La experta en transportes de Libertad y Desarrollo (LyD), Ana Luisa Covarrubias, sostuvo que
aunque se cumplan todas las exigencias establecidas en los contratos, la
inexistencia de infraestructura vial que permita a los buses correr en carriles
separados del resto del transporte, hace imposible el cumplimiento de las
frecuencias en toda la malla de recorridos del Transantiago, aunque se disponga de un sistema de
gestión de flota transitorio.
Covarrubias se refirió al tema luego que el Tribunal Constitucional declarara
inconstitucional la entrega del préstamo
de US$400 millones del BID para paliar el déficit del Transantiago, lo
que provocó el emplazamiento del ministro René Cortázar a los operadores para
que mejoraran el servicio en forma
urgente.
Por otra parte, el mejoramiento del
transporte público en regiones no es exigible en el corto plazo, ya que no hay
estudios que entreguen líneas claras sobre los cambios que se requieren y estos
dependen de una negociación entre el Gobierno y las empresas.
La experta aclaró que está en proceso de
aprobación por parte del BID un préstamo cooperación técnica de US$10 millones para estudiar el transporte público en el país, lo que implica un
tiempo razonable para realizar encuestas de demanda, determinar la estructura
de costos de los operadores y las zonas
de exclusividad, donde la locomoción no
está licitada.
"Es decir, se requiere tiempo para
decidir quién hará esos estudios mediante una licitación y aplicarlos, por lo
que no es una solución que permita generar cambios inmediatos", señaló Covarrubias.
Subsidio
El
centro del debate sigue estando en la
discusión del subsidio permanente al transporte público, dijo, que "no asegura un mejoramiento
de la calidad del sistema ni una rebaja automática de las tarifas en regiones,
ya que sólo permitirá cubrir el déficit del Transantiago, si éste se reduce a
niveles cercanos a los US$ 30 millones mensuales".
Por otra parte, la experta de LyD, señaló
que este tipo de proyectos establece incentivos perversos en los operadores,
como por ejemplo que el aumento de tarifas en regiones superior de lo necesario
para después rebajarlas cuando se les entreguen los recursos provenientes del
subsidio.
La
aprobación definitiva de este
subsidio, que ahora está en manos el Senado tras ser aprobado por la Cámara de Diputados,
implicaría destinar US$ 345 millones durante los próximos tres años y US$ 210
en forma permanente al Transantiago y un monto equivalente para regiones.
Sin embargo, la experta señaló que eso
tampoco es seguro. "Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, el
déficit alcanzó US$ 43 millones, US$ 46 millones, US$ 53 millones y US$ 54 millones, por lo que en los
próximos 6 meses, el ministro Cortazar deberá gestionar la reducción de un 46%
en las pérdidas mensuales del sistema", aseguró, agregando que no es una
tarea nada fácil, considerando que no se prevé una disminución de costos.
"Ello requiere un aumento de ingresos, para lo cual es necesario controlar
la evasión, aumentar la demanda reencantando a los usuarios y aumentar la
tarifa", añadió.
La rebaja tarifaria en regiones tampoco
sería segura. Ana Luisa Covarrubias explica que ello pasa por la renegociación
de contratos con los operadores de los servicios hoy licitados. "En aquellas comunas de más de 50.000
habitantes, con servicios no regulados, se requiere que el Ministerio defina el
perímetro de exclusión, es decir delimite la zona geográfica en la cual se
aplica el subsidio, para luego licitar el servicio o negociar directamente con
los actuales operadores", sostiene.
Además, agrega que la entrega de recursos a los operadores está sujeta a
una rebaja de tarifas o al mejoramiento de las condiciones en que se entrega el
servicio. "De este modo, la rebaja
tarifaria no es automática ni obligatoria", concluye.
Déficit e incentivos
Ana Luisa Covarrubias enfatizó que desde
su puesta en marcha, el nuevo sistema de transporte público se perfiló
deficitario, con un bajo estándar de servicio y carencia de incentivos para
mejorarlos, por lo que cualquier inyección de recursos sólo servirá para
perpetuar las ineficiencias del sistema.
Esta nueva solicitud de recursos
transparenta, según la experta, la incapacidad de financiar el Transantiago con
los ingresos tarifarios en el largo plazo y vuelve a duplicar los recursos
necesarios al considerar fondos para regiones, que no habrían sido solicitados
en ausencia del déficit del Transantiago, y "no sabemos si realmente son
necesarios".
Para ello, asegura que hay que
establecer mecanismos de incentivos, tal como el pago por demanda real y la
entrega de mayor poder de decisión a los operadores en el manejo de las
variables de gestión de operaciones, de modo de hacerlos responsables de la
calidad del servicio y del costo asociado a ello, lo que permitiría optimizar
el sistema con la ayuda de quienes mejor conocen el mercado del transporte
público y reducir los costos y aumentar los ingresos, al incorporar a los
operadores en la inducción de demanda y control de evasión.
Adicionalmente, la experta plantea que
se requiere de la existencia de un nivel de competencia que asegure a los
usuarios disponer de locomoción a todo evento y someta a los operadores que no
entreguen un buen servicio al riesgo de perder pasajeros, hoy cautivos.