Todos los antecedentes a disposición de la justicia. Con esa consigna declaró ayer el líder de Fuerza Pública, Andrés Velasco, quien en compañía de su abogado, Manuel Garrido, prestó declaración- en calidad de imputado- ante la Fiscalía Metropolitana Oriente por el caso Penta, en donde se investiga la ejecución de delitos tributarios, en la elaboración de boletas falsas para campañas políticas.
La estrategia judicial seguida por Velasco, contrasta con la llevada a cabo por los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, y Carlos Eugenio Lavín, quienes estarían en la búsqueda de un juicio abreviado, lo que significaría el reconocimiento de alguna práctica ilícita, y que tiene, en la mayoría de los casos, como fin: rebajar penas.
Velasco, por su parte, según expresó a la salida del trámite judicial, espera aclarar lo que a su juicio fue un servicio profesional prestado en total regla y pleno conocimiento de los controladores del holding. En esa línea, en el entorno del ex ministro, señalan que llegarán hasta el final con el fin de demostrar su plena inocencia, sin buscar ninguna salida alternativa, que involucraría el reconocimiento de algún delito.
En ese contexto, tras el extenso interrogatorio, Velasco se dio un largo tiempo para contestar todas las preguntas de la prensa, enfatizando en su discurso que la charla-almuerzo por el cual cobró $20 millones al grupo Penta, es una más de las asesorías que realiza para "ganarse la vida", y que son efectuadas a diversos organismos, lo que demuestra su independencia ante cualquier grupo económico: "yo no asesoro a nadie, ejerzo libremente mi profesión y precisamente he hecho consultorías a diversas empresas, a gobiernos e instituciones financieras", señaló.
Esa fue su respuesta en torno al cuestionado almuerzo realizado 10 días antes de las primarias, pero que, según aclaró, la remuneración se hizo un mes después del proceso electoral.
La otra arista que lo complica se refiera a la boleta emitida por el contador Juan Olave a nombre de Empresas Penta, por un servicio realizado por la Fundación Tierra Firme, fundada por él. En ese caso, dijo haberse enterado después de esa situación, desconociendo los detalles de tal prestación: "entiendo que en ese momento el señor Olave prestó servicios contables a la Fundación Tierra Firme, yo estaba en el directorio, se remuneró con esa boleta, pero yo de esa situación no tuve conocimiento alguno", indicó.
"Las malas prácticas"
El gran discurso en su campaña en las primarias de la Nueva Mayoría en 2013 fue acabar con las malas prácticas. El ex ministro de Hacienda construyó una imagen en función de ese concepto. Plaza Pública-Cadem viene monitoreando hace meses la figura de Andrés Velasco y su director, Roberto Izikson, explica que está situación le está afectando considerablemente, sobre todo en atributos tan importantes como la confianza. Dice que su credibilidad se ha visto dañada por la misma imagen que construyó: "Velasco construyó su discurso de candidato en base a tratar de acabar con las malas prácticas, y esa imagen hoy esta deteriorada". Cree que su destino político se jugará en los tribunales y que si no logra aclarar y demostrar su inocencia "su futuro político está liquidado".
En la misma línea el analista político de la Universidad Mayor, Juan Cristóbal Portales, dice que este caso "indudablemente ha repercutido y seguirá repercutiendo en su imagen" Afirma que se instaló como "un zar frustrado de las buenas prácticas, pero que también ha incurrido en incoherencias en fustigar al gobierno de Bachelet y sus reformas, al tiempo que validaba la presencia de sus asesores más cercanos como insignes miembros del gobierno y coalición que critica".
Por su parte el director de Adimark Roberto Méndez, señaló que "hasta el momento no hay ninguna prueba, es un almuerzo más caro de lo razonable. Pero en un clima de sospecha, este tipo de cosas son dañinas, crea dudas y para él, con su discurso de las malas prácticas, hace daño".
En tanto, el ex director de la Secom, Juan Carvajal piensa que "este es un tiempo de los tribunales de justicia, y de garantizar que el proceso termine y no declaraciones públicas".