Con cierta expectación se esperaba el discurso de la presidenta Michelle Bachelet con el que enfrentaría la crisis de credibilidad instalada en el país, luego del estallido de los casos Penta-SQM y Caval.
Es que los anuncios que haría después de recibir el informe de la comisión presidida por Eduardo Engel, se consideraron, desde el primer momento, su gran apuesta para salir del problema que tiene en jaque tanto al gobierno como a toda la clase política.
En la cadena nacional del martes en la noche, la mandataria intentó mostrar su liderazgo, no sólo al dar a conocer medidas duras para la transparencia del sistema político, sino también al reiterar con firmeza, que sería ella personalmente quién conduciría el proceso para sacarlas adelante.
En términos generales, muchos de los anuncios no sorprendieron porque estaban en la agenda de discusión, como el fin de los aportes tanto de empresas como anónimos para financiar las campañas políticas, el límite a la reelección indefinida de cargos de representación popular –al que le puso discusión inmediata- además de otras tendientes a fortalecer los sistemas de fiscalización.
Lo que sí sorprendió, en cambio, fue que informara de su decisión de que, a partir de septiembre, se iniciara lo que llamó un "proceso constituyente", para que se comience a elaborar una nueva Carta Fundamental, que el propio Eduardo Engel reconoció que, aún cuando pudiera ser importante, no estaba entre las propuestas que realizó la comisión.
Fue ésa la jugada de la Presidenta para satisfacer a una ciudadanía que ella misma reconoció que estaba descontenta, porque al expresar que se trataría de un proceso abierto, con diálogos, consultas o cabildos, la idea es que la nueva Constitución no surja solamente de las elites, por ser las que están cuestionadas.
Con este anuncio, que de inmediato suscitó polémica al recibir críticas tanto de empresarios como de dirigentes opositores, la estrategia es abrir el debate sobre uno de sus principales compromisos postergados que genera adhesión ciudadana, pese a que no está directamente relacionado con el combate por la transparencia.
En cuanto las medidas que conforman propiamente la agenda contra la corrupción, aun cuando encontraron amplia acogida en todos los sectores, no parecen garantizar hasta dónde podrán ser la solución para la crisis de confianza desatada por situaciones que permanecen sin aclararse.
¿Impunidad con lo actual?
Nadie desconoce que las propuestas que se desprenderán de los anuncios presidenciales pueden ser un paso importante para lograr un sistema democrático más transparente en adelante, lo que podría darle la razón a la Presidenta, cuando afirma que ésta será la marca principal de su legado.
Eso no implica, sin embargo, que su apuesta necesariamente actuará como un antídoto frente al malestar existente, desde el momento en que no planteó ninguna solución concreta para los casos que están pendientes, como pudo haber sido un compromiso para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) actúe con la transparencia que se le está demandando.
Es cierto que la mandataria se refirió implícitamente a los casos que han gatillado la crisis, como lo hizo al aludir a Caval, expresando que nadie podrá sacar ventajas indebidas con el cambio de planos reguladores, o cuando en relación a Penta-SQM, manifestó que se superarán los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación o aprovechamiento de facturas o boletas ideológicamente falsas.
Pero en ambas situaciones quedó claro que se trataba de buscar una solución para que no se repitan en el futuro, no para aclararlos ahora. Incluso la última afirmación, que Bachelet incorporó después de recibir las propuestas de la comisión porque no formó parte de éstas- se interpretó como el intento de establecer que actualmente el tema de las boletas puede no ser delito, en consonancia con la tesis del ex director del SII, Ricardo Escobar, que ha sido recogida en el gobierno.
Es por eso que tras los anuncios presidenciales, quedó la sensación de que la fórmula para salir de la crisis no contemplaría seguir indagando en los casos actuales, especialmente el que compromete a la empresa de Giorgio Martelli, al punto que se presume que existiría una suerte de "pacto de silencio" entre los principales actores políticos, que se habría digitado desde La Moneda con la anuencia de los posibles afectados.
