Justo 23 votos. Esa es la cifra con que contaba el gobierno este martes para aprobar el proyecto de reforma al sistema electoral binominal y dar un significativo paso en la tramitación de la iniciativa. Por ello, es que los negociadores del Ejecutivo se desplegaron por la Cámara Alta durante toda la jornada para que ninguno de esos sufragios se cayera durante el curso de la votación -que al cierre de esta edición continuaba desarrollándose. Un proceso que también incluyó una frustrada propuesta de última hora de la derecha para subirse al acuerdo.
Así cada voto era imprescindible para asegurar la aprobación del proyecto y a pesar que, desde muy temprano, el gobierno enviaba señales de tranquilidad en cuanto a que la iniciativa sería aprobada, sus negociadores se dedicaron a marcar a quienes podrían restarse del acuerdo. Una misión que cumplió, entre otros, el brazo derecho del ministro de Interior Rodrigo Peñailillo, Robinson Pérez.
Ese fue el foco del trabajo de Interior, porque aparentemente el gobierno no estaba dispuesto a abrir -a esas alturas- un espacio para negociar con RN y la UDI. Ello quedó de manifiesto, cuando iniciada la sesión -pasadas las 13:00 horas- los senadores Francisco Chahuán (RN) y Hernán Larraín (UDI) se acercaron a Peñailillo para ofrecerle la posibilidad de un acuerdo, que el jefe de gabinete rechazó.
La idea se gestó tras una serie de reuniones de los representantes de la Alianza. El principal aspecto de la propuesta apuntaba a aceptar los 50 senadores que plantea el proyecto, pero con una distinta distribución de escaños. El planteamiento de la Alianza mantenía el binominal en la Cámara Alta en 11 regiones a diferencia de la iniciativa del gobierno que lo mantiene sólo en cuatro.
Asimismo algunos parlamentarios independientes estaban dispuestos a reponer la indicación que fue rechazada en la comisión de Constitución del Senado y que apuntaba a adjudicarle 3 senadores a cada circunscripción, llegando a un total de 45. La iniciativa liderada por el independiente Antonio Horvath -requería 10 firmas para reingresar la indicación en la Sala, las que no había conseguido hasta el cierre de esta edición- produjo inquietud en las filas de la NM, pues dicho parlamentario era considerado el voto 23 para aprobar el proyecto. Por lo mismo algunos senadores se acercaron a Peñaillo para expresarle su preocupación respecto del apoyo de Horvath; no obstante el ministro mantuvo su postura asegurando que que el senador había asumido un compromiso.
Todo esto sucedía cuando aún no se comenzaba a votar la parte más compleja, que tiene que ver con la composición de la Cámara y el Senado. A lo que se suma otro tema debatible, como es la creación de partidos políticos regionales. Un legislador oficialista adelantó que "ahí va a estar la pelea". Desde la Alianza compartían esta mirada porque anunciaban rechazo a ese artículo. Al cierre de esta edición se aseguraba que el proyecto se discutiría hasta total despacho.
Reforma constitucional para perder el cargo
Los presidentes de partidos y jefes de bancada de la Nueva Mayoría se reunieron ayer martes con la ministra de la Segpres Ximena Rincón para abordar aspectos del proyecto de financiamiento de la política y la necesidad de generar sanciones a quienes burlen la Ley Electoral.
El tema de las sanciones es primordial para algunos de los dirigentes oficialistas; sin embargo, el problema que se produciría es que la sanción más drástica que se pide es la pérdida del cargo, en el caso de quienes hubieran resultado electos, pero eso requiere –explica un dirigente- una reforma constitucional y para eso no estarían los votos, pues se requiere de un alto quorum.
Tras participar en la reunión, el senador Alejandro Navarro (MAS) señaló que la ley de financiamiento debe ser "el instrumento para enfrentar esta crisis", aludiendo al caso Penta, aunque aclaró que la iniciativa ingresada al Congreso "evidentemente que no es suficiente".