El gobierno y los equipos técnicos ya comenzaron a trabajar en las indicaciones que introducirá al proyecto de reforma tributaria. Si bien ayer en la reunión en Hacienda se produjo el primer acercamiento formal, el gobierno ya trabaja en algunas precisiones para evitar que el sistema parcialmente integrado se transforme en un nuevo Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).
Según fuentes cercanas al proceso, una de las medidas que trabaja Hacienda sería el limitar el uso de las utilidades reinvertidas sólo para activos productivos de la misma empresa, es decir, que los recursos que genera una compañía de un determinado rubro reinvierta en esa misma firma.
Con esto, el gobierno busca evitar que se utilice el sistema parcialmente integrado para evadir el pago de impuestos a través del proceso de reinversión y, a la vez, quiere asegurar que los recursos tengan como fin, impulsar el desarrollo de la inversión.
Otro de los planteamientos que está sobre la mesa de Hacienda para la discusión, es el fijar límites de plazos para que la empresa reinvierta sus utilidades. Dentro del análisis del gobierno se encuentra el establecer un rango entre tres a cinco años. Para los senadores de oposición, este último punto no estuvo dentro del protocolo de acuerdo, por lo que esperan que no prospere en el proceso de indicaciones.
El senador José García Ruminot (RN) sostuvo que “cualquier plazo que se fije puede resultar insuficiente, ya que en general los proyectos de inversión se realizan en un período de largo plazo”.
En ese sentido, afirmó que es preferible centrar la discusión no en la restricción de años, sino que esa inversión “sea productiva, financiera y no ficticia”.
Asimismo, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) también indicó que dentro del protocolo no se estableció un período, porque los proyectos en general no se concretan en el corto plazo. De todas formas, ve espacio para avanzar en establecer en qué se reinvierten la utilidades. Mientras que el senador Carlos Montes (PS) acotó que se debe acotar el margen de acción para que las empresas no reinviertan en cualquier actividad.
La visión de los expertos
El economista Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, puntualizó que el fijar plazos y límites en qué reinvertir las utilidades es un incentivo para que las empresas prefieran optar por el sistema de renta atribuida voluntaria. “El hecho de colocar un plazo a una reinversión y además poner límite en qué reinvertir va haciendo menos atractivo para las empresas acogerse a un sistema parcialmente integrado”. Agregó que otra de las falencias es que hace que “este sistema sea más costoso para la empresas, haciendo más atractivo el sistema de renta atribuida”.
Hans Caro, socio de RSM Chile Auditores, acotó que “si bien el fijar plazos estáticos en economías modernas y ágiles resulta poco oficioso, ellos debieran responder como mínimo al retorno esperado en los procesos de reinversión”. En esa línea, añadió que “la compra de un activo importante puede generar retorno en tres años, pero una inversión en infraestructura podría demorar 10 años”.
Con respecto al establecer límites sobre los instrumentos en los cuáles se podrá reinvertir, Caro añadió que “las limitaciones al uso de esta herramienta deberían estar orientadas al gasto o distribución de flujos a contribuyentes finales. Por ello, resulta redundante y poco eficiente establecer más restricciones, ya que según lo indicado, el correcto uso de esta herramienta debe ser fiscalizado por la autoridad”.
Juan Pablo Cabello, de Cabello, Letonja & Cía, calificó “como poco relevante” que la discusión se centre en determinar “si se invierte en maquinarias o en el mercado de capitales, ya que tanto el ahorro como la inversión directa es beneficiosa para la economía”.
Apuntó que para evitar que las reinversiones se vayan a un paraíso fiscal, se debe fortalecer la fiscalización del SII. “El foco debe estar puesto en la fiscalización y no necesariamente en el destino de esos recursos”.
Privados se abren a limitar a 8 años registro de utilidades reinvertidas
El protocolo de acuerdo firmado por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y los senadores de la comisión de Hacienda, señala sólo en su primer párrafo que "se incorporará -con sus debidas normas de control destinadas a evitar posibles focos de elusión tributaria- un sistema parcialmente integrado de tributación", sin especificar mecanismos de control. Para los parlamentarios del oficialismo, la redacción de este punto en el protocolo debe ser correctamente zanjada en "la letra chica" de las indicaciones que los técnicos del gobierno y la oposición trabajan de manera reservada, para ingresar en la discusión en particular de la reforma en la Cámara Alta. Esto con el fin de evitar focos de elusión, ya que el nuevo sistema semi integrado abriría en la práctica espacios para la generación de un nuevo Fondo de Utilidades Tributables (FUT), al mantener un tratamiento tributario diferenciado para las utilidades reinvertidas y retiradas, en lo relativo a la posibilidad de diferir el pago del impuesto global complementario. Trascendió que en Teatinos 120 escucharon la aprensión de los legisladores y están estudiando poner un límite de tiempo, entre tres y cinco años, para que las personas -al retirar utilidades- puedan usar el crédito del 65% del impuesto de primera categoría (tasa de 27%), que ya pagó la empresa. Dicen que con ello se acabaría el beneficio del crédito y se evitaría que las utilidades no retiradas posterguen indefinidamente el pago de impuestos. En el FUT actual las utilidades quedan registradas sin límite de tiempo. Sin embargo, una fuente vinculada al empresariado que sigue de cerca esta discusión, dice que, si bien el sector corporativo no es partidario de poner trabas a la reinversión, se plantearía al gobierno un límite de hasta ocho años para que las personas puedan usar el crédito. La misma fuente confirmó que este tema es uno de los más complejos de protocolo, por lo que será zanjado en la última etapa de las conversaciones.
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