Alza de precio y recursos judiciales complican opción de Colbún por Isagen en Colombia

El proceso de licitación de la eléctrica colombiana Isagen, una de las alternativas que maneja Colbún para ingresar a ese mercado, se complica día a día.

El lunes, el Consejo de Ministros de ese país elevó en 21,5% el precio de las acciones que el Estado -a través del Ministerio de Hacienda- tiene en la generadora, con lo que el valor inicial para la subasta se incrementó hasta los $ 4.130 colombianos por papel.

El Consejo de Ministros señaló que con el nuevo precio mínimo, el valor de las acciones que posee el Estado pasó de $ 5.338 billones de pesos colombianos a $ 6.486 billones. El Estado es el accionista mayoritario de la eléctrica, con una participación del 57,66% y su participación está valorada en unos US$ 2.200 millones.

Según consigno el diario La República de Colombia, una de las razones para el incremento en el precio es la devaluación que ha sufrido la moneda de ese país, la que habría hecho caer el valor de los activos en los últimos meses.

El gerente general de Colbun, Thomas Keller, ha señalado públicamente que la compra de la Isagen no es la única opción que la eléctrica analiza para ingresar a ese mercado.

El nuevo flanco legal

Pero no solo la determinación del precio final podría entrampar el proceso de venta, donde también participan el fondo de inversiones Brookfield Asset Management y la franco-belga Engie (ex GDF Suez), ambas con presencia en el sector eléctrico chileno.

A principios de diciembre, un grupo de 80 parlamentarios -entre senadores y representantes- envió sendas cartas a los presidentes de las compañías, advirtiendo que se oponen a la venta de la eléctrica, por lo cual ya han realizado una serie de acciones legales, incluida la presentación de un proyecto de ley, para evitar que esta se concrete.

En la misiva enviada a Colbún, a la que tuvo acceso este medio, los parlamentarios advierten al presidente de la eléctrica, Bernardo Larraín Matte, que se oponen a la enajenación de este activo, al que califican de “estratégico” para el Estado colombiano.

“80 senadores y representantes a la cámara de diferentes partidos político de Colombia suscribimos una declaración de oposición a la venta de las acciones de Isagen, razón por la cual presentamos un proyecto de ley que restringe las opciones de venta de acciones de empresas de propiedad pública tales como Isagen”, dice la carta.

Asimismo, sostienen que han presentado demandas, las que son apoyadas por diversas organizaciones, entre ellas el sindicato de trabajadores de la generadora.

“Isagen es un activo estratégico del Estado colombiano, así como un ícono ambiental, corporativo y administrativo de nuestra nación. Por esta razón estamos en total desacuerdo con cualquier tipo de venta, licitación o participación de esta empresa, y utilizamos todas las herramientas legales a nuestro alcance para evitar que eso suceda, debido a los efectos que esto podría causar en nuestras finanzas públicas y en la generación de energía del país”, sostienen.

En la misiva, los parlamentarios señalan a Larraín Matte que “en cumplimiento de los criterios de apertura y transparencia que deben rodear este tipo de operaciones”, Colbún debía informar al directorio de la firma y a sus accionistas -entre los que se encuentran las AFP- de la oposición “con el fin de clarificar la situación real de esta operación en Colombia”. Consultado Colbún, la firma declinó realizar comentarios.

SENADO APRUEBA AMPLIAR GIRO A ENAP

Por 23 votos a favor y cinco en contra, la sala del Senado aprobó ayer el proyecto de ley que amplía el giro a la estatal Enap y que le permitirá participar del negocio eléctrico en asociación con un privado. El gerente general de Enap, Marcelo Tokman, señaló que la iniciativa es parte de la Agenda Energética del gobierno. "Este resultado es una ratificación del rol estratégico de Enap y constituye un paso clave para el ingreso de la empresa al mercado de generación eléctrica y contribuir de esa forma a que exista más competencia en el sector", dijo. Ahora, el proyecto de ley pasará a tercer trámite constitucional, y deberá ser revisado por la sala de la Cámara de Diputados. En los próximos días, y antes de fin de año, la petrolera estatal anunciará con qué empresa -o consorcio- se asociará para desarrollar este negocio.