El lento progreso del programa de infraestructura de Haití ha subrayado los desafíos que plantean los altos niveles de urbanización en el pequeño país caribeño. Según un informe del Banco Mundial en enero, Haití es el tercer país más urbanizado en Latinoamérica y el Caribe, detrás de México y Trinidad y Tobago. Pese a los esfuerzos por expandir los servicios básicos y la infraestructura social, hay mucho que hacer. En particular, una serie de desastres naturales ha interrumpido los programas de planificación urbana y desviado recursos de ayuda internacional y estatal hacia requerimientos inmediatos de reconstrucción. Aunque el extenso programa de infraestructura delineado por la administración del presidente, Jovenel Moïse, mantiene la promesa de una política de urbanización más cohesiva en el mediano plazo, problemas de corrupción y debilidad institucional complican las perspectivas.
Según el informe del Banco Mundial, un 52% de la población vive en ciudades, un brusco contraste con los años ’50, cuando el 90% de los haitianos vivía en áreas rurales. Cerca de 133 mil haitianos se trasladan a áreas urbanas cada año. La rápida urbanización ha sido apuntalada por el crecimiento persistentemente débil del país, junto a los bajos precios de los productos agrícolas tradicionales y la falta de inversión de largo plazo y planificación agrícola para revivir al sector. Como resultado, muchos haitianos van a las ciudades con la esperanza de encontrar trabajo en la industria, servicio público o, recientemente, el naciente sector de servicios.
Desafíos de urbanización
El influjo sostenido de personas hacia las ciudades ha presionado a los servicios públicos y la infraestructura: la infraestructura existente y el stock de viviendas son insuficientes para apoyar a la creciente población urbana. Se estima que 35% de los residentes urbanos no tiene acceso a agua tratada y casi dos tercios no tienen acceso a instalaciones sanitarias mejoradas.
La falta de infraestructura y servicios básicos limita los beneficios económicos de la urbanización. A diferencia de muchos países, la urbanización masiva no ha provocado un alza en la actividad económica de Haití. En cambio, el gobierno enfrenta crecientes costos de los servicios sociales, mientras que el nivel de empleo informal se mantiene alto, en torno a un 47% del empleo de la población adulta. Más aún, la combinación de una población urbana atiborrada y subempleada, junto a una creciente población joven, ha contribuido a crecientes niveles de crímenes en áreas urbanas, además de protestas sociales frecuentes.
Estos desafíos han sido exacerbados por la vulnerabilidad del país a los desastres naturales. El terremoto de 2010 y el huracán Matthew en octubre de 2016 causaron una amplia devastación de las casas existentes y de la infraestructura, además de una interrupción de largo plazo en el suministro de servicios básicos. El informe del Banco Mundial destaca que las ciudades haitianas son especialmente vulnerables a desastres naturales, ya que casi dos tercios de ellos están concentrados en zonas sísmicas de alto riesgo y cerca de la mitad están en riesgo de inundación.
Logros hasta ahora
Estos desafíos no deberían restarle valor a los logros que se han alcanzado hasta ahora. El enfoque en la reducción de la pobreza y la inversión en salud y educación han mejorado los estándares de vida. Cerca de un 90% de los niños ahora van a la escuela primaria, y la mortalidad infantil bajó 9% entre 2005 y 2012. El gobierno también está en medio de un fortalecimiento de su infraestructura educacional, transformando el sistema de administración pública y desarrollando programas de educación vocacional.
Gran parte de los esfuerzos del gobierno desde 2010 se han enfocado en la reconstrucción, pero la administración de Moïse entra ahora a un período de planificación a futuro, con el apoyo de donantes internacionales y asesores. En teoría, ello debería permitir al gobierno crear un programa coherente de planificación urbana, enfatizando la necesidad de combinar la planificación de nuevas áreas con la expansión de servicios existentes. Esto será especialmente importante para incorporar la planificación de desastres a los programas de construcción y prevenir el daño a gran escala de cualquier futuro desastre natural.
Asimismo, el suministro de transporte urbano interconectado y asequible ayudaría a estimular la economía urbana, al permitir a las personas viajar por la ciudad al trabajo; muchos trabajadores actualmente restringen su búsqueda de empleo a sus vecindarios locales. En el largo plazo, esas mejoras a la movilidad laboral también podrían alentar a más trabajadores a entrar al sector formal, con implicancias positivas para el tamaño de la base impositiva y recolección de impuestos.
Panorama cauto
Regenerar las áreas urbanas y mejorar el transporte y suministro de servicios básicos podría generar dividendos sustanciales, al mejorar los estándares de vida y la actividad económica. El gobierno ciertamente tiene una oportunidad de hacer esto a través de una planificación centralizada de los programas de reconstrucción y expansión de infraestructura. Al parecer, Moïse tiene la voluntad de seguir adelante con el proyecto, como evidenció en 2017 el lanzamiento de un ambicioso programa de infraestructura, que se centra inicialmente en crear una “ciudad administrativa” en el centro de la capital, Puerto Príncipe. Sin embargo, el mayor escollo de la implementación del plan es financiero. El gobierno no tiene ingresos para un proyecto de tal escala y debe buscar apoyo de agencias internacionales o inversionistas extranjeros.
A pesar de que la ayuda internacional sigue fluyendo hacia los esfuerzos de reconstrucción, es menor que los altos niveles vistos tras los desastres naturales de 2010 y 2016. Se necesitará inversión extranjera, y el gobierno ha realizado varios roadshows para promocionar las oportunidades de inversión en Haití.
Sin embargo, la capacidad institucional sigue siendo un desafío clave para los proyectos de planificación urbana de largo plazo. Hay falta de capital humano capacitado para planificar e implementar proyectos de gran escala, y sociedades técnicas y de asesoría serán cruciales para el éxito de esos esquemas. Más aún, la corrupción es un gran riesgo para los inversionistas en Haití.
Los inversionistas que consideren participar en concesiones o en sociedades público privadas estarán atentos al potencial de coima, lo que podría desalentar a algunas compañías. La administración de Moïse deberá fortalecer la capacidad institucional al mismo tiempo que planifica sus programas de renovación urbana para asegurar un desarrollo económico sostenido.
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