Durante casi dos años, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Latam Airlines y Delta mantuvieron conversaciones para acordar una serie de medidas conductuales que permitieran que la autoridad diera luz verde a la alianza estratégica entre ambas empresas que se anunció en 2019, la que implicaba tres cosas: la compra del 20% de la aerolínea chileno-brasileña, acuerdos de códigos compartidos y la fusión de algunas rutas en lo que se conoce como un JVA.
Inmediatamente después del anuncio, el organismo antimonopolios empezó su investigación. Y no dejó pasar nada por alto, según revelan una serie de documentos que forman parte del expediente del caso que se está viendo en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el cual tiene que pronunciarse sobre el acuerdo.
La FNE no sólo evaluó los efectos competitivos que implica la alianza en las rutas donde compiten directamente, sino que también analizó la implicancia que puede tener el hecho de que Delta posea parte relevante de la propiedad Aeroméxico, que en algunas rutas compite con Latam.
Los estadounidenses son dueños del 51% de la línea aérea azteca, lo que le permite tener dos directores en la compañía. A juicio de la Fiscalía, esto implicaría un riesgo para las rutas de carga y pasajeros entre Chile y México, dado que -según se desprende de los documentos- Delta podría ejercer influencia en Latam y Aeroméxico para aumentar los precios, disminuir la capacidad o afectar la calidad de los servicios de transporte internacional aéreo.
Las empresas no fueron pasivas en todo esto. Frente al diagnóstico, Delta pasó a la ofensiva el 28 de febrero de 2020 y propuso medidas para reducir la influencia que tiene en el directorio de los mexicanos, especialmente en las rutas competitivas con Latam.
La primera versión se fue perfeccionando con los comentarios que realizó la FNE, hasta que finalmente Latam hizo sus oservaciones el 24 de abril, lo que produjo nuevos cambios. El 30 de abril salió humo blanco, y Latam con Delta implementaron las primeras medidas extrajudiciales de su acuerdo.
Pese a que no estaban obligados a tomar algunas medidas de forma inmediata, porque aún falta el visto bueno del TDLC, tanto la FNE como las aerolíneas estimaron pertinente adelantarse a este hito. De hecho, el organismo destacó la “seriedad” y “buena fe” de las empresas durante el proceso.
Los norteamericanos adoptaron un protocolo que, básicamente, restringe la asistencia de sus directores nombrados en Aeroméxico en los comités en que se discutan aspectos relacionados a las denominadas rutas competitivas entre Chile y el país azteca.
Así, se deberán abstener de intervenir, influenciar y/o acceder a información comercial sensible de Aeroméxico en esos tramos, entre otras medidas que contempla el acuerdo.
Otro punto que se acordó respecto de la participación minoritaria que tiene Delta en Latam es que los directores que se designen deberán ser independientes de la norteamericana, lo que explica que actualmente estos cargos los ostenten Sonia Villalobos -que incluso estaba en la mesa desde 2018- y Enrique Ostalé.
En el informe de 34 páginas, la Fiscalía dijo que las medidas son “idóneas” y “proporcionales” para mitigar los riesgos a la competencia. Además, a su parecer, son factibles de implementar y monitorear.
Delta es un gigante en la industria aérea con participación en varias empresas. En Virgin Atlantic Airways tiene el 49%; en Air France-KLM S.A el 9%; es dueño del 13% de la sociedad que controla Korean Air, Hanjin-KAL; en China Eastern Airlines Corporation Limited tiene el 3%, y en Republic Airways Holdings Inc mantiene un 17,36%, según datos de la FNE.
Las otras restricciones
El 7 de mayo de 2020, en plena pandemia, Delta y Latam suscribieron oficialmente a su acuerdo de JVA. Esto dio pie a la segunda formulación de medidas extrajudiciales con alcance a los códigos compartidos, una estrategia comercial que permite a las aerolíneas vender los pasajes de su competidor.
En octubre de ese año empezaron las conversaciones para armar el esquema, que finalmente comenzó a regir en julio de 2021. La FNE exigió a Delta y Latam separar sus bases de datos para limitar la información geográfica de las aerolíneas.
También se acordó que los equipos que trabajen en la implementación del JVA tengan dedicación exclusiva en el caso de Latam, mientras Delta propuso que ningún funcionario estará involucrado de manera alguna en la definición de estrategias de Aeroméxico en el mercado Chile-México.
Esto permitirá, a juicio de la Fiscalía, impedir el traspaso de datos comerciales sensibles sobre algunos mercados competitivos en las rutas nacionales de Chile; y en los tramos troncales que conectan a Santiago con EEUU, incluidos destinos intermedios en ese país.
Los hitos del proceso
- 2019
- Septiembre
- 26 Latam Airlines y Delta presentan su alianza estratégica, lo que incluye una participación de 20%, códigos compartidos y un JVA.
- Octubre
- 01 La Fiscalía Nacional Económica abre una investigación de la operación.
- Diciembre
- 29 Tras abrir una OPA en noviembre, finaliza el proceso, donde la norteamericana destina US$ 1.900 millones por el 20% de Latam.
- 2020
- Febrero
- 28 Delta presenta una primera versión de medidas de mitigación a la FNE sobre los riesgos de adquirir una participación minoritaria. Se abre un período de correcciones en base a comentarios de la fiscalía. En abril Latam hace comentarios y, finalmente, el 30 de ese mes, se comienzan a aplicar algunas medidas.
- Mayo
- 07 Las aerolíneas suscriben al JVA, que implica una fusión de rutas a Norteamérica. El acuerdo comprende tanto el diseño conjunto de redes, así como la coordinación de Ias operaciones de carga y códigos compartidos recíprocos.
- 26 La firma aérea de la familia Cueto abre su proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 de EEUU, el que actualmente sigue en curso.
- Septiembre
- 18 Latam Airlines suscribe a un crédito para financiar su reorganización, llamado Deudor en Posesión (DIP). Los inversionistas son parte de sus dueños actuales y otras entidades, que están sujeto a obligaciones.
- 25 Delta, que no aportó recursos en el DIP, firmó un acuerdo denominado "Third Amended and Restated Funding Agreement", que le da un rango de acreedor dentro el proceso del Capítulo 11.
- Octubre
- 16 En el marco de la negociación con la FNE, Latam y Delta presentan medidas conductuales para mitigar riesgos detectados en relación con el JVA y el acceso a información financiera.
- 2021
- Julio
- 09 Tras nueve meses de una serie de interacciones entre FNE, Delta y Latam, el organismo antimonopolios estima "pertinente" las modificaciones con relación a las medidas de JVA e información financiera. El 13 de agosto esto se presenta al TDLC.
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