Venta de WOM: ¿Y los activos del Estado?

Los hechos: durante el año 2020, WOM se adjudicó 4 concursos públicos de espectro radioeléctrico, un bien escaso, con obligación de dar cobertura de servicios de telecomunicaciones al país incluidas 365 localidades rurales. En ninguno de estos concursos internacionales ha cumplido los plazos establecidos en la licitación. Frente a ello el Estado de Chile se resguarda exigiendo boletas de garantía por la no ejecución íntegra y total del proyecto comprometido, quedando, además, dichas concesiones sujetas a una eventual caducidad por la no ejecución del proyecto comprometido.

Los incumplimientos de WOM, y el inicio de su proceso de Capítulo 11 en Estados Unidos, traen necesariamente a la memoria declaraciones de prensa del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, afirmando que si la empresa no ha implementado el proyecto comprometido, “arriesga la pérdida de la concesión; eso es lo que establece la ley y nosotros estamos para que se cumpla la ley”.

Difícil no estar de acuerdo con él, pero en estas materias, la celeridad es tanto o más importante que la convicción. WOM no ha cumplido con ninguno de sus proyectos técnicos desde hace ya más de 2 años, se debe recordar que se adjudicó 4 bandas de frecuencias para 5G, en los respectivos concursos en desmedro de sus competidores. Ahora sin haber cumplido con las obligaciones establecidas decidió acogerse al Capítulo 11 en Estados Unidos, y hace algunas semanas anunció un proceso de venta de sus activos, que incluye las respectivas bandas de frecuencias, proceso liderado por accionistas que, antes de acogerse al Capítulo 11, efectuaron un retiro de capital por US$ 340 millones.

Tal como lo expresado anteriormente, resulta preocupante que una entidad chilena, operadora de telecomunicaciones en Chile, con una serie de concesiones de servicio público otorgadas por el Estado de Chile, a través de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, al amparo de la Ley de Telecomunicaciones, inicie un proceso de este tipo en una jurisdicción que no sea Chile. Hoy estamos frente a esta incertidumbre.

Entonces es válido preguntarse:  ¿Qué  activos puede ofertar a terceros? ¿Cómo podría responder si el Estado ejecuta las garantías por el no cumplimiento de las bases de los concursos?, y si la autoridad hace uso de las facultades sancionatorias que por ley le corresponde aplicar,  ¿le correspondería al comprador hacerlo?

El Estado de Chile y su institucionalidad regulatoria de telecomunicaciones -reconocida a nivel internacional- no pueden ser burladas, menos aun tratándose de activos esenciales constituidos por concesiones del espectro radioeléctrico, definidas como bienes nacionales de uso público sujetos a una eventual caducidad, que sin duda afectaría a ese posible tercero adquirente.

En este contexto, y no sólo desde el punto de vista del regulador, quien además debe velar por la correcta prestación del servicio público en Chile y hacer efectivas las obligaciones que los operadores tienen al amparo de la Ley de Telecomunicaciones, es importante que empresas que prestan un servicio público en Chile, deben considerar  la utilización de nuestro marco legal para sus objetivos, y de esa forma, brindar certidumbre y confianza no sólo a nuestras instituciones, sino también a todos los chilenos.

Las boletas de garantía entregadas corresponden hoy a más de US$50 millones, las que no fueron ejecutadas en el momento que correspondía, es decir, al momento mismo de constatarse el incumplimiento de los plazos de despliegue de la red comprometida en la licitación del espectro radioeléctrico para 5G. Ello permitió que WOM pudiera iniciar procesos legales demandando al Estado de Chile ante el CIADI, suspendiendo judicialmente el cobro respectivo.

El cobro de las boletas de garantía no exime a WOM o su continuador de ejecutar las inversiones y desplegar toda la red pendiente, ello es esperado por miles de ciudadanos de zonas rurales o aisladas. Lo que complejiza aún más el panorama es que, según se ha sabido en los medios de comunicación, los únicos oferentes para comprar sus activos serían KKR, América Móvil y Telefónica, Mundo y los bonistas mismos. Se trata de actores mayoritariamente fijos, que seguramente deben estar viendo con más interés esos activos que los móviles, dado que la incertidumbre de las concesiones y la necesidad de inversión en las redes para cumplir los concursos es enorme.

En atención a lo expuesto anteriormente, es esencial que se cumplan las bases de los concursos públicos que se adjudican y, cuando corresponda, se recuperen las concesiones del espectro radioeléctrico, activos valiosos para el Estado de Chile, ya sea para nuevos actores o nuevas licitaciones. En caso contrario, se estará generando un peligroso precedente, con empresas que, pese a no haber cumplido sus compromisos y obligaciones, pueden además ofertar y tranzar con terceros concesiones que contienen bienes de todos los chilenos.