A diferencia de la mayoría de los analistas políticos y varios dirigentes del oficialismo, el abogado y columnista Jorge Navarrete apuesta a que la presidenta Bachelet pueda salir fortalecida tras el escándalo que protagonizó su hijo Sebastián Dávalos, lo que dependerá -dice- de lo que diga y haga la propia mandataria.
-La Presidenta retoma sus funciones, tras sus vacaciones, ¿cómo debería asumir el conflicto en que su hijo sumió al gobierno en su primera reaparición pública?
-Es la oportunidad para que Bachelet fije un estándar sobre el comportamiento profesional y ético de los funcionarios públicos, el que ciertamente debería estar por encima del piso que establece nuestro ordenamiento jurídico. El generalizado desprestigio de la elite, no sólo política sino también económica y social, atañe a una cuestión de legitimidad más que de legalidad.
-¿Cuál fue la debilidad del gobierno, si la hubo, en la forma de enfrentar este conflicto?
-Que, como siempre, se intentó minimizar la gravedad de los hechos, escudándose en débiles explicaciones legales, suponiendo incluso que se trataba de un problema "entre privados". Estando involucrado el hijo de la Presidenta de la República, el que además cumplía funciones oficiales y protocolares en el Palacio de la Moneda, la renuncia de Dávalos tuvo que haber sido la primera reacción y no la última.
-¿Qué debería hacer el gobierno hacia adelante para evitar que el caso Dávalos lo siga afectando?
-La frontera y separación entre lo público y lo privado es quizás una de las áreas más frágiles de nuestra democracia. Se trata de un problema que se arrastra hace décadas, el que ciertamente se agravó en la gestión de Sebastián Piñera. Lo que corresponde es establecer con claridad los límites, diferenciando cada espacio, regulando mejor el lobby, los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y el financiamiento de la política. No queremos privatizar el espacio público, de la misma forma que tampoco deberíamos estatizar el mercado, y para eso hay que separar aguas.
-¿Qué le hace suponer que la forma como el gobierno resolvió el episodio Dávalos podría fortalecer a la presidenta, en contradicción a lo que opina la mayoría de los analistas y dirigentes del oficialismo?
-Lo mío fue una apuesta, la que obviamente depende de las palabras y conducta que Bachelet tenga ahora respecto de este caso. Si lo que ella promueve, en definitiva, es la transparencia radical, tolerancia cero a las conductas impropias de los funcionarios públicos y establece un estándar que dignifique el servicio público -todo aquello ejemplificado con la renuncia de su propio hijo- obviamente que saldrá fortalecida. Incluso más, será evidente el contraste con la conducta de muchos de los dirigentes de la oposición relacionados a hechos bastante más graves y cuya conducta ya raya en la indignidad.
-Si en la investigación que inició la Fiscalía de la VI Región por el caso Caval se acreditara que existió tráfico de influencia, ¿cuánto cambia el escenario para la mandataria?
-Insisto. Todo depende de la forma en que se enfrente el problema. Si se acreditara tal delito y el gobierno actuara con severidad ante los involucrados, sin distinción alguna, se daría una contundente señal de que nadie está por encima de la ley. Si por el contrario, se ensaya nuevamente una estrategia del empate, intentando proteger a los funcionarios públicos eventualmente involucrados, obviamente esto se podría transformar en un problema político mucho más serio. Las crisis deben ser afrontadas con instrumentos acordes a la envergadura del problema. Y eso, siempre doloroso, es lo que la derecha no termina por entender.
-¿Qué efectos tendrá para la UDI no hacerse cargo de lo que a ellos les compete en este momento a raíz del caso Penta, cuando además se lo piden los mismos socios de RN?
-Un viejo dicho popular dice que más vale ponerse colorado una vez, que cien veces amarillo. Mientras la UDI siga en una estrategia de control de daños, enarbolando un discurso que resulta abiertamente contradictorio con su conducta cotidiana, el problema sólo se agravará. RN está siendo arrastrada al fango de Penta, pero nada podrá hacer para evitarlo mientras la UDI no corrija el rumbo. Finalmente, y como decimos los abogados, lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
-¿Cabe una teoría del empate entre los casos Penta y Dávalos?
-Si bien se trata de dos situaciones que merecen un severo reproche por parte de los ciudadanos y donde la justicia se pronunciará en definitiva, no hay punto de comparación, ni en su gravedad, ni en su magnitud. Quienes equiparan ambos casos no han entendido nada sobre la gravedad de lo revelado tras el caso Penta.
-¿Cuánto podría afectar a la institucionalidad política el desprestigio que acarrean estos casos?
