Santiago González, presidente de la CUP: "El nuevo proyecto FES agrava significativamente la situación de las universidades"

En el último tiempo, instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- han dejado en evidencia problemas financieros que han repercutido en medidas como despidos masivos. Con ese telón de fondo, este lunes, el exministro y presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Santiago González, expuso en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados por primera vez sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

Para el líder de la organización que agrupa a 16 universidades e involucra a 200 mil alumnos (un tercio de la matrícula), el sistema de educación superior en un gran porcentaje tiene una buena situación financiera, pero a pesar de que es un sistema sano hay instituciones que están con problemas. "Lo distinto de años o de períodos anteriores es que ahora vemos que hay instituciones que de mucha tradición, importantes, con altos grados de acreditación, que están pasando por problemas económicos y de gestión. Eso es preocupante", reconoció en entrevista con DF. 

“No le puedes pedir a una persona que pague dos o tres veces el monto del valor de la carrera que estudió. Eso es solidaridad malentendida”.

El también rector de la Universidad Central consideró que hay una causa que podría considerarse como transversal: los problemas de gestión. Según explicó, algunas universidades, por avanzar en la parte académica, conseguir niveles de acreditación superiores, olvidan un poco la parte económica, de gestión y "ahí se produce un quiebre cuando uno no avanza en paralelo en estos dos aspectos".

"Los problemas que estamos viendo son básicamente problemas de gestión, problemas de no anticipar escenarios posibles en la gestión y en la administración de las universidades", aseguró.

Sobre el proyecto que concentra hoy el ojo público, pone énfasis en tres elementos que podrían afectar al sistema en su conjunto. Puntualizó que el sistema de educación superior no se puede desfinanciar eliminando el aporte de la familia, que los estudiantes tienen que retribuir al Estado proporcionalmente lo que el Estado les aporta para su educación y que este sistema va a generar diferencias entre las universidades que van a operar con créditos FES y las que no. "Es malo desde el punto de vista de la integración social del país. No creemos que tenga que haber universidades de élite y universidades que no sean de élite", advirtió sobre esto último. 

-¿La responsabilidad en los casos conocidos es interna entonces o también juega un rol el Estado?

-Las responsabilidades que puede tener el Estado acá es que los aranceles regulados que se aplican en gratuidad, a pesar de que el problema de fondo aquí no creo que sea la gratuidad, son más bajos que los aranceles que cobraban históricamente las universidades. Entonces, hay universidades que no se han podido adaptar a ese cambio. Y, por otro lado, tenemos universidades que tienen indicadores que claramente no son aceptables y no son sustentables en el largo plazo. 

-¿Hay alguna política tomada en el último tiempo que ha agravado aún más la situación financiera de las universidades? ¿Sería la gratuidad, la gestión o hay más factores?

-En primer lugar, pondría la gestión, pero hay un tema que también tenemos que tener en consideración. Las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) reciben aportes estatales directos que no recibimos las universidades privadas. La responsabilidad y los ingresos que tienen ellos desde ese punto de vista son muy superiores a nosotros. Todas las universidades recibimos crédito CAE, financiamiento para nuestros estudiantes en gratuidad, pero no todas recibimos aportes del Fisco. Las universidades del Cruch, que reciben más o menos entre US$ 400 millones a US$ 470 millones de aportes fiscales directos, tienen una responsabilidad mucho mayor en los temas de gestión. No nos oponemos a que reciban esos montos. Creemos que el Estado tiene la obligación de apoyar a sus universidades. Pero como a todas nos piden los mismos estándares de acreditación, exactamente igual, debería haber un tratamiento similar también desde el punto de vista de los aportes que hace el Estado a las universidades.

- ¿Cuánto tiempo se puede mantener el sistema financiero como está estructurado? 

- Hasta el momento, las universidades privadas con el sistema que estamos enfrentando han podido abordar, salvo un caso. El problema lo estamos viendo en universidades tradicionales antiguas. Y creo que esto no da para mucho, porque ya hay tres o cuatro universidades que han presentado problemas muy serios.

-¿Y cómo podría influir en esto el proyecto del Gobierno?

