Nada de fácil se ve la semana clave que se inicia hoy para el proyecto de reforma tributaria. Este jueves se prevé una reunión entre el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, y el presidente de la comisión del ramo de la Cámara, Pablo Lorenzini, para potencialmente firmar un protocolo de acuerdo que destrabe la idea de legislar la iniciativa, luego de que la semana pasada el gobierno se abriera, por primera vez, a buscar mecanismos alternativos para compensar el impacto fiscal de la integración del sistema.
¿Por qué se ve tan complicado el panorama? El equipo técnico de la oposición, que se reunió desde mediados de enero hasta el jueves pasado con su contraparte de Hacienda para acercar posiciones, emitió un duro informe en el que desestima la posibilidad de aprobar la idea de legislar.
Esto, luego de que en dicha jornada la cartera revelara nuevos cálculos respecto a la recaudación de la boleta electrónica, reduciendo de US$ 1.100 millones a US$ 1.000 millones la recaudación esperada en régimen, y revelera por primera vez el impacto fiscal de la nueva categoría de gastos aceptados para producir la renta, la que le costará al Fisco US$ 39 millones por año.
En una minuta de tres páginas, titulada "Informe reuniones mesa técnica reforma tributaria", los expertos enfatizan que si bien durante las conversaciones "se aclararon algunos temas" y se presentó "información nueva sobre otros". aseguran tener una visión "consensuada" de que "en lo sustantivo" se mantiene "el juicio crítico" que emitieron en enero y que se reflejó en un documento con ocho principios intransables para aprobar la reforma, como mantener la recaudación, la progresividad y no desmantelar la Norma General Antielusión, entre otros.
"En particular, tenemos el convencimiento de que esta es una reforma regresiva, que como tal favorece especialmente a las personas de más altos ingresos, y que además es una reforma que reducirá la recaudación fiscal en régimen. De hecho, los antecedentes presentados por el gobierno en estas reuniones han tendido a confirmar nuestra visión al respecto", señala el grupo.
Los expertos enfatizan que si bien las autoridades del gobierno se han mostrado favorables a realizar cambios al proyecto, "estos aún no han sido presentados ni discutidos en la presente instancia técnica".
"Por lo tanto, a la fecha, nuestro diagnóstico consensuado sigue siendo que las condiciones previas para legislar están ausentes en la propuesta del gobierno", concluye lapidariamente la minuta, que fue enviada ayer domingo a los diputados de la comisión de Hacienda de la Cámara.
Los puntos de la discordia
El equipo, integrado por Jorge Rodríguez Cabello por la DC, Hernán Frigolett por el PS, Maite Gambardella por RD, Fabián Duarte por el PSRD, Reinaldo Monardes por el PPD y Fernando Carmona por el PC, enumera ocho puntos de análisis en los que aún habría discrepancias con el Ejecutivo.
1. No es razonable hacer una reforma a la reforma de 2014 sin contar con información suficiente para evaluar su magnitud e impactos
En este punto el gobierno presentó una evaluación sobre elementos agregados de la reforma de 2014. En primer lugar, los datos del gobierno muestran que si bien la recaudación proyectada para 2019 no alcanzó la originalmente estipulada, de todas maneras implica un incremento de 1,5 puntos del PIB. Asimismo, los datos muestran que la reforma fue exitosa al aumentar en cuatro puntos porcentuales el peso relativo de los impuestos directos versus los indirectos (de 38% a 42%), lo que sugiere mayor progresividad.
Por otra parte, los datos entregados no muestran que la reforma haya aumentado la complejidad del cumplimiento tributario, si bien se reconoce que nuestro sistema presenta desde antes de 2014, una brecha importante en este aspecto respecto de los estándares de la OECD.
Además queda pendiente que el Ejecutivo muestre el efecto en la distribución del ingreso de la reforma de 2014 y en reducir la evasión del impuesto a la renta. Finalmente, en cuanto al efecto que la reforma habría tenido en crecimiento e inversión, se presentó un estudio del Banco Mundial que requiere ser analizado en mayor profundidad en cuanto a su metodología para identificar causalidad.
2. No disminuir la recaudación fiscal, ni compensar una rebaja con un aumento de eficiencia en recaudación de IVA
El gobierno reconoció que el Informe Financiero del proyecto de ley tiene omisiones, y entregó algunos antecedentes para rectificarlo. Así, señaló que la estimación de recaudación por concepto de la instalación obligatoria de la boleta electrónica es menor a la señalada en el Informe Financiero, a la vez que persisten dudas en cuanto a los supuestos de mayor recaudación que no fueron satisfactoriamente respondidas, por lo que esta recaudación podría
ser incluso más baja.