Es lo que confirma, por ejemplo, el cambio de actitud hacia la oposición por parte de las autoridades y la Nueva Mayoría, marcando una diferencia respecto a la que asumieron con la UDI cuando el único escándalo era el de Penta. Tanto es así que, frente a la compleja situación que enreda al ex presidente, Sebastián Piñera, por los pagos con platas de SQM y otras empresas al director de CHV, Jaime De Aguirre, el único que le ha pedido explicaciones, es su contrincante interno el senador RN, Manuel José Ossandón.
Es que las autoridades saben a estas alturas que si se desata la guerra pueden salir perdiendo porque en el tema de las boletas, tanto por los montos como por las personas comprometidas, golpearían con más fuerza al oficialismo.
Pero como tampoco la oposición está libre de las esquirlas de SQM comenzando por el propio Sebastián Piñera- muchos de sus dirigentes están en la línea de no insistir en la necesidad de que se aclaren los pagos de dicha empresa, porque al final todos pueden salir trasquilados.
¿Todo bajo control?
Es en ese contexto que los políticos de todos los sectores aparecen acogiendo las propuestas presidenciales, lo que augura que serán aprobadas sin problemas cuando lleguen al Congreso, con la expectativa de que de esa manera se podrá recuperar la confianza perdida.
El problema que enfrenta esta fórmula, sin embargo, es que paralelamente a los anuncios que se presume que podrían ser una salida a la crisis, se siguen conociendo antecedentes de boletas o facturas irregulares, como ocurrió recientemente con las que entregó SQM a la campaña de Eduardo Frei en 2009 por intermedio de la empresa de Martelli, o los pagos que esta misma sociedad realizó a distintos personeros que están en el gobierno, los que se suman a los recibidos por el ministro Rodrigo Peñailillo y sus asesores, que ahora alcanzan entre otros- a personas que trabajan para el titular de Hacienda, Alberto Arenas.
Esto implica que puede seguir subiendo la presión para que el SII actúe aclarando la situación de la empresa del autodenominado "operador político", como de hecho lo han comenzado a plantear no sólo desde la oposición, sino también desde la Nueva Mayoría, que consideran que la poca claridad de este caso puede ser una bomba de tiempo.
Por ahora, en todo caso, dichas presiones no han tenido efecto, puesto que aun cuando su director Michel Jorratt confirmó que se estaba investigando AyN –la empresa de Martelli- no ha dado cuenta de sus resultados. Pero a ello se agrega que la decisión del organismo fiscalizador es no presentar denuncias contra esa sociedad, tal como se desprende de la información de The Clinic, que señala que habría habido un acuerdo entre SQM y el SII para no rectificar las declaraciones de impuestos ni de la empresa de Martelli, ni de la de Cristián Warner, el principal asesor de Marco Enríquez-Ominami, por las que SQM presentó respaldo de sus trabajos, lo que escondería una decisión para que queden impunes.
Como todo indica que la información continuará apareciendo, en parte porque desde el interior del SII existen funcionarios dispuestos a darlas a conocer, a lo que se agrega que tampoco la prensa parece dispuesta a acallarla, es posible que pese al supuesto "pacto de silencio" se sigan conociendo antecedentes que compliquen tanto al gobierno como a toda la clase política.
Eso implica que no todo está bajo control como supone la autoridad, porque además está la decisión de la Fiscalía de poner presión al SII para que inicie acciones legales, que es lo que requiere para poder investigar, como lo hizo en estos días el fiscal Sabas Chahuán al presentar una denuncia al organismo que dirige Jorratt con los antecedentes de la empresa de Martelli que considera que pueden constituir delitos.
En este cuadro, es posible que la apuesta presidencial logre amainar la crisis al poner otros temas de debate en la agenda, comenzando por el constitucional, lo que no necesariamente garantiza la recuperación de la confianza, menos si se constata la intención compartida de las autoridades con la clase política, de que en los casos pendientes no se indague nada más.
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