La marea finalmente se ha vuelto contra las grandes compañías tecnológicas. La semana pasada, Twitter prohibió la publicidad política; la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, dijo que estaba considerando regulaciones antimonopolio mucho más estrictas; las autoridades de la ciudad de Toronto rechazaron el proyecto Sidewalk de Google; Australia demandó al gigante de las búsquedas por presunto mal uso de los datos de ubicación; y la candidata presidencial estadounidense, Elizabeth Warren, desafió el lobby político de Facebook cuando declaró que acabaría con la puerta giratoria entre los negocios y la política si llegaba a la presidencia.
Ya lo anterior ha tardado mucho en llegar. En los últimos 20 años, las compañías más grandes de Silicon Valley han trazado un arco narrativo desde la utopía hasta la distopía. Han pasado de ser desorganizados innovadores que trabajaban en garajes a capitalistas de vigilancia que lucran con los datos personales y tienen el poder de influir en las elecciones y aplastar incluso a grandes competidores.
Su evolución ha provocado lo que creo será una importante y duradera reacción de políticos y reguladores en todo el mundo. También estamos presenciando tres cambios cruciales que afectarán no sólo a las grandes compañías tecnológicas, sino a todas.
Primero veremos cambios fundamentales en el modelo de negocio de las empresas de plataformas tecnológicas. Las empresas tecnológicas estadounidenses, desde 1996, tienen una responsabilidad limitada de cualquier cosa que los usuarios hagan o digan en sus plataformas. Pero las ramificaciones de eso -desde la manipulación electoral hasta el populismo político y la monetización del odio y la violencia en línea- han creado una negativa reacción pública. El Congreso está considerando terminar, o al menos reducir significativamente, esas lagunas legales. Eso obligaría a compañías como Facebook y Google a asumir más responsabilidad por su contenido, como ya lo hacen los grupos de medios tradicionales.
En esta área, la decisión de Twitter el miércoles de prohibir la publicidad política marca un importante punto de inflexión. El presidente ejecutivo Jack Dorsey explicó en una serie de tuits de su cuenta personal: "Pagar para aumentar el alcance del discurso político tiene ramificaciones importantes que la infraestructura democrática actual podría no estar lista para manejar. Vale la pena dar un paso atrás y abordar esto".
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, insistió en que su compañía no haría lo mismo. Pero dudo mucho que el gigante de las redes sociales pueda soportar el tsunami de presión política que se avecina. En una carta dirigida a Zuckerberg, el senador demócrata Mark Warner, un destacado crítico de las plataformas tecnológicas, instó a Facebook a adoptar políticas similares a las de las redes de cable, que pueden y se niegan a publicar anuncios políticos poco confiables.
La presión refleja un segundo cambio. Durante cuatro décadas, el sector privado ha disfrutado de un auge, pero estamos avanzando hacia una era en la que el sector público ejercerá más control. Muchos de nosotros esperábamos ese cambio después de la crisis financiera de 2008. Pero requirió que sintiéramos el poder abrumador que ejercen los mayores grupos de plataformas tecnológicas para dejar en claro cuán poco competitivo se ha vuelto nuestro sistema de mercado supuestamente libre.
¿Leyes más estrictas?
El resultado podría ser leyes más estrictas contra los monopolios y nuevas regulaciones sobre cómo se comparten la riqueza y el poder en la economía digital. Para darnos cuenta de cómo están cambiando las cosas, veamos el caso de Australia contra Google (uno de los muchos en todo el mundo).
El país acusa al gigante de las búsquedas de engañar a los usuarios sobre cómo se recopilaron y usaron los datos personales y su caso no se basa en la ley de privacidad (como lo han hecho muchos casos anteriores) sino en la ley del consumidor, que conlleva sanciones potenciales más altas. Para mí, eso indica un movimiento hacia la aplicación de la justicia no sólo en el campo de la privacidad, sino también de la economía.
En la UE, Vestager sugiere un cambio radical a la ley antimonopolio. Si se adopta, les exigiría a las compañías de plataformas digitales acusadas de comportamiento anticompetitivo que demostraran ganancias claras para sus usuarios. Actualmente los reguladores deben demostrar que los consumidores han sufrido daños. Esa es una de las razones por las que les ha sido tan difícil a compañías como Yelp en EEUU o Foundem en el Reino Unido ganar casos antimonopolio contra rivales más grandes. Las grandes compañías tecnológicas no sólo tienen mucho más poder legal, sino que también controlan la caja negra de los datos y la información algorítmica de la que dependen estos casos.
Garantizar que el ecosistema digital en el que operan las grandes compañías, las empresas startup y los usuarios sea realmente justo sería parte de otro cambio. Y este tercer cambio sería quizás el más importante, de una era de creación de riqueza a una de distribución de riqueza.
La insistencia de Toronto de que la filial de Google, Sidewalk Labs, comparta más datos y propiedad intelectual de su "ciudad inteligente" con los usuarios y el sector público es apropiada y bien recibida. El proyecto utilizaría sensores para monitorear los movimientos de los ciudadanos en un terreno de 12 acres frente al mar. Podría derivar en patrones de tráfico más eficientes y un menor consumo de energía. Pero a menos que el gobierno controle lo que se recopila y quién tiene acceso a ello, dicho proyecto pondría demasiado control en manos de una sola compañía.
Y ése es el corazón del problema. El cambio hacia el neoliberalismo económico que comenzó en la década de los '80 creó mucha riqueza, pero se concentró en muy pocas manos. Ha llevado a una nueva Era Dorada en la que el sistema político, particularmente en EEUU, es cautivo de los intereses adinerados. Es un factor clave en el populismo político actual. No sé si Warren ganará la presidencia el próximo año. Pero si gana, no se me ocurre una primera medida mejor que ponerles nuevos límites a los funcionarios del gobierno que se aprovechan de sus contactos para obtener ganancias corporativas.
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