Sindicatos de Codelco y empresas públicas inician ofensiva ante dictamen de Contraloría

Una cumbre realizarán hoy a las 9 de la mañana una serie de sindicatos de empresas públicas, partiendo por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a todos los sindicados de Codelco, y la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc), pero donde también estarán representantes de Metro, BancoEstado, Correos de Chile, ENAP y Enami, entre otros.

¿El motivo? Analizar el dictamen de Contraloría que dijo que las empresas del Estado como Codelco, que administran recursos públicos, carecen de la “libertad de disposición patrimonial” que tienen las privadas. Esto, fue interpretado como una forma de restringir los acuerdos que se logran en negociaciones colectivas, como por ejemplo los planes de retiro voluntario que ha impulsado la estatal.

El dictamen surgió tras analizar el pago de una indemnización por más de $ 500 millones que recibió el ex director de la cuprera, Augusto González, por acogerse a un plan de retiro que impulsó la división Chuquicamata.

En el punto 7,2 del escrito, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez advierte que algunos procesos de desvinculación -por planes de retiro voluntario- tienen doble cobertura ante la contingencia del término de la relación laboral.

Agrega que la jurisprudencia muestra que la “libertad de disposición patrimonial” que tienen las relaciones laborales privadas, la carecen quienes administran recursos públicos.

“La idea es analizar el impacto que esto puede tener”, dijo el presidente de la Fesuc, Ricardo Calderón. Explicó que el encuentro que realizarán hoy en la sede de la CUT será una primera conversación y tras ello definirán los pasos a seguir, dentro de lo que se contempla acudir a Contraloría y planificar encuentros con los ministerios de Hacienda y Trabajo, por ejemplo.

Julio Jalil, dirigente de El Teniente, dijo que harán todas las gestiones que sean necesarias para clarificar y dirimir el pronunciamiento, porque deja en entredicho las facultades que tiene el gobierno corporativo de la estatal para administrar la empresa. Esto incluye llegar hasta la Presidenta de la República si es necesario.

Ayer, además, el presidente de la FTC, Raimundo Espinoza, asistió al Congreso, donde entre otros temas habría tratado este punto con parlamentarios.

Esta ofensiva sindical se complementa con lo que hará la administración de Codelco, que vía una comunicación interna ha señalado que impugnará el pronunciamiento por las vías pertinentes y, además, entregará al organismo antecedentes que permitan subsanar otras observaciones que surgieron.

Servicio vs. empresa

Calderón precisó que un punto en el que no coincide con el dictamen es que alude a cuatro resoluciones que se aplican a servicios públicos y no a empresas del Estado.

Jalil agregó que esto no sólo podría afectar los planes de egreso -que han permitido disminuir la dotación y hacer más eficiente a la corporación-, sino que otros beneficios que están consignados en contratos colectivos. Explicó que además está la duda de cómo se aplicaría el dictamen con la nueva reforma legal, donde el contrato colectivo es el piso de negociación, pero al mismo tiempo este documento cuestiona la validez de los beneficios obtenidos.

Las resoluciones a las que aludió Bermúdez

Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Palavecino, la interpretación de la Contraloría entra en conflicto con la Constitución, específicamente al artículo donde se establece que la actividad empresarial del Estado está sujeta a la ley común. "Desde este punto de vista, Codelco debe actuar como una empresa privada, no se puede someter a la regulación de organismos públicos", dice, y agrega que en la práctica, dada la legislación laboral, es libre de acordar lo que desee con sus trabajadores. Agrega que la Contraloría no puede hacer juicios sobre el mérito de los beneficios que se acuerden en el contrato colectivo, sino que debe evaluar que se cumplan condiciones para entregarlos. Al mirar el punto 7,2 del dictamen, se enumeran una serie de otras resoluciones anteriores para justificar la interpretación. Sin embargo, todos son de organismos públicos.

Por ejemplo, uno de 2015 aborda una presentación del alcalde de la Municipalidad de Taltal, en la que se consulta para saber si un asistente cumple con requisitos para tener una indemnización a todo evento, como establece el Código del Trabajo. El organismo rechaza esto, dado -entre otros motivos- que los presupuestos están autorizados con un determinado fin y por lo tanto solo se pueden usar para situaciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Otro es una consulta que hicieron en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para determinar si procede que esa repartición contrate un seguro de vida en favor de los integrantes de los órganos colegiados que dependen de ella, lo que tampoco tuvo respuesta del todo favorable según se desprende del escrito.

En otras partes del dictamen sobre Codelco alude a empresas públicas como Enami, donde ratifica las potestades de Contraloría para fiscalizarlas.

ACUERDO EN SALVADOR

Codelco cerró la negociación colectiva reglada con el Sindicato de Supervisores y Profesionales de El Salvador, que hasta ayer se encontraba en buenos oficios.

Como ha sido la tónica de la corporación, el nuevo contrato no considera reajuste, tendrá una duración de 24 meses y considera un bono de término de negociación de $ 3 millones. Esto "corresponde proporcionalmente al 40% del monto entregado en la última negociación (convenio a 36 meses)", dijo la empresa.

El convenio colectivo mantiene beneficios y derechos que existían y mejora otros aspectos de éste.