-A ratos se confirma esa intuición de que siempre las cosas pueden estar peor. El nivel de descrédito y sospecha hacia nuestra institucionalidad política está llegando a niveles preocupantes, cuando no peligrosos. Pese al clamor de muchos, y desde hace ya varios años, hemos actuado con liviandad y mezquindad frente a esta cuestión, lo que obviamente acarreará costos que pagaremos todos en el futuro. La generalizada desconfianza que impera en nuestra sociedad hacia la elite en general, es un real obstáculo para el desarrollo del país en las próximas décadas.
-¿Cree que el actual escenario político sería propicio para la aparición de los llamados líderes populistas, como efecto de estos casos?
-El deterioro institucional, el desprecio por la actividad política, incluyendo a todos los organismos del Estado y los partidos, y la desesperanza de que en torno a éstos pueda articularse un cambio para las personas que viven situaciones objetivamente injustas, promueve un mayor interés por los liderazgos individuales, más centrados en las características personales que en sus ideas o apoyos institucionales. El hecho de que Marco Enríquez-Ominami y Manuel José Ossandón lideren hoy las encuestas para una posible candidatura presidencial, es el síntoma más visible del fenómeno que describo. Ambos, sin necesariamente catalogarlos de populistas, son outsiders del sistema.
-¿Qué otros efectos podría acarrear esta situación?
-Lo que hemos observado en otros países que han transitado por caminos similares: escasa representación de los partidos, baja participación electoral, la incapacidad de la política para articular cambios y acuerdos, proliferación de grupos y movimientos al margen del sistema, poca credibilidad de los principales agentes estatales y privados, mayor fragmentación de los intereses y demandas, una alta judicialización de los conflictos sociales y menor reproche al uso de la fuerza para visibilizar demandas y resolver problemas.
-¿Cree que Chile está al borde una crisis institucional?
-No, pero sí creo que estamos entrando a un estado de 'asepsia institucional'. Es decir, nuestra política está cerca de incumplir su más e importante promesa: ser un legítimo instrumento para administrar nuestras diferencias y organizar la convivencia colectiva, donde supeditemos los intereses individuales a un bien común validado en forma social y democrática.
-¿Cómo debería enfrentar la clase política la actual situación. Habría que avanzar hacia medidas ejemplificadoras como perdida del cargo?
-La batería de medidas y regulaciones han estado sobre la mesa desde hace muchos años. Sin embargo, el hecho de que las conductas impropias e infracciones se verifiquen de manera transversal, muchas de ellas asentadas de larga data en nuestro sistema público y privado, hacen extremadanamente difícil que los cambios se promuevan desde adentro, donde impera un instinto de protección y solidaridad corporativa. La lista de abusos sin sancionar, en todo orden y ámbito, es lo suficientemente larga para que legítimamente se sospeche que las cosas permanecerán igual. Sigo creyendo que la única alternativa es echar mano a un liderazgo que teniendo una representación institucional, goce de la confianza ciudadana suficiente para hacer creíble dicho esfuerzo. Por eso todavía sigo apostando al rol que pudiera jugar Bachelet en esta materia.
"Peñailillo actuó bien"
-Durante la semana más compleja del llamado caso Dávalos, la única autoridad de gobierno (y del oficialismo en general) que enfrentó el episodio fue el ministro del Interior, ¿qué efectos puede tener para su imagen?
-No sólo fue uno de los pocos en aparecer, sino que además mostró una conducta coherente con la que se espera de un jefe de gabinete, al tomar distancia de las relaciones personales de los involucrados y apelar a un criterio más de Estado. Peñailillo actuó bien porque marcó una diferencia entre la política profesional y la relacional, pero además lo hizo en contra del hijo de la propia Presidenta de la República, lo que habla de su mayor poder y autonomía.
-¿Cómo quedan los principales dirigentes del oficialismo que no enfrentaron la crisis dada su ausencia?
-Mientras se baraja nadie pierde. Los que ayer callaron hoy tendrán la posibilidad de hablar cuando las cosas están más claras y el riesgo a equivocarse es menor. En todo caso, el impacto de sus dichos será más bien irrelevante y capitalizarán sólo quienes ejercieron liderazgo cuando se necesitaba.
-El (esperado) cambio de gabinete podría ayudar a cambiar el foco de la polémica
-Habría que sugerírselo a la UDI...(ríe). Los cambios de gabinete siempre contribuyen comunicacionalmente a distraer y distender estas polémicas, aunque espero que si ello ocurre sea por razones más importantes e urgentes que atañen a los problemas de diseño político y gestión del gobierno.
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