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Compromisos con garantía del Estado siguen aumentando y superaron el 11% del PIB durante el año pasado

Según Dipres, los principales montos se relacionan con el respaldo a los depósitos bancarios, de los créditos para la educación superior y con las obligaciones con organismos multilaterales.

Por: Sebastian Valdenegro | Publicado: Jueves 4 de enero de 2024 a las 04:00 hrs.
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Foto: Julio Castro
Foto: Julio Castro

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Acorde con lo observado en los años previos, el stock total de obligaciones con garantía del Fisco siguió al alza durante 2023, alcanzando niveles no vistos al menos en la última década.

Según el reporte que realiza anualmente la Dirección de Presupuestos (Dipres), los denominados “pasivos contingentes” del Fisco llegaron a 11,16% del PIB, lo que implicó un aumento de 0,33% del PIB en el ejercicio recién concluido. El 11,16% es el nivel más alto desde al menos 2010.

Los “pasivos contigentes” se refieren al monto total y las características de las obligaciones a las que les ha sido otorgada la garantía o aval del Estado, lo que obligaría al Fisco a desembolsar millonarios recursos en caso de activarse al mismo tiempo. Asimismo, el informe incorpora una estimación de los compromisos financieros que resulten de la aplicación de disposiciones de carácter legal o contractual que generen pasivos contingentes, como las pensiones solidarias y los aportes previsionales de vejez y de invalidez, y las garantías otorgadas por concesiones en infraestructura, entre otras.

También, contabiliza los montos relacionados a juicios donde esté involucrado el Estado chileno y que, en caso de perderlos, implicaría el desembolsos de millonarios fondos.

Detalle de los respaldos

La Dipres considera 12 tipos de pasivos contingentes. Eston son la garantía estatal de ingresos mínimos para el sistema de concesiones de obras públicas; la garantía estatal a la deuda de las empresas de propiedad del Estado; la garantía al crédito de educación superior, conocido como Crédito con Aval del Estado (CAE); garantía estatal a los depósitos; las demandas contra el Fisco; las controversias en el sistema de concesiones de obras públicas; el Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape); el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes); los fondos de cobertura de riesgo de Corfo; las obligaciones con organismos multilaterales; los préstamos solidarios; y el Fondo de Estabilización de Tarifas Eléctricas (FET).

El valor total de 11,16% del PIB se asocia al evento de ocurrencia o activación simultánea y completa de todos los pasivos contingentes reportados, y de los casos indicados como estimación probabilística.

Hay algunos compromisos que tienen como supuesto las exposiciones máximas a las que está sujeto el Fisco, como en el caso de la deuda de las empresas estatales, los créditos de educación superior, las controversias del sistema de concesiones, el Fogaes, el Fogape, los fondos de cobertura de riesgo Corfo, las obligaciones con organismos internacionales, los préstamos solidarios y el FET. El resto se calcula basado en estimaciones probabilísticas.

El monto más alto corresponde a los depósitos en el sistema financiero (4,38% del PIB), seguido de las obligaciones con organismos multilaterales (2,08% del PIB) y el CAE (1,56% del Producto).

Más atrás le siguen la garantía a la deuda de las compañías estatales (0,81% del PIB), los préstamos solidarios (0,74% del Producto), el FET (0,43%), el Fogape (0,37%) y las demandas contra el Fisco y las controversias en el sistema de concesiones (ambas con 0,25% del tamaño de la economía).

Según Dipres, el alza en el stock de pasivos contingentes en 2023 se explicó por el aumento de la garantía estatal de los depósitos a plazo; el crecimiento de la garantía al crédito de educación superior; y a la incorporación del Fogaes y del FET, que no eran contabilizados hasta 2022. Descontando estos dos últimos pasivos, el stock total se habría reducido 0,11% del PIB.

En el marco del pacto fiscal, Hacienda se comprometió a fortalecer la defensa de los intereses del Fisco a través del CDE y otras instituciones que intervienen en procesos. También se robustecerá la responsabilidad de los servicios públicos cuyas acciones motivan demandas contra el Estado.

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