febrero de 2018, da cuenta de cómo se han ido corriendo los hitos constructivos de la central. Mientras en un primer informe, de septiembre de 2015, se hablaba de poder iniciar su construcción en febrero de 2016 y ponerla en marcha en noviembre de 2018; en el informe número 15, del 30 de enero de 2018, se fijaban el 2 de enero de 2019 y el 5 de octubre de 2021 para ambos hitos, respectivamente. Una carta posterior, de octubre de 2018, da cuenta se prevé iniciar trabajos el 2 de enero de 2020 y ponerla en servicio el 5 de octubre de 2022.
El efecto de eliminar este contrato
Un análisis de todo lo que implicaría terminar con el contrato de El Campesino realizaron el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, EMOAC Energy Consulting Group, SPHERA Energy y BGS Energy Law. ¿La conclusión? Efecto económico a la cuenta del cliente es casi nulo, pero podría abrir un escenario de inestabilidad regulatoria.
El análisis da cuenta que en el sistema hay una sobrecontratación que, si se dejara sin efecto este acuerdo, no sería necesario reemplazar ese abastecimiento (ver tabla).
Además se modeló el efecto en una cuenta regulada estándar de 180 kWh, se obtiene un impacto de $ 187, una baja de 0,641%. "El impacto sería muy reducido en las cuentas de los usuarios residenciales", dice el informe.
Sin embargo, por poco que parezca, hay que tomar en cuenta que la discusión de los medidores inteligentes, que plantea un alza en tarifa en magnitudes similares a estas, ha generado un gran debate en la opinión pública.
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