Senador Juan Luis Castro y declaraciones de vocera de la Suprema por isapres : “Estoy muy preocupado, da un giro y acota enormemente el ámbito de aplicación del fallo”

Las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco tendrán este lunes una repercusión inmediata en una sesión clave en la Comisión de Salud del Senado convocada para analizar el método de cálculo del cumplimiento del fallo de Suprema, con asistencia del Superintendente de Salud, Víctor Torres, exautoridades y la Asociación de Isapres.

“En diversas declaraciones, la misma ministra vocera dijo que el fallo era de carácter general, por lo cual ahora sus palabras me sorprenden enormemente. Hasta ahora, todos entendíamos que se apuntaba al universo de contrato de personas afecto al fallo, y no a la facción de ellos que iniciaron litigios en Cortes de Apelaciones por tabla única de factores”, señaló el presidente de esa comisión, el senador Juan Luis Castro, sobre las declaraciones de la ministra  Vivanco. Por ello, considera “obligatorio que el Gobierno, o las isapres, pidan un recurso de aclaración, porque estamos hablando de ámbitos de aplicación muy distintos”.

- ¿Qué le parece que la entrega de una precisión tan determinante en la aplicación del fallo se haga a más de seis meses del dictamen?

- Lo que más me llama la atención es lo diferido de esta precisión, que no va al detalle, sino que es bastante gruesa. No deja de sorprenderme que haya sido dada en una entrevista y no mediante un dictamen, eso no lo había visto antes. Y me parece curiosa la secuencia cronológica de los hechos, más cuando hace seis días hubo un pleno de la Corte Suprema que no modificó los criterios, sino que los mantuvo a firme y más bien declaró que no ha lugar el requerimiento de los senadores de oposición e hizo un par de precisiones muy puntuales respecto de la ley corta. Punto.

-¿Cuál es la respuesta que debe dar ahora la Corte Suprema?

-Debo decir -aún en shock por esta declaración- que es clave un recurso de aclaración, porque judicialmente tiene que establecerse con meridiana claridad el ámbito de cómo se aplica el fallo y sus alcances. Esto debe despejarse meridianamente en lo jurídico lo antes posible.

-¿Qué juicio le merece que tras el pleno de la Suprema no se haya entregado esta precisión que ahora si formuló la ministra vocera?

-Yo no voy a hacer un juicio porque presido la comisión de Salud y tengo el deber de mantener los tres principios originales del proceso que nos hemos fijado e: cumplir el fallo, cualquiera que sea el ámbito de acción a estas alturas; lograr que las isapres tengan solvencia económica y no generar nada que las haga caer precipitadamente -salvo que sea una situación propia de la evolución del sistema, pero no por la legislación-, y que nadie de los tres millones de afiliados se sienta carente de protección sanitaria al requerir las prestaciones. 

- ¿Qué efectos tienen estas declaraciones sobre el trabajo para establecer el marco de aplicación del fallo?

- Lo dicho por la vocera acota enormemente el ámbito de aplicación del fallo y da un giro en este aspecto, así como en su comprensión ciudadana, política y administrativa; entonces, yo quedo muy preocupado. Porque es muy distinto -como se ha dicho en la interpretación que hasta ahora ha ocurrido- que el universo de 720 mil planes que estaban vigentes a abril de 2020 y a los cuales se le aplica una tabla única de factores emanada de la circular 343 de la Superintendencia de Salud, a que esta información la entregue el Poder Judicial. 

-¿Cuál sería el problema si se tratara de este último caso?

-Desde la Superintendencia me indican que carecen de información sobre las causas judiciales; obviamente, no tiene acceso a carpetas investigativas, entonces, mi pregunta es: de acuerdo a lo que ha dicho la vocera ¿cuál sería el listado de persona que reclamaron en un plazo determinado de años al Poder Judicial por la razón de tabla de factores y que se verían beneficiadas por una disminución del plazo del plan y una devolución desde 2020 hasta ahora?, ¿Quién conoce esa nómina?

