Desigualdad territorial: Un duro retrato de Chile
Si en Las Condes hay 144 sucursales bancarias, en La Pintana hay dos. El último Índice de Calidad de Vida Urbana dice que en Chile más de la mitad de las comunas urbanas tiene un nivel objetivo de calidad de vida medio-bajo, o bajo.
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Acceder al descuento de la semana en una farmacia. O comprar algún producto con una rebaja exclusiva en un supermercado. O pedir comida por aplicaciones de delivery. No todo el territorio nacional tiene acceso a este tipo de servicios.
Por estos días, el libro Siete Kabezas del arquitecto Iván Poduje ha dado que hablar en círculos intelectuales y políticos. En un descarnado ensayo, el urbanista da cuenta de la desigualdad territorial y cómo eso afecta la vida de los habitantes sin servicios, lo que se vio agravado con la destrucción de infraestructura tras el estallido social de 2019.
Pero esta realidad es de larga data y cada cierto tiempo se vuelven a hacer los diagnósticos. Lamentablemente, poco se ha avanzado en soluciones concretas, dicen expertos.
“Tenemos un sistema de financiamiento altamente centralizado. El 90% de la inversión pública se define en ministerios sectoriales. No hay una planificación de ciudades, no tenemos la figura de un alcalde mayor, o al menos una Asociación de Municipios que trabaje en coordinarse como comunas”, dice Arturo Orellana, académico del Instituto de Estudios Urbanos UC y director del Índice de Calidad de Vida Urbana.
Y continúa: “Se levantan viviendas sociales. Pero todas en el mismo lugar, al final lo que hace es que una comuna que ya era pobre, tenga más gente pobre”. Finalmente apunta, es el mercado el que termina densificando. A más patentes municipales se paguen, los municipios tienen más recursos para reinvertirlos en áreas verdes, mejora para conectividad, y ornato.
La mayoría de las empresas que pagan patentes municipales se instalan en un puñado de comunas. Las diferencias son brutales.
Según información recabada por la firma Equifax-Mapcity, si en Las Condes hay 25 supermercados, 114 farmacias, 224 establecimientos privados de educación pre, básica, media y superior y 459 clínicas o centros médicos particulares; en Cerro Navia, por ejemplo, hay: 2 supermercados, dos farmacias, 11 instalaciones de enseñanza privada y cinco de salud privada.
La explicación tras esto es pura y objetiva: el mercado. “Equipamientos como supermercados o farmacias se posicionan en un determinado lugar por el potencial de compra que tengan. Mientras más personas transitan por una zona, más visibilidad tiene cada local y hay más probabilidades de que se concrete una compra, lo que hace que sea más atractiva”, dice Nelson Betancourt, líder de Studio Geo de Equifax-Mapcity.
Sin embargo, apunta, es posible que se observe un cambio de tendencia en la localización de algunas tiendas a partir del surgimiento de las dark stores, “donde no se hace tan relevante estar en una localización muy transitada, sino donde la accesibilidad y la cercanía a los consumidores sea mayor”.
Pero las cifras también revelan una desigualdad en servicios que hoy son cada vez más básicos, como el internet o los bancos.
Datos de la Subtel apuntan a que, si bien el promedio de cobertura a banda ancha fija en la Región Metropolitana es de 73% de la población, mientras en comunas como Vitacura supera el 95%, en La Pintana está cercano al 30%.
Según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en El Bosque hay tres sucursales bancarias, en Independencia ocho, y en La Pintana, dos. En Las Condes suman 144, en Providencia otras 68 y en Vitacura alcanzan las 47.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, cree que este es un tema que debe quedar impregnado en la nueva Constitución. “Hay un diagnóstico compartido por todos los sectores políticos: esto es inaceptable”, dice el jefe comunal. No hay una estrategia nacional de desarrollo igualitario de los territorios, apunta.
