Luego que la presidenta Michelle Bachelet anunciara en el pasado discurso del 21 de mayo el reimpulso del proyecto de ley de AFP estatal, el cual se encontraba durmiendo en el Congreso desde octubre del año pasado cuando el propio Ejecutivo le retiró la urgencia simple, las dudas se apoderaron no sólo de los actores de la industria sino también de los expertos de la propia coalición de gobierno, respecto de cómo continuaría la tramitación de la iniciativa.
Hoy, aun cuando no hay definiciones, sí hay claridad en que se incorporarán algunas modificaciones al proyecto original.
En las últimas dos reuniones del Comité de Ministros el tema principal de análisis ha sido justamente la AFP estatal y no las propuestas de la Comisión Bravo.
La instancia, presidida por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, e integrada por los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; Segpres, Nicolás Eyzaguirre; Mideplan, Marcos Barraza, y Sernam, Claudia Pascual, junto a representantes de la Subsecretaría de Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones, se reunirá nuevamente la próxima semana y está contemplado que en dicha instancia se definan las modificaciones al proyecto, aunque la palabra final la tienen los ministros del Trabajo y Hacienda.
Hay hermetismo respecto al curso que podrían tener los cambios, pero un dato relevante es que ambos titulares no participaron en el proyecto enviado en 2014, el que tiene las firmas de Alberto Arenas, ex de Hacienda, y Javiera Blanco, entonces en Trabajo.
Las piedras en el camino
A la reunión del comité se suma, también para la semana que viene, un encuentro entre el ministro de Hacienda y la bancada parlamentaria de la Democracia Cristiana, precisamente para analizar este tema.
Valdés tendría claro que poner en marcha nuevamente la discusión de la iniciativa no será sencillo, ya que los reparos al proyecto no sólo provienen desde la oposición. Varias voces oficialistas han salido a cuestionar el anuncio, entre ellos Andras Uthoff, miembro de la Comisión Bravo y redactor del plan de gobierno en materia de pensiones, y Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Pensiones.
Por su parte, el presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, Patrico Vallespín, señala respecto de la iniciativa que el proyecto “si bien puede ser un aporte a la competencia, para garantizar mejores pensiones, es insuficiente. La AFP estatal sola no genera certezas”.
Desde el punto de vista técnico, la principal resistencia a la iniciativa es en términos de si esta lograría mejoras en competencia y cobertura. “Es una mala idea y un mal uso para recursos públicos escasos”, dice Eduardo Walker, académico de la PUC.
Otro flanco de la iniciativa es desde el punto de vista de los recursos. Mientras el texto del proyecto contempla un costo inicial de US$ 70 millones, entre los especialistas se habla de un monto superior.
El ex SVS Álvaro Clarke calculó en una reciente entrevista con DF unos US$ 750 millones.
Walker dice que dado el tamaño actual de los fondos sólo por concepto de encaje la AFP necesitará US$ 155 millones, considerando sólo un 10% de participación de mercado. A esto suma otros activos necesarios para su funcionamiento, lo que en total sumaría US$ 265 millones. “Si usa deuda de 1/3 de los activos como Planvital, implica una inversión neta fiscal de 2/3 del monto anterior, lo que asciende a US$ 176 millones”, explica el académico.
Mayor expectativa de vida bajaría pensión en 2%
El 1 de julio comenzaron a regir las nuevas tablas de mortalidad para el sistema de pensiones chileno, las que aumentaron en 1 año y 2 meses para las mujeres y siete meses en el caso de los hombres.
Por este tema es que el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, expuso ante la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
De acuerdo a la publicación del sitio web de la cámara baja el regulador señaló en la instancia que "es una buena noticia que Chile sea uno de los países con mayor longevidad, pero sí nos afecta en nuestras pensiones".
Luego explicó que dicho efecto sería una reducción de 2% en el monto de las pensiones a recibir al momento de jubilar, lo que afecta a las personas que se jubilen desde julio en adelante. "Una persona que se pensione desde esa fecha en adelante podría tener un impacto leve en su pensión", dijo.
En la instancia, el diputado Ramón Farías (PPD) aseguró que los integrantes de la comisión quedaron preocupados al saber que, efectivamente, las pensiones van a bajar. "Esto me reafirma con fuerza el hecho de que hay que trabajar por tener una AFP estatal que nos permita mejorar la situación de las pensiones y donde tengamos un sistema que no esté preocupado de cobrar una comisión", dijo el parlamentario, según la publicación del sitio de la Cámara.
El Recorrido del proyecto
2013
En el plan de gobierno de Michelle Bachelet de cara a las elecciones presidenciales de 2013 se incluyó dentro de las medidas para los primeros 100 días de gobierno el proyecto que crea una AFP del Estado.
Junio de 2014 Es ingresada al Congreso la iniciativa legal que crea la administradora dependiente del Estado.
Octubre de 2015
El ejecutivo le quita la urgencia simple al proyecto de Ley, quedando detenida su discusión.
Mayo de 2016
Bachelet señala en el discurso del 21 de mayo que se retomará iniciativa legal y el 1 de junio se le vuelve a poner urgencia simple.
Junio de 2016
Comité de ministros discute en dos de sus reuniones las indicaciones a la iniciativa legal.
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