Contraloría abre disputa con Codelco por millonaria indemnización y pone en jaque planes de retiro

Los más de $ 511 millones que Augusto González, exdirector de Codelco en representación de los supervisores entre agosto de 2012 y mayo de 2015, recibió como indemnización al dejar la estatal en 2015 le dieron pie a la Contraloría para abrir una disputa con la estatal.

En un dictamen, que emitió en el marco de una denuncia del senador Pedro Araya, el contralor ordenó iniciar una investigación para esclarecer dos situaciones anómalas relacionadas con el millonario pago que el trabajador recibió tras adherir al plan de retiro voluntario vigente desde 2012 para la división Chuquicamata.

La Unidad de Empresas del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas del organismo recibió el mandato de analizar el pago erróneo de un bono por jornada laboral 7x7 que el extrabajador recibió durante casi dos años, pese a que en ese período no tuvo ese régimen.

Si bien el monto fue descontado del desahucio, dejó en evidencia, a juicio de la Contraloría, “el imperativo de revisar el cumplimiento de la sujeción a los principios de eficacia, eficiencia y probidad aparece del estudio de la situación de pagos erróneos que percibió el exdirector de que se trata, que se extendieron por más de dos años, lo que solo fue advertido mediante la denuncia efectuada por terceros”.

El segundo factor se desprende de los casi $ 51 millones que González, que estuvo 33 años en la minera, recibió por concepto de vacaciones pendientes, lo que dejó en evidencia que Codelco ha infringido la normativa laboral al permitir que sus trabajadores acumulen más de dos períodos de vacaciones como máximo, lo que en el caso del representante de la Fesuc en la mesa de la corporación, “estuvo muy por sobre este límite”, considerando el monto que recibió por este concepto en el finiquito.

La Contraloría cuestiona distintos aspectos del egreso de González, entre ellos que la estatal mantenga una “doble cobertura ante la contingencia del término de la relación laboral”, al aplicar el mecanismo que establece la ley y al mismo tiempo fijar condiciones distintas en sus planes de retiro.

A Codelco en su calidad de empresa que integra la administración del Estado, dice Jorge Bermúdez en el dictamen, “se le impone el deber de actuar dando preeminencia al interés general por sobre el particular, lo que exige, entre otros, el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz”.

Planes de retiro en jaque

Claro que más allá de estas apreciaciones lo que abrió la disputa entre la minera y el órgano de control dice relación con una parte del dictamen que complicaría la aplicación de planes de retiro voluntarios, medida que hace varios años le permite a la empresa reducir sus costos y hacer más eficiente su estructura de trabajadores.

Esto porque el contralor le recuerda a Codelco que a diferencia de las empresas privadas, carece de lo que denomina como “libertad de disposición patrimonial”, que es la que permite la expresión del principio de la autonomía de la voluntad dentro de las relaciones laborales, que es una de las estipulaciones convencionales que autoriza la legislación laboral.

Esta distinción, que le impediría a la minera acordar planes de desvinculación voluntaria como el de Chuquicamata, es la que tiene a la administración de la corporación evaluando distintas opciones para impugnar el dictamen.

“El directorio resolvió impugnar dicho pronunciamiento por las vías pertinentes, sin perjuicio de entregar a la Contraloría los antecedentes que permiten esclarecer las observaciones específicas que lo ameriten”, informó ayer la administración de Coldelco a través de una comunicación interna que entregó a sus trabajadores.

El dictamen que la Contraloría evacuó el 2 de mayo motivó este lunes una sesión extraordinaria de la mesa que encabeza Óscar Landerretche, en la que se acordó ratificar que, en virtud de su ley de gobierno corporativo, las facultades de administración y disposición están depositadas en el directorio y la administración superior de la empresa, “requisito indispensable para el correcto desempeño de su cometido”.

El plan de retiro de Chuquicamata, por el que la estatal ha reconocido provisiones no corrientes que suman unos US$ 458 millones en el período 2012-2016, fue incluido en una negociación con trabajadores y quedó plasmado por la vía de una adecuación del contrato colectivo.

“La empresa debe seguir realizando su trabajo normalmente, porque actuamos conforme a nuestro marco legal y así se expondrá en las instancias que corresponda. El directorio nos ha dado una señal contundente y nos ha pedido que nos concentremos en seguir haciendo bien nuestro trabajo”, expresó en la comunicación interna el presidente ejecutivo de la cuprera, Nelson Pizarro.

EJES DEL CONVENIO COLECTIVO

Indemnización El convenio colectivo de Supervisores Rol A de la estatal, que rige entre 2015 y 2018, establece que no hay límite de años para la indemnización líquida al término del contrato de trabajadores con contrato vigente al 2009.

A esto se suman otros beneficios como cálculos incrementales para el bono de asignación de antigüedad, que se paga al momento de la salida del trabajador, además de una asignación que reemplaza un bono de gestión divisional.

Plan de retiro Aparte del pago anterior, se suma un aporte de libre disposición por 1.250 UF, más 15 días indemnizables por año de servicio.