“Eso puede ser incorporado a la nueva Constitución, con acciones afirmativas a favor de zonas pobres, con alta población migrante, originaria o las conocidas como zonas de sacrificio. En Chile, no todos nacemos iguales, como dice la actual Constitución, y hay que tender a ello”, agrega.
En su comuna, de 130 mil habitantes, hay un solo cajero automático, no hay una sucursal de Fonasa, ni siquiera una notaría. “En Ñuñoa, por ejemplo, el presupuesto per capita que tiene esa comuna es de $ 650 mil ¡Cuánto podría hacer yo por mis vecinos si tuviese ese presupuesto! Y con eso llegaría más provisión de servicios privados”, dice el alcalde.
¿Cómo se soluciona? Claramente la receta mágica no existe pero, dice Pia Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, la figura del gobernador regional podría mejorar en algo las cosas, siempre y cuando se definan rápido cuáles serán sus tareas, y sobre todo, su poder para financiar proyectos.
“La descentralización no es un fin último, pero sí es un camino al desarrollo. La redacción de una nueva Constitución es un buen momento para plantearlo. Hay que otorgar poder real y distribuirlo de manera efectiva”, dice Mundaca.
Porque además, apunta, junto con la sabida inequidad entre regiones, hay fuertes desigualdades intrarregionales.
“La descentralización no es solo el Estado, eso es el desde. También debe incorporar a los privados, ellos deben entender que mientras más aporten a los territorios, les significa tener una mejor imagen, vivir más cerca de los trabajadores. Eso sí, el mercado no va a reemplazar nunca el rol del Estado, y tiene que ponerse las pilas”, apunta la directora de Espacio Público.
“Empoderando a la ciudadanía”, receta Arturo Orellana. “Lo impresentable es que la provisión de bienes del sector público sean de distinta calidad en Las Condes, que en La Granja, cuando la focalización debiera estar en esta última”, agrega.
En regiones, la situación es igual o más crítica que en la Región Metropolitana. Según el último Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), 39% de las comunas del país medidas, tienen una calidad de vida baja, otro 18% alcanza un indicador de medio bajo. Es decir, más de la mitad del país tiene un bajo nivel de acceso a educación, servicios, comercios, condiciones laborales y de conectividad, de una calidad siquiera aceptable.
El restante 42% tiene un nivel medio-alto o alto.
El líder de este estudio que hace la UC en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, Arturo Orellana, dice que existe el prejuicio de que los municipios no serían buenos administradores si se les pasaran más recursos. “Hay muchos estudios que revelan que eso no es así”, destaca.
“Hay indicadores objetivos de calidad de vida: áreas verdes, escuelas, tiempo de traslado. Pero en el plano subjetivo, cuando la gente percibe que por nacer en un determinado lugar eso marca su futuro, y arruina sus sueños, es donde se generan desigualdades entre los mismos habitantes de un territorio, y tenemos escenas como la del estallido social”, recalca.
Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, comuna aledaña a Iquique y creada hace 16 años, recalca que existe un fuerte centralismo regional a la hora de repartir los recursos.
“Nosotros tuvimos que luchar por instalar un hospital, un cementerio, un registro civil”, explica. Solo en su comuna, pasaron de tener una población de 3 mil personas, a 130 mil habitantes en diez años. No hay restaurantes de cadena en la comuna, ni mall y solo cuatro supermercados.
“El punto de inflexión para mejorar la comuna es el desarrollo económico”, dice, defendiendo un proyecto ampliamente postergado en la zona, como ocurre con varios en muchas partes del país.
“Hace muchos años se está tratando de desarrollar el corredor bioceánico, que uniría Brasil, Argentina, Paraguay y Chile para exportar por el Pacífico. Todavía estamos luchando por ese proyecto, lo que queremos es poder descentralizarnos de Iquique, y ofrecer espacio para desarrollos industriales, que sobran en la comuna”, dice el alcalde de la comuna nortina.
“Y en Santiago están pensando ya en la Línea 9 del Metro”, dispara.