- El nuevo proyecto de crédito FES lo que hace es agravar esta situación, agravarla significativamente, y eso sí que puede ser un problema de fondo. El cambio que significa que el estudiante tenga que pagar un porcentaje de su renta independiente de lo que le financió el Estado, sin lugar a dudas que va en desmedro de los jóvenes que tendrán mejores rentas. No le puedes pedir a una persona que pague dos o tres veces el monto del valor de la carrera que estudió. Eso es solidaridad malentendida. También creo que a los jóvenes que no les vaya bien y que no puedan pagar su financiamiento, el Estado no les cobre o les cobre menos. Pero tiene que haber un equilibrio. 

Como este proyecto elimina el copago en los deciles siete, ocho y nueve, ahí se va a generar una disminución muy significativa para todas las universidades en sus ingresos. Y como los cupos de admisión van a estar restringidos, las universidades no van a poder crecer y los ingresos van a disminuir. Y las familias, que son las que aportan parte del financiamiento, las vamos a sacar del sistema. Hay universidades que son de élite, que reciben a alumnos de altos ingresos o de ingresos medios, que no van a entrar a este sistema de financiamiento y en esas universidades van a poder estudiar solamente jóvenes que puedan pagar sus estudios a través de su familia y ahí se va a producir una segregación social muy grande.

- ¿Qué expectativa tiene de la tramitación legislativa de este proyecto?

- Si el Gobierno accede a hacer algunos cambios en el proyecto, algunos cambios, el proyecto puede avanzar. Pero ahí va a depender de la voluntad del Gobierno para poder acceder. Lo que hay que mirar es cómo el estudiante retribuye el financiamiento que le dio el Estado para sus estudios. Tiene que ser una cantidad que sea razonable y conforme a lo que el Estado invirtió en ese joven. De lo contrario, se va a incentivar el trabajo informal. Eliminar el copago en los deciles siete al nueve es un problema muy grande porque eso va a desestabilizar financieramente el sistema de educación superior. (...) Vamos a tratar de aportar en todo lo que sea necesario para tener un buen proyecto de financiamiento para la educación superior y no estar revisando los cinco años después por qué no funcionó.

- ¿Se debiese incorporar en la discusión del proyecto lo ocurrido en los casos recientes?

- A pesar de que es un problema que existe, eso está bien regulado a través de la Superintendencia de Educación Superior, ya que tiene atribuciones específicas para controlar y regular ese aspecto. Ahora, si la Superintendencia tiene que profundizar en eso, creo que tiene que hacerlo. La Superintendencia emitió un informe que es preocupante donde hay un 20% de instituciones de educación superior que están en riesgo financiero. Aquí hay otro problema: la compatibilización entre los niveles de acreditación y la situación financiera de las universidades. Porque si acredita a una universidad por cinco o seis años, obviamente esa universidad no puede tener problemas financieros. Ahí faltaría a lo mejor una complementación entre la Superintendencia de Educación Superior y la Comisión Nacional de Acreditación.

- ¿Vendrán otras universidades que dejen en evidencia su estrés financiero?

-La verdad es que no lo sé. No podría adelantarle una opinión, pero las que han aparecido, la verdad es que nos han sorprendido. Para qué estamos con cosas. Han aparecido universidades que jamás imaginamos que pudieran tener problemas porque tienen altos niveles de acreditación. Ojalá que no aparezcan más.

- ¿Ve que pueden tener alguna salida los casos conocidos?

- Las universidades estatales que están en estos problemas tienen que ser apoyadas por el Estado. El ministro acaba de decir que bajo ningún punto de vista -una de las universidades estatales que está en problemas- podría cerrar. Eso implica que el Estado va a tener que invertir en esas universidades para poder sacarlas adelante. Y no sé si ese criterio lo irá a usar para las universidades que no son estatales. Ahí el Estado tendrá que ver cómo hace, porque no podemos tampoco dejar a los estudiantes en la calle.

- Si bien apunta a un problema de gestión en estos casos, ¿se puede hacer algo más desde el punto de vista regulatorio?

- Con lo que hay regulatoriamente debería ser suficiente para prever ese tipo de casos. Donde sí se puede hacer más es al interior de las instituciones. Hay que profesionalizar la gestión de las universidades. Las universidades no fracasan por problemas académicos. Fracasan por problemas económicos, de gestión, por problemas de administración. Las universidades tienen que poner el foco en la gestión y en la buena administración. Académicamente nuestras universidades están bien, pero si no son capaces de abordar los dos temas en conjunto, el tema académico y el tema de la gestión, los proyectos no funcionan.