Fue en momentos de debate en torno a la estrechez del sistema eléctrico provocada principalmente por la megasequía, cuando la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) sufrió un remezón. El histórico dirigente Carlos Finat dejó la dirección ejecutiva tras nueve años en el cargo, gatillando meses más tarde un hito: la llegada de la economista Ana Lía Rojas quien se transformó en la primera mujer en ocupar dicho rol en la historia del gremio.
En su primera entrevista tras asumir en enero el liderazgo del gremio, dice sentirse honrada, pero también muy consciente de los desafíos que significa transitar desde la consultoría a este nuevo rol. En 2018 formó su propia consultora especialista en mercado eléctrico y transición energética "EnerConnex", aunque también su carrera profesional tiene pasos en el Ministerio de Defensa, la Comisión Nacional de Energía (CNE), y en empresas como Grupo Saesa. A lo que se suma su faceta de académica en universidades y gremios.
Aunque sincera que este sector que conoce desde hace años es predominantemente masculino, cree que también ha sido una industria que ha ido abordando los desafíos de equidad de género "muy rápidamente", logrando que la presencia de mujeres tienda a ser mayor al promedio del resto de las industrias.
"El liderazgo de una asociación como esta es tremendamente importante en el sentido de esta mirada complementaria, distinta, desde el aporte de una perspectiva de género, de la importancia que tiene la energía en la mujer y no solamente la mujer en la energía", enfatiza, destacando que recientemente el gremio recibió el Sello IPG por paridad de género -alianza del Banco Mundial y el Ministerio del Trabajo- siendo la primera institución del sector energético en lograr este reconocimiento.
De entrada, Rojas plantea que hoy hay claridad en cuanto a la meta -por ejemplo- de que el sector eléctrico alcance la carbono neutralidad al 2040, pero no sobre lo que se debe hacer este o los próximos años. "Aquí lo importante es concentrarnos en una agenda de más corto plazo para definir cuál es el plan de trabajo que después nos permitirá tomar las decisiones correctas y luego implementarlas", recalca.
Según detalla, el gremio tiene un plan de trabajo y focos en la agenda muy bien definidos. Primero, apuntan a la carbono neutralidad a través de la desfosilización de la matriz eléctrica con más renovables, tecnologías habilitantes, y acompañado de una transición justa y responsable. Segundo, avanzar en la electrificación de los consumos. Y, por último, el trabajo en el territorio y la relación con las comunidades.
Pero, en lo inmediato, el gremio sigue de cerca el decreto que extiende el decreto de racionamiento, el que hoy ya está en la Contraloría General de la República: "Nos preocupa la falta de coherencia del nuevo decreto basado sólo en la gestión del diésel, con el proceso de descarbonización que tanto anhelamos, porque pensamos que en el transcurso del año pasado podrían haberse tomado otras medidas que fueran más eficaces y oportunas".
- ¿Cuál es el balance que hacen desde Acera de lo que fueron los últimos años en materia energética?
- Indudablemente siempre se avanza. Vemos con optimismo los avances que han tenido las renovables. Las evaluaciones hay que hacerlas un poco en el contexto también de la primera vez que se tiene de enfrentar los procesos de un cambio total de paradigma energético, del reemplazo de los fósiles por más renovables, sumado a un contexto mundialmente complejo. En ese sentido, los caminos que faltan por abordarse o aquellos que quedan pendiente es una agenda que es compleja, pero que se tiene que abordar desde la perspectiva del diálogo y de la construcción multisectorial a través de un trabajo muy coordinado con el Congreso, pero también con la Convención Constitucional.
- ¿El gobierno pudo haber hecho más?
- Si uno la mira desde la perspectiva de los cuatro últimos años, indudablemente hay un punto que es esencial para el trabajo de la industria eléctrica en general: la reforma a la distribución. Quedó pendiente y esa materia era tremendamente compleja de abordar en medio del contexto de pandemia y de evitar que las tarifas eléctricas subieran.
- ¿Se pudo haber hecho más esfuerzo en esa reforma que era precisamente la que más se esperaba en el sector y que, pese a que se dividió en tres proyectos para acelerar su tramitación, no consiguió avance alguno?
- Más allá de los esfuerzos del Ejecutivo, se redujo el espacio de discusión parlamentaria, regulatorio, porque en el fondo el Gobierno estaba abocado a otras tareas que eran de demanda además mucho más urgentes e inmediatas respecto sobre todo al impacto de tarifas. Eso evidentemente copará probablemente la agenda de 2022-2026, abordar de nuevo cuáles son las reformas que se tienen que hacer en este período, y ahí aparece en primera fila retomar la reforma a la distribución.
