Los cortes de electricidad que llevaron al Gobierno a iniciar el proceso de caducidad de la concesión de Enel Distribución en la Región Metropolitana, han sido un golpe fuerte para la compañía de capitales italianos. Porque adicionalmente del proceso que está llevando a cabo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en las próximas semanas tendrá que enfrentar al mercado, en medio de definiciones internas respecto a lo que hará la compañía con sus proyectos de inversión. A esto se suma la arista penal, donde se investiga si la muerte de tres electro dependientes durante los cortes de agosto, se debieron a la falta de suministro eléctrico.
Esta última arista es la que ha mantenido expectantes a los ejecutivos de Enel, chilenos e italianos. De hecho, se conformó en Italia un comité que toma las decisiones de los pasos a seguir en todo orden: corporativo, legal y comunicacional; el cual ha estado definiendo el regreso a Chile de los ejecutivos italianos que se encontraban de vacaciones.
Este comité es el que, con los insumos que le envía el equipo legal chileno, define si es oportuno que regresen o no, especialmente cuando se ha abierto una arista penal, que podría complicar a los responsables de las decisiones.
Recién hace unos días regresó a Santiago el gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turchiarelli, quien lo hizo tras el visado del comité en Roma, que analizó con detención a qué situación legal se podría enfrentar en materia penal.
Directores italianos de la filial de Enel Distribución han permanecido en Italia y no vendrán a las visitas periódicas a Chile, debido a la incertidumbre que les genera la investigación y hasta que no tengan mayor claridad de que no enfrentarán alguna orden judicial que los deje retenidos en el país.
Según fuentes cercanas a la investigación, la complejidad dependerá primero de los resultados de las diligencias, que deben establecer si Enel tiene algún tipo de responsabilidad en las muertes de los electro dependientes. Son tres casos detectados por la compañía, cuya información fue entregada a la Superintendencia de Electricidad de Combustible, la cual derivó los antecedentes al Ministerio Público. En estos días se iniciaron las diligencias por parte de la Brigada de Homicidio para definir las causas de la muerte y si se pueden atribuir a los cortes de electricidad.
A estos casos se suma un cuarto denunciado por familiares de una víctima, cuya investigación está a cargo del fiscal Cristián Toledo, de la Fiscalía de Delitos Violentos. Según antecedentes entregados por la Fiscalía Metropolitana Sur a Señal DF, la Brigada de Homicidios informó que el corte de luz habría tenido implicancias en el fallecimiento de la persona, porque a raíz del corte de electricidad se tuvo que restringir el oxígeno que se le administraba, lo que le habría provocado la muerte.
La Fiscalía estaría en estos días definiendo agrupar todas las causas.
La arista penal tiene a todos en vilo. La responsabilidad de Enel se sustentaría en que no habría incurrido en todo lo necesario para hacer cumplir la "Ley Lucas Riquelme" N°21.304, publicada el 12 de enero de 2021, que obliga a las empresas concesionarias a adoptar medidas técnicas para mitigar las interrupciones de suministro para los pacientes electro dependientes, calificando la infracción como grave.
Enel hace cumplir esta ley a través de un registro de electro dependientes a quienes mantiene monitoreados y entrega generadores cuando se producen cortes. A quienes están en una situación más crítica –es decir- que están en zonas más aisladas o de difícil acceso, les entrega un generador permanente.
Esta definición es distinta a la que han adoptado empresas como CGE y Saesa que han entregado generadores a todos los electro dependientes que se han registrado.
La responsabilidad de Enel –a juicio de fuentes cercanas a la investigación- estaría en que no entregó a cada electro dependiente un generador, y que eso sería responsabilidad de quienes toman las decisiones de implementación de la ley y las administrativas respecto a este tipo de gastos. Al ser consultada, Enel no quiso referirse a su política frente a los electro dependiente.
Mientras esta arista no defina bien las responsabilidades, desde Roma han decidido que los ejecutivos italianos no se expongan con viajes a Chile.
Inversionistas atentos
Pero no es la única preocupación. La compañía también está definiendo el relato que entregará a los inversionistas en estos meses que quedan de año, donde tiene una cargada agenda de compromisos.
El próximo 2 y 3 de octubre es el JP Morgan Southern Cone & Andean Conference, del 8 al 10 de octubre se desarrollará el BTG Pactual Latam CEO Conference y el 29 de octubre será la publicación de los estados financieros del tercer trimestre, momento en que también se producirá el tradicional conference call con analistas.
A esto se suma que en noviembre se desarrollará el Investor Day, que es la oportunidad en que la compañía da a conocer su plan trienal de inversiones.
La compañía está preparando las respuestas que dará a los analistas e inversionistas cuando le pregunten sobre los efectos que tendrá una eventual caducidad de la concesión, la cual avanza en su tramitación. Según las fuentes, la respuesta será clara: mientras el proceso se esté llevando a cabo, la compañía mantendrá en stand by cualquier movimiento que implique nuevas inversiones.
El asunto, es que el proceso de caducidad de la concesión puede tardar por lo bajo 18 meses, es decir, puede tomar todo el 2025 y parte del 2026.
Eso pondría mucha presión a Enel. El año pasado, en su Investor Day anunció para el trienio 2024-2026 un importante crecimiento en su plan de inversiones para Chile: un total de US$ 2.300 millones, un incremento desde los US$ 1.700 millones del anterior plan, que comprendía el trienio 2023 a 2025.
El plan consideraba que el 44% de las inversiones se destinarían al desarrollo de proyectos de energías renovables, como la solar fotovoltaica y la eólica. Sin embargo, otro 25% sería destinado a tecnologías de almacenamiento, tecnología que se transformará en uno de los principales focos de crecimiento para la compañía, ya que anteriormente destinaba sólo un 9% de sus inversiones a esa área.
Fuentes de la industria indican que, debido a lo anterior, la compañía tendrá que tomar definiciones claras de aquí a noviembre cuando haga los nuevos anuncios, porque paralizar las inversiones hasta tener claridad de lo que pasará con su concesión podría perjudicar su posicionamiento en este tipo de tecnologías, que en estos próximos años serán rentables para quienes inviertan en ellas. “Llegar en tercer o cuarto lugar y no ser los primeros o segundos, puede marcar una gran diferencia”, explica una fuente.
Pero también Enel deberá informar qué pasó con el anunció que hizo hace un año en torno al plan para encontrar un partnership para proyectos de energía renovable, que les permita liberar entre US$ 500 millones y US$ 900 millones para expandir su inversión en estos tres años.
A inicios de este año, se gatilló el proceso de búsqueda, sobre el cual no ha habido novedades, por lo tanto los analistas esperan en el marco del Investor Day tener noticias. Fuentes de la industria señalan que esa instancia Enel tendrá que descubrir sus cartas.
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