Hasta La Moneda llegaron ayer -por separado- la presidenta del Senado, Isabel Allende (PS), y los jefes de la bancada de diputados PC-IC con un mismo fin: solicitarle al gobierno que incluya severas sanciones a los parlamentarios que infrinjan la ley electoral, ya sea para quienes gasten más de lo permitido, reciban aportes de personas jurídicas (empresas), o emitan boletas de servicios no realizados. Esta sanción apunta derechamente a la pérdida del escaño.
La indicación propuesta por los parlamentarios debe ser enviada por el Ejecutivo, quien se abrió a estudiarla jurídicamente para incluirla en el proyecto de ley sobre transparencia y fortalecimiento de la democracia y financiamiento de los partidos políticos que se está discutiendo actualmente en el Parlamento.
En esa línea la presidenta del Senado fue enfática en señalar que se debe sancionar con todo el rigor de la ley a los parlamentarios que incurran en estas prácticas: "hemos planteado que si en una próxima elección vuelve a ocurrir que haya boletas por servicios no prestados, que entrega un candidato a una empresa para que le entregue recursos y esa entidad después descuente impuestos, pierda el cargo", expresó, agregando que también debe ser una causal cuando el candidato exceda el límite de gasto legal, que, además, sugiere debe ser fuertemente reducido. La senadora argumentó que el desprestigio que vive actualmente la política ante la ciudadanía obliga a ser más rigurosos y severos, con el fin de cuidar la democracia.
Propuesta del PC
Pocos minutos después, llegaron hasta Palacio los diputados del PC, Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, quienes se entrevistaron por cerca de 15 minutos con la ministra secretaria general de la presidencia, Ximena Rincón, para plantearle los mismos puntos que la senadora Allende. Los diputados también agregaron que debiese ser causal de pérdida del escaño, que los parlamentarios reciban aportes de empresas, que según la nueva ley, estarían prohibidos. "Es necesario que cuando haya un exceso del gasto electoral, o cuando haya un financiamiento de personas jurídicas hay que dar claridad de que cuando el parlamentario reciba ese financiamiento excesivo o de personas jurídicas pierda el escaño. Hay una sensación de que esto tiene que ser una realidad jurídica", expresó Gutiérrez.
El gobierno recogió esta propuesta y puso a trabajar de inmediato al equipo jurídico para analizar cómo incluir-mediante una indicación- estas nuevas y severas sanciones que no se contemplaban en la actual legislación. Varios legisladores coinciden en que hoy, por ejemplo, muchos candidatos prefieren gastar más de lo permitido, pagando una multa menor, cuestión que cambiaría con este nuevo escenario.
Desde la DC también apoyaron la iniciativa, lo que hacer prever un pleno respaldo de la Nueva Mayoría.