Por J. Wheatley y A. Schipani
Es difícil imaginar tantos problemas para una automotriz en una economía donde el petróleo cuesta el equivalente a la mitad de un centavo el galón. Pero hoy, Toyota de Venezuela detendrá la producción porque ya no puede importar las partes que se necesitan para mantener la fábrica abierta.
El cierre de Toyota es sólo un aspecto de una potencial crisis de balanza de pagos. Los manufactureros en el país están operando muy por debajo de la capacidad por falta de componentes y suministros. La escasez de bienes diarios es un hecho.
Mientras tanto, los diferenciales de CDS –una medida del costo de asegurar contra el default– y los rendimientos de los bonos venezolanos están en niveles cercanos a una crisis. La inflación está en 56% y luego de un crecimiento anémico el año pasado, la economía se dirige hacia una recesión. “Venezuela no produce lo que necesita para consumir”, afirma Siobhan Morden, estratega de crédito de Jefferies. “El gobierno restringe las importaciones porque los precios del petróleo están planos, por lo que la economía no puede crecer. Venezuela está atrapada en una estanflación”.
Su mal administrada industria petrolera es clave para los problemas de Venezuela. El país tiene las mayores reservas de crudo en el mundo, según BP. Cuando Hugo Chávez llegó al poder hace quince años, el crudo venezolano costaba US$ 8 el barril. En 2011, era más de US$ 100. La riqueza resultante pagó las políticas socialistas del gobierno, pero también llevó a la autocomplacencia. La producción se ha estancado en cerca de 2,7 millones de barriles al día por la falta de inversión. Los precios se han relajado y los ingresos son planos o están cayendo.
La política de tipo de cambio del gobierno está atrapada por una lógica similar. La tasa oficial es de 6,3 bolívares por dólar, pero casi no hay dólares disponibles para el sector privado a esta tasa. En vez de eso, el banco central sostiene ventas de dólares a compradores autorizados a una tasa de 11,36 bolívares. En su programa de ventas semanales, el banco central libera
US$ 220 millones cada vez. Los venezolanos pagan cerca de 84 bolívares por dólar en el mercado negro.
Incluso con esta demanda reprimida, el gobierno “no tiene el capital político” para una devaluación, comenta Morden. Con la inflación tan alta, los votantes se rebelarían en contra de cualquier cosa que eleve más los precios.
Enfrentado con la indocilidad de sus políticas, los analistas temen que el gobierno se desprenderá de sus activos que no son reservas para financiar las importaciones.
El FMI ve una posible restricción crediticia en 2016 cuando espera que el país registre su primer déficit de cuenta corriente desde que Chávez llegó al poder, un hito extraordinario para uno de los mayores productores de petróleo.