El jefe de gabinete de Argentina, Jorge Capitanicj, anunció ayer en una rueda de prensa que el Estado intervendría en la regulación de las tasas de interés que les cobran los bancos a los usuarios. El gobierno argentino apunta con estas reformas a regularizar la diferencia entre las tasas fijadas por la autoridad monetaria y las que impactan directamente en los consumidores de los productos bancarios.
Capitanicj comentó que esta medida evitaría ganancias usureras que puedan afectar el poder adquisitivo del consumidor.
Seguido a esto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) explicó en profundidad cuál sería el eje de esta nueva reforma que presentó el gobierno que cuenta con un tope a las tasas que fue rechazado por parte de algunos economistas.
Con respecto a las nuevas reglas sobre comisiones y cargos de productos y servicios financieros básicos, la entidad comunicó que “las entidades financieras y las emisoras no financieras de tarjetas de crédito deberán contar con autorización previa del BCRA para aplicar aumentos al costo de dichos servicios y cambios a los rubros que los integran, la cual deberá solicitarse por nota al BCRA”.
La entidad aseveró en su declaración que se fijará un tope a las tasas que no podrán superar el producto surgido de la tasas de corte LEBAC a 90 días de plazo por un factor multiplicativo entre 1,25 y 2,00, dependiendo del tipo de préstamo y del grupo de banco.
Frente a esto, economistas argentinos han alertado sobre los riesgos de las medidas.
“Si es como trascendió de que se impondría un límite de tasa para préstamos personales, el riesgo es que los bancos prefieran otro tipo de operaciones en lugar de dar créditos a una tasa muy parecida a la inflación”, comentó Aldo Pignanelli, ex presidente de la entidad monetaria del país.
Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, indicó estar a favor del control pero “regular el crédito es una instancia muy grande y ponerle tope a las tasas es algo diferente”.