El nuevo gobierno mexicano está bajo presión para no acceder a la demanda del presidente Donald Trump de ser una zona de amortiguación para los migrantes centroamericanos que buscan entrar en Estados Unidos, a medida que el país se prepara para la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
La administración entrante negó los informes de que había llegado a un acuerdo llamado Permanecer en México con altos funcionarios estadounidenses, bajo el cual los inmigrantes esperarían en la frontera con México hasta que los tribunales estadounidenses procesaran sus solicitudes de asilo.
Ningún acuerdo formal es posible hasta que el nuevo gobierno tome posesión del cargo el próximo sábado. Pero el equipo entrante no negó que tal plan se había discutido, el cual se alinearía con los intentos del presidente estadounidense de bloquear a miles de migrantes en la frontera y que, si continúa al mismo ritmo de procesamiento, podría mantener a los migrantes en México durante meses o años.
Tampoco negó que Olga Sánchez Cordero, la ministra del Interior entrante, le había dicho a The Washington Post — el primer periódico que publicó un artículo sobre el supuesto acuerdo — que "por ahora, hemos aceptado esta política de Permanecer en México".
Sánchez Cordero tenía previsto iniciar conversaciones el domingo con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se dijo que el acuerdo había sido alcanzado con el secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
Los observadores de la política exterior creen que EEUU filtró el plan para permitir que Trump aumente la presión sobre la administración de López Obrador. El nuevo gobierno mexicano enfrenta el problema inmediato y creciente de qué hacer con los varios miles de migrantes que se encuentran en la ciudad fronteriza de Tijuana, mientras que EEUU se toma su tiempo procesando las solicitudes de asilo.
"EEUU está colocando a México entre la espada y la pared", dijo Gustavo Mohar, ex subsecretario de Migración, que no vio "ninguna coincidencia" en la sincronización de la filtración. México necesita aclarar si está planeando aceptar ser el "filtro" de EEUU, agregó.
Mientras tanto, Trump reiteró su postura inquebrantable de que "todos los migrantes permanecerán en México" y que EEUU cerraría su frontera si era "necesario".
"Los migrantes en la Frontera Sur no podrán ingresar a los EEUU hasta que sus reclamos se aprueben individualmente en los tribunales", escribió en Twitter.
Bajo la política anterior, muchos solicitantes de asilo eran liberados mientras sus reclamos se procesaban en los tribunales de inmigración.
El presidente ordenó el cese de la política de permitir que los migrantes crucen ilegalmente antes de entregarse para solicitar asilo. La semana pasada, un juez federal congeló la medida, preparando el terreno para nuevas batallas legales sobre la política de inmigración de línea dura de Trump.
El jefe de la Casa Blanca quiere que México asuma el manto de "tercer país seguro", bajo el cual los migrantes se verían obligados a buscar el estatus de refugiado al llegar allí.
Al albergar a los migrantes, México ya está operando, al menos de manera informal, al "80% como un tercer país seguro", dijo Roberto Velasco, asesor de Ebrard, y la idea de Permanecer en México fue ampliamente interpretada como un acuerdo de facto de "tercer país seguro".
Aunque el gobierno entrante ha ofrecido emplear a migrantes que deseen permanecer en México, Sánchez Cordero, ex juez de la Corte Suprema, dijo en una declaración que "no está dentro de los planes del futuro gobierno que México asuma la condición de 'tercer país seguro".
Jorge Castañeda, un ex ministro de Relaciones Exteriores de México, rechazó la idea como "ridícula".
"¿Un 'tercer país seguro' en uno de los países más inseguros del mundo?", dijo. "Y actualmente Tijuana es la peor ciudad de México".
Muchos cuestionaron qué beneficio obtendría México de tal acuerdo.
"El gobierno mexicano saliente cometió el error en 2014 de aceptar políticas de deportación agresivas y disuasivas hacia los migrantes centroamericanos a cambio de nada", dijo Arturo Sarukhán, ex embajador de México en EEUU.
"El nuevo gobierno mexicano no debe repetir ese error al tratar de apaciguar a Trump y evitar cualquier confrontación con él, especialmente si no se puede obtener nada a cambio", agregó.
Castañeda dijo que creía que el gobierno entrante había accedido a las demandas acerca del tema de la migración a cambio del respaldo de EEUU para un renovado acuerdo de libre comercio en América del Norte, ahora denominado Usmca.
López Obrador asume el cargo con el mandato más fuerte de cualquier presidente mexicano en décadas. "Debería usar ese mandato para ser un negociador duro", dijo Mohar, señalando que cualquier signo de debilidad hacia un presidente estadounidense que ha sido tan ofensivo hacia los mexicanos y los migrantes "será muy criticada en México".
Los dos líderes se han elogiado hasta ahora. Pero López Obrador quiere asegurar la ayuda estadounidense para estimular el desarrollo en América Central para disuadir la migración, algo que parece imposible para un presidente estadounidense que ha amenazado con recortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador.
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