Tras 12 años de tramitación, el 14 de junio del año pasado el Congreso despachó la Ley para la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el cual representa el último componente pendiente en la institucionalidad ambiental chilena, siendo promulgada el 21 de agosto y publicada el 6 de septiembre. A casi un año de su entrada en vigencia, la implementación está en marcha y ya se aproximan pasos clave.

El primer movimiento se dio el 9 de marzo pasado con la emisión del primer Decreto con Fuerza de Ley (DFL) que fija la planta de directivos del servicio, y regula otras materias a las que se refiere el artículo primero transitorio de la ley 21.600. Y, el 23 de abril de este año, el Presidente de la República nombró a la asistente social y Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la PUC, Patricia Ibáñez Crino, como la primera directora nacional del SBAP, cumpliendo así con una de sus etapas fundacionales.

El Gobierno está trabajando paralelamente en dos aspectos: primero, en la instalación del servicio propiamente tal y, segundo, en los aspectos jurídicos necesarios para su entrada en funcionamiento. Sobre lo primero, las principales tareas implican generar las condiciones administrativas, presupuestarias y de diseño organizacional, a través -por ejemplo- de la elaboración de los DFL que establecen las bases para la fundación del SBAP.

De hecho, el decreto ya publicado es uno de los tres que deben ser emitidos. Pero, además, deben emanar más de 10 reglamentos sobre biodiversidad y otros tres reglamentos de organización interna y laboral. Consultada, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, adelantó a DF que esta semana ingresan los dos primeros reglamentos a consulta pública: el de planes de recuperación y gestión de especies, y el del comité científico asesor del nuevo servicio. 

“Este último punto es muy relevante, porque este es un servicio que nace en 2024, es decir, estamos trabajando para que sea moderno, diligente y que se acompañe de la mejor ciencia disponible para la toma de decisiones”, enfatizó.

Rojas también precisó que “hay que considerar que este servicio se sustentará en directivos seleccionados por Alta Dirección Pública, es decir, perfiles ejecutivos altamente calificados. En esa línea, prevén tener este año los primeros concursos para cargos clave a nivel nacional y regional del servicio, así como las primeras compras públicas para su instalación. “Comprendemos que es importante demostrar concretamente que este servicio es ágil, moderno y con buena gestión”, dijo.

En el camino de implementación, recalcó que “hoy no existen atrasos y que la ley contempla una serie de plazos para diferentes procesos”. Para septiembre de 2024, todos los decretos con fuerza de ley debieran estar emitidos. El próximo año se cumple el plazo legal para tener aprobados los reglamentos y el decreto de Sitios Prioritarios. Y hay un plazo de cinco años para la homologación de áreas protegidas.

El avance, según expertos

El socio de Moreno Sáez y Avilés, Emanuel Ibarra, señaló que la ley determinó que debe dictarse un gran número de reglamentos, lo que implica bastante trabajo para el Ministerio del Medio Ambiente. “En ese contexto, se deben evitar los atrasos para que no ocurra lo sucedido con la Ley de Plásticos y Productos de un Solo Uso. También serán claves los criterios que comience a entregar el servicio en temas relevantes como las definiciones acerca del artículo 41 de la ley (humedales que son sitios prioritarios), porque ello será fundamental en la estrategia del litio”, advirtió.

Mientras, el socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, Ignacio Urbina, comentó: “Estos procesos toman tiempo. Por ejemplo, cuando se creó la SMA, en 2010, transcurrieron cerca de 10 meses para la designación del primer superintendente, y entre dos y tres años para la dictación de los reglamentos más importantes. Comparando, el SBAP está teniendo una implementación dentro de los plazos esperables”.

La región toma el protagonismo: COP 16 de Biodiversidad se realiza este año en Colombia

Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, se realizará la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP 16), en Cali, Colombia, siendo la antesala del protagonismo que tomará América Latina en estas conferencias mundiales. “Este y el próximo año son muy importantes para la región, porque seremos sede de la COP de Biodiversidad este año y de la COP de cambio climático el próximo, en Brasil”, reafirma Rojas.

- Considerando que Chile logró tras una década una ley en esta materia, ¿con qué mensaje se llega a la COP 16?

- En esta COP se espera que los países reporten sobre la implementación del Marco Global de Biodiversidad y, en esa línea, Chile va a mostrar la implementación de la protección efectiva del 30% de los ecosistemas al 2030, o meta 30x30.

- ¿Cuál es la relevancia de esta COP 16, a diferencia de las versiones anteriores?

- Si bien la anterior COP 15 de Biodiversidad de 2022 fue un hito clave por la adopción del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que puede ser homologable en importancia con el Acuerdo de París del Convenio de Cambio Climático, la COP 16 de octubre es de especial relevancia para nuestro país, porque se realizará en América Latina, donde se encuentra cerca del 60% de la biodiversidad global. No solo tenemos la oportunidad de presentar nuestros avances en la protección y gestión de nuestra biodiversidad, sino que también podemos mostrar al mundo la importancia de la diversidad de nuestros ecosistemas y especies, los cuales son únicos por su historia evolutiva.- ¿Qué diferencias tiene respecto a la COP que aborda compromisos climáticos?

- Son dos de las problemáticas que se decidieron abordar de manera separada durante la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992, donde nacen los Convenios de Cambio Climático y Diversidad Biológica. Sin embargo, la evidencia científica nos muestra que estas crisis tienen muchas convergencias, por lo que deben ser abordadas de manera conjunta. Para adaptarnos al cambio climático, es fundamental detener la pérdida de biodiversidad.