Adicionalmente, el Ejecutivo reconoció que los cambios a las normas de gastos necesarios implican una menor recaudación anual. Estas dos rectificaciones, acorde al propio Gobierno, implican una menor recaudación de cerca de $200 millones de dólares anuales en régimen, lo que representa un monto significativo. Además, el Gobierno reconoce que hay otras materias en el proyecto que implican menor recaudación pero que al momento no ha podido cuantificarlas. Todos estos antecedentes reafirman nuestra convicción de que el efecto fiscal neto del proyecto en régimen aun no está del todo correctamente estimado.
Por otro lado, en términos sustantivos este principio no se cumple, ya que no es neutral rebajar impuestos directos y compensar, aunque sea parcialmente, con mayor eficiencia esperada en la recaudación de un impuesto indirecto ya existente (IVA).
3. No aumentar la regresividad del sistema tributario, ni retroceder en los avances de
progresividad establecidos en la reforma de 2014
El gobierno sostiene que la reintegración del sistema tributario no es regresiva porque US$497 millones del total de US$833 de crédito de primera categoría que se reintegra corresponden a contribuyentes de Impuesto Global Complementario, de los cuales 568.510 estarían en el tramo exento. Sin embargo, el gobierno no ha podido explicar el perfil de las personas en ese tramo, es decir, explicar esta gran cantidad de personas que tendrían rentas mensuales menores a 120 mil pesos pero que poseen cuantiosas inversiones en acciones de manera directa o indirecta.
Esta paradoja lleva a interrogantes sobre la metodología de asignación del impacto de la reintegración utilizada por el SII, las que están pendientes de ser resueltas. Por otro lado, los numeros presentados confirman que la reintegración beneficia de manera importante a los contribuyentes de los tramos más altos del Impuesto Global Complementario.
En cuanto al crédito de IVA para construcción de viviendas, de acuerdo con los números presentados por el Ministerio, confirmamos nuestra aprensión de que esta medida no beneficia realmente a la clase media (la cual ya está cubierta por el sistema actual) sino que a los contribuyentes con más altos ingresos del país (clase media acomodada y clase alta), con un componente no menor de segunda vivienda.
4. No retroceder en el combate de la elusión y evasión
Si bien el gobierno reiteró su intención de fortalecer y mejorar la Cláusula General Antielusión y en ningún caso hacerla inaplicable o debilitarla, en nuestra opinión esta intención no se materializa en la redacción actual del proyecto. Por tanto, mientras no se concuerde una mejor redacción, en esta materia sugerimos mantener el texto legal vigente.
5. Mejorar el régimen tributario de las PYMEs
Si bien el Gobierno avanzó en entregar información para establecer las causas de por qué un número importante de pymes no está utilizando el 14 ter, aun persisten dudas específicas. Ante esta situación, sugerimos que la mejor opción es avanzar en solucionar los problemas puntuales de ciertas pymes para acceder al 14 ter, y no crear un sistema nuevo, como la Cláusula Pyme que propone el gobierno.
6. Fomentar el crecimiento de largo plazo
El Gobierno presentó antecedentes para mostrar cómo su reforma fomentaría el crecimiento económico, lo que estaría dado principalmente por la simplificación del sistema tributario y por un menor costo de capital de los proyectos para los contribuyentes que se ven beneficiados por la reintegración.
Sin embargo, dicha argumentación se basa en una serie de supuestos en exceso optimistas en el caso de la reintegración, por ejemplo, que todo el capital que se retire a causa de ella se reinvierte, y que ello se hace en Chile. Además, se ignoran de plano los efectos adversos que tendrían las medidas compensatorias que encarecen el consumo sobre el ingreso disponible y el ahorro global. Por tanto, en este aspecto reafirmamos que se deben buscar alternativas más eficientes y directas para incentivar la inversión y el crecimiento de largo plazo.
7. Nuevos instrumentos tributarios en materia regional
A la fecha, este tema no se ha abordado en la mesa, pues el gobierno argumentó que era un tema que se estaba tratando en forma paralela en otra mesa de trabajo, y que iría en un proyecto de ley aparte a ser ingresado este año al Congreso.
8. Valorar los avances en desintegración
Tal como se señaló antes, el gobierno no valora los avances en desintegración pues considera que el menor crédito es regresivo para los contribuyentes del Impuesto Global Complementario. Por tanto, en este punto hay una diferencia conceptual de fondo, que no ha sido aclarada por completo en ninguna de las reuniones.
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