Esta tarde comenzó a descongelarse el proyecto de reforma tributaria de la administración Piñera. En la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se aprobó la idea de legislar la iniciativa, superando la primera valla en su tramitación y como todo anticipaba fue favorecida luego que la Democracia Cristiana comprometiera ayer su apoyo en la instancia, lo que se cumplió en la jornada.
Ocho meses han pasado desde que el 23 de agosto del 2018 el Ejecutivo presentó el texto a tramitación parlamentaria. Una treintena de audiencias de expertos, urgencias que se renovaban periódicamente, intercambios de documentos y protocolos entre el gobierno y la oposición, una mesa técnica y hasta compromisos de nuevos ajustes de parte de Hacienda, son parte de los hechos que marcaron la discusión en el Parlamento y que dan cuenta de lo distinto que es hoy el texto legal respecto al que ingresó.
Lo que se ajustó
Una de las principales batallas que dieron el gobierno y la oposición fue en torno al apoyo de las PYME. La propuesta original creaba la denominada Claúsula PYME, que venía a reemplazar el 14 ter modificado en la reforma tributaria de 2014. Dicho mecanismo mantenía en 50 UF anuales de venta el tope para incorporarse al sistema, que contempla una tasa de impuestos a las empresas más bajo (25% vs 27% para las grandes compañías) pero que obligaba a las sociedades de menor tamaño a migrar hacia la contabilidad completa.
Luego de mucha discusión, con apoyos de las PYME en ambos sentidos, el Ejecutivo se comprometió a mantener la contabilidad simplificada -reduciendo el costo de cumplimiento de los contribuyentes- y a subir el tope requerido de ventas para ingresar al sistema. Hacienda se ha mostrado abierto a pasar de 50 mil UF a entre 60 mil UF y 75 mil UF.
Otro de los puntos clave en el debate fueron los incentivos al crecimiento y la inversión. El proyecto original contemplaba un beneficio de depreciación instantánea de 50% del valor de los activos fijos por un período de dos años, entre 2019 y 2020, para todo el país, exceptuando La Araucanía que gozaría de un 100%. Si bien no ha dado detalles, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comprometió que ampliaría la duración del beneficio.
La reforma tributaria creó un nuevo gravamen: el Impuesto a los Servicios Digitales (ISD), que gravará con 10% el consumo de plataformas provistas desde el exterior y que sean consumidas por personas en Chile. Dicho tributo aplica para servicios como Netflix, Spotify y Airbnb.
Luego de dimes y diretes, el Ejecutivo propuso aplicar IVA a los servicios digitales, migrando hacia una tasa del 19%. Esto implicaría que el tributo a los servicios digitales no sería un impuesto específico, sino que se categorizaría como un hecho gravado con IVA. Larraín dijo que negociará en el debate en particular si la tasa se mantiene en 10% o sube a19%.
Respecto al IVA, el gobierno también acordó modificar el incremento del beneficio de la exención de dicho gravamen para la construcción de viviendas, que en la propuesta original pasaba desde 2 mil UF de costo de construcción a 4 mil UF. Luego de las críticas de la oposición a la "regresividad" de dicha medida y que beneficiaría a propiedades -según dijeron- con un valor de venta de alrededor de 8 mil UF, el Ejecutivo reculó y limitó a 3 mil UF el incremento del beneficio.
Otro tema que generó discusión y que implicó ajustes de parte del gobierno fue la creación de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon). El texto original establecía que parte de la dotación del nuevo organismo se nutriría de funcionarios traspasados desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). Ante las críticas de las asociaciones de jueces y funcionarios, Teatinos 120 comprometió que en la redacción se establecería que dichos traspasos serían voluntarios.
Los nuevos temas
Durante marzo y abril, el gobierno no solo se abrió a perfeccionar algunos artículos del proyecto, sino que se comprometió a poner nuevos instrumentos sobre la mesa.
Uno de los principales es un nuevo mecanismo de financiamiento para los gobiernos regionales. En medio de la presión por la cercanía de las elecciones de gobernadores regionales en octubre de 2020, Hacienda incluirá en el proyecto una propuesta para que el 1% de los montos destinados por los proyectos de inversión sean aportados a las regiones en las que se desarrollan.
El mecanismo aplicará para las inversiones sobre US$ 10 millones, con un tercio que se destinará a la región, otro tercio a la comuna donde se desarrolla y el tercio restante a un fondo común. Dicho gasto podrá ser descontado de impuestos por parte de los privados, por lo que el aporte será compartido con el Fisco.
Una novedad adicional que surgió durante el debate fue la restricción del uso del market maker. La figura se usa para aumentar los montos transados de una acción en la bolsa para que logre la liquidez para acceder a la exención del impuesto a las ganancias de capital. En medio de la discusión por la Norma Antielusión, la cartera se comprometió a que dicho beneficio podrá aplicarse solo para las operaciones que tienen contratado un market maker con por lo menos un año de vigencia.
Respecto a la Norma Antielusiva, junto con comprometerse a mejorar su redacción, Hacienda también puso sobre la mesa la creación de un nueva normativa aplicable para fiscalizar los retiros "desproporcionados" de utilidades por sobre el porcentaje de participación que le corresponde a los socios, tratándolos como gasto rechazado si los contribuyentes no logran acreditarlos.
Las contribuciones de bienes raíces fueron otro de los tópicos nuevos que emergieron en la discusión. Por una parte, Hacienda comprometió una rebaja a los aportes que realizan los adultos mayores vulnerables y de clase media que estén por debajo del tramo exento de impuesto a la renta ($ 652 mil mensuales). Los potenciales beneficiarios serían 300 mil personas.
También, el gobierno consideró eliminar la exención de contribuciones para los terrenos forestales, exceptuando los de bosque nativo.
El último tópico nuevo y que sorprendió a parte del mercado fue el compromiso de la cartera a fijar por ley que los retiros o rescates realizados con seguros de vida con ahorro serían gravados con impuesto a la renta. Esta materia tiene enfrentada al SII con las aseguradoras, luego de que se instruyera en la Operación Renta la retención del 25% de las rentabilidades obtenidas por dichos instrumentos.
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