Unos tres meses llevaba Sebastián Piñera en La Moneda, cuando su gobierno debió enfrentar una compleja situación laboral: el cierre de la planta de contenedores refrigerados en San Antonio del holding naviero Maersk Container Industry (MCI’s).
La decisión de la empresa danesa dejó sin trabajo a cerca de 1.200 personas, muchas de ellas de perfiles altamente calificados.
Mesas de trabajo, cursos de capacitación y certificación, entre otros, fueron algunas de las fórmulas que se plantearon para enfrentar el desempleo. Pero ¿funcionaron?. A cuatro años del cierre de la firma, ¿qué pasó con los trabajadores?.
Lo que se hizo
Datos presentados ante la Cámara de Diputados por el entonces ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, muestran que de los trabajadores despedidos 244 eran mujeres y 946 hombres. De ellos, 78 eran administrativos, 28 ocupaban cargos de jefaturas, 7 eran directivos y 1.077 operarios.
Estos últimos tenían, en general, un sueldo bruto imponible del orden de $ 565.000.
Para buscar una solución a la empleabilidad, una de las primeras acciones fue formar una mesa entre las autoridades nacionales y locales, extrabajadores y representantes de la empresa Maersk.
En esta instancia, se acordó impulsar un plan de capacitación y certificación para los afectados y así facilitar su reinserción laboral.
“Con ellos definimos cuáles eran las mejores medidas para enfrentar la situación. Nos preocupamos de acompañarlos, brindarles asesoría legal en todo lo relacionado a sus finiquitos y poner a disposición cursos de capacitación y certificación, porque parte importante de ellos eran trabajadores altamente calificados”, señala Monckeberg, agregando que muchos trabajadores optaron por el emprendimiento, en un contexto donde se pagaron los finiquitos e indemnizaciones correspondientes.
Inicialmente, se esperaba que el plan beneficiara a cerca de 600 personas. Sin embargo, al interior del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) no hay claridad respecto al número total.
De acuerdo a los registros de prensa del Sence, las herramientas desplegadas habrían favorecido a una cifra menor.
Con todo, de igual modo hubo extrabajadores que obtuvieron certificaciones que los habilitaron para poder laborar en faenas portuarias, y otros recibieron capacitaciones en soldadura, conducción profesional y logística, entre otros.
“En estos casos siempre hay mucha buena intención, mucho discurso, pero poco se concretó”, cuenta Carlos García, expresidente del sindicato Nº1 de Maersk, el cual tenía cerca de 500 socios.
Para García, hay varias razones que podrían explicar el por qué no funcionó efectivamente el plan de capacitación y certificación. En primer lugar, y como lo sugería Monckeberg, dice que hubo muchos trabajadores que decidieron usar sus finiquitos en pequeños emprendimientos. Otros, en cambio, desconfiaban de la efectividad del plan o sencillamente optaron por dejar la zona.
“En Lota había ocurrido algo muy similar y la gente recordaba que no había funcionado. La gente creía que se le iban a entregar cursos que finalmente no iban a poder aplicar para la realidad de la zona”, agrega García, quien cuestiona la escasa investigación que hubo por parte de las autoridades respecto al cierre de Maersk.
Jessica Menares, extrabajadora de la firma, accedió a cursos de capacitación, pero finalmente vio en el emprendimiento una mejor alternativa. “Con mi esposo instalamos un local de comida peruana, llamado Huachano, pero para varios ha sido complejo, hubo capacitaciones que no sirvieron de mucho”, relata.
Al plan de acción del gobierno se sumó el apoyo de ONG. Tal es el caso de El Otro Capital, una entidad sin fines de lucro que busca fomentar y fortalecer emprendimientos asociativos. Su asesor y encargado de estudios de la entidad, Alex Santander, recuerda que fueron invitados a asesorar a los trabajadores para la conformación de cooperativas por parte del senador Juan Ignacio Latorre y el diputado Jorge Brito, ambos de Revolución Democrática.
“Trabajamos con un grupo de cerca de 45 personas, porque trabajar en formato cooperativo podía ser una solución importante a la situación en la que se encontraban. Hicimos capacitaciones, les mostramos las oportunidades que ofrecía el territorio, habían ideas relacionados a turismo, transporte, y otros”, cuenta Santander, pero con el paso del tiempo las ideas no se concretaron.
La vida después de los containers
Pese a lo complejo que fue el tema en su momento, el exalcalde de San Antonio, Omar Vera, estima que con el transcurso del tiempo se ha podido observar que el impacto fue menos negativo de lo previsto.
“En el ámbito de la cesantía, no se sintió como se esperaba, porque gracias a la especialización de los trabajadores y a las capacitaciones, muchos lograron reinsertarse en otras firmas. Además, producto del adecuado y oportuno pago de los finiquitos, muchos pudieron emprender”, opina.
Al cierre de 2017, la tasa de desempleo en la zona bordeaba el 7%. Después las cifras subieron, pero ya en un contexto donde se sintió el impacto del estallido social y la pandemia.
Los últimos registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican para la provincia de Santiago tiene una fuerza de trabajo de unos 81.500 personas, de los cuales unos tres mil están desocupadas. Pero, al mismo tiempo, pone una nota de cautela sobre la fiabilidad de las cifras.
García, por su lado, critica la falta de seguimiento que hubo a la situación. “Nadie profundizó en la salida de Maersk, que contó con apoyo estatal cuando llegó a Chile”, cuestiona.
En su caso, dice, el ser un dirigente clave lo dejó marcado. “Me tuve que reinventar y pagar el costo de haber sido dirigente sindical. Quedé excluido y sin posibilidad de que me puedan contratar. Aquí estoy, reinventándome junto a mi familia”, expone. Hoy tiene un pequeño emprendimiento relacionado con el reciclaje.
Y aunque no era de San Antonio, decidió quedarse en dicha comuna, y gracias a esa decisión aún mantiene el contacto con una parte de sus excompañeros.
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