El futuro de la ley corta

-Si en su respuesta al recurso aclaratorio del fallo, efectivamente la Suprema establece que las devoluciones se aplican a quienes demandaron a las isapres, ¿de qué manera podría incidir en la tramitación de la ley corta?

-Es cierto que en la legislatura el proyecto de ley corta del Gobierno no tiene cifras. Sin embargo, establece modos y mecanismos que obviamente podrían reconsiderarse si la  magnitud de la deuda o la magnitud de la rebaja de precios es otra.

- ¿Qué nuevos escenarios se abren?

- Es muy complejo, porque tiene consecuencias financieras muy distintas según como se interprete el fallo. Me llama la atención, ya que normalmente los fallos judiciales son explícitos, unívocos, y aquí han pasado seis meses del fallo y de acuerdo al tiempo original ya debiera estar en aplicación desde hace pocos días, si no hubiese sido por la prórroga.

-En este escenario ¿tiene sentido seguir adelante con la tramitación de la ley corta?

-La ley corta sigue siendo vigente, porque gran parte de las facultades que debiese tener el superintendente de Salud para hacer todas estas modificaciones de precio y de plan, pasan por esta ley, y por lo tanto resulta inevitable, independiente del universo de beneficiarios. Además, debe establecer plazos y temporalidad en la devolución particularmente. Por lo tanto, en eso la ley corta puede sufrir enmiendas y modificaciones como toda ley en trámite, pero me parece ineludible que haya ley.

-Consultada por los efectos financieros que tendrá la implementación del fallo por tabla de factores –respecto del cual el Gobierno estimó devoluciones por US$ 1.400 millones- la ministra vocera señaló que los autores de la resolución “no teníamos conocimiento de los cálculos y estudios asociados al cumplimiento del fallo” porque “nunca se nos ha consultado sobre esa materia”. ¿Qué opina al respecto?

-En cuando a los costos, no deja de ser curioso que ahora se diga en esta entrevista que no se hicieron llegar cálculos, montos, cifras, de los efectos que esto tenía para el sistema. Hay que recordar que yo mismo -a la salida de la reunión con la Ministra de Salud y el superintendente de Salud junto a casi 20 parlamentarios de Gobierno y de oposición, a fines de febrero-, advertimos que el monto de la deuda era de US$ 1.400 millones, con la estimación que nos dio el Minsal y la Superintendencia.

Entonces, si esa cifra que nos entregaron son las mismas que hoy sabemos respecto de la aplicación general del fallo, no comprendo que en éste se diga, por una parte, que todo lo que concierne a la estimación de costos es resorte de la Superintendencia, y ahora se indique que, por algún motivo, no se hicieron llegar cifras al Poder Judicial, en circunstancias de que eso se había delegado en el órgano regulador. Y, recuerdo, el órgano regulador nos dijo a los parlamentarios hace tres meses que las cifras de la deuda estimada según el fallo interpretado así era de US$ 1.400 millones. Me cuesta entender eso.

Efectos en la judicialización

-¿Cuál es su diagnóstico del papel que ha jugado la Superintendencia de Salud?

-La superintendencia, el 26 de enero pasado, hizo un recurso de aclaración, y tenía tanta seguridad respecto de que este punto -que hoy se relativiza- estaba claro, que preguntó otras cosas: qué pasaba con el precio base, desde cuándo se considera la aplicación de la circular que creó la tabla única de factores y qué pasaba con los menores de dos años.

-En sus declaraciones, la ministra vocera también señaló que los afiliados que no han demandado a las isapres pueden, a partir del fallo, “exigir que se ajusten sus planes hacia adelante”. ¿Qué efecto podría tener, tomando en cuenta que el objetivo declarado de los fallos de la Suprema ha sido terminar con la judicialización de la industria?

-Me preocupa que en ese cuadro se agudice la judicialización. Porque si hasta hoy se habla de un total de 600 mil causas -según las estadísticas que tenemos hasta 2022- , esto podría acrecentarse aún más porque hay gente que no reclamó por tabla de factores y que, si ahora quisiera recibir una devolución, puede judicializar ya que hay seguridad de que va a ganar porque hay un fallo de la Suprema. Eso me parece muy delicado.