Tiene que ser en el fondo un consenso también de con qué contenido se le va a retomar. Si es la misma reforma que está incluida en el Congreso o si se reformula haciendo eco a la discusión parlamentaria y, específicamente, a las comisiones de Minería y Energía de la Cámara Baja donde se hicieron una serie de indicaciones que deben ser evaluadas por la actual administración.
- También hubo diversos conflictos con organismos técnicos como la CNE y el Coordinador Eléctrico sobre la interpretación de normas que se sumaron a esta agenda. ¿Hay una tarea pendiente que queda para el próximo gobierno en esta materia?
- La pregunta sobre la institucionalidad es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Al final la pregunta que tenemos que hacernos en Acera es si la institucionalidad actual regulatoria es la adecuada para la transición energética. Eso es un capítulo amplio de discusión, que no es de resolución puntual, de un solo organismo o de un solo aspecto de la ley, sino que nos tenemos que preguntar y mirar también la experiencia internacional respecto de cómo otros países han ido abordando la transformación de su institucionalidad, su gobernanza por ejemplo de las instituciones y también de los organismos del Ejecutivo que tienen que ver con el sector para entender si esa es adecuada y está respondiendo bien a la urgencia de la transición energética.
Vemos que evidentemente hay espacio de rediseño que podrían discutirse en los próximos años con alguna inmediatez o alguna urgencia, porque ahí hay caminos que se pueden abrir para hacer una mejor transición energética. Además, tenemos que tener coherencia entre aquellas declaraciones o principios que hoy están rigiendo el sector energía y el sector eléctrico particularmente cuando hablamos de este largo plazo. Por ejemplo, la coherencia que tiene que tener la Política Nacional Energética y la Planificación Eléctrica de Largo Plazo.
- Hoy en la industria los ojos están puestos en la extensión del decreto de racionamiento que creó un mecanismo para asegurar diésel, pero diversos actores han enviado sus observaciones al ministerio manifestando sus cuestionamientos. ¿Cómo se ve esta acción en la situación que enfrenta el sistema, considerando que este será el período crítico?
- Cuando hay riesgos de estrechez del sistema eléctrico, la gestión debe ser la prioridad número uno de las administraciones de gobierno, pero hay que hacerse cargo oportunamente y a tiempo. Por ello, nos preocupa la falta de coherencia del nuevo decreto de racionamiento basado sólo en la gestión del diésel, con el proceso de descarbonización que tanto anhelamos, porque pensamos que en el transcurso del año pasado podrían haberse tomado otras medidas que fueran más eficaces y oportunas.
Desde Acera hemos insistido, desde mediados de 2021, con una batería de acciones concretas de corto, mediano y largo plazo, por lo que nos sorprende que el nuevo decreto ingresado a la Contraloría el 1 de febrero, sólo amplíe las opciones de gestión de la estrechez en base al mayor uso del diesel y de paso un mal incentivo de perpetuar su uso, por el hecho de financiar sus costos fijos, incluso desde la generación renovable.
Esto nos parece no sólo incoherente sino que también riesgoso, habiendo propuesto en agosto de 2021 un rango más amplio de acciones que se podrían haber tomado o explorado desde ese entonces, involucrando también al Coordinador Eléctrico, sobre todo con opciones y atribuciones de corto plazo, y sin la necesidad de traspasar estas decisiones a una próxima administración.
Nuevo gobierno y la postergación del retiro de centrales a carbón
- ¿Cuál es la primera tarea que debe tomar el nuevo ministro o las nuevas autoridades en medio de tantos pendientes?
- Tenemos que ser capaces de definir una matriz de riesgo que hoy parece estar menos clara a propósito de las metas de largo plazo y de no tener claro lo que tenemos que hacer en los próximos cuatro años. El punto más inmediato es hacer una buena administración de los recursos de la matriz eléctrica para 2022, de tal forma de no acercarnos a un episodio de racionamiento eléctrico. Hay medidas de gestión que se están haciendo desde ya, creemos que pueden ser mejorables, pero sin duda que tener identificado que ese es un riesgo del sector eléctrico es parte del trabajo que queremos abordar con el nuevo Ministerio, con las nuevas autoridades y también con otras autoridades como el Coordinador Eléctrico, porque evidentemente ahí está el peso más inmediato del trabajo de la agenda 2022.
También hay otros temas que son muy importantes de abordar para poder hacer una buena gestión de riesgo. Por ejemplo, todo el tratamiento del reglamento de la potencia.
- ¿Hay alguna preocupación puntual frente al programa del presidente electo Gabriel Boric?
- El programa recoge muy adecuadamente las visiones que tiene Acera respecto del rol de las renovables, la importancia de tener un paragua de cambio climático rector de las políticas públicas, la importancia de la generación de gran escala y de la generación distribuida dentro de las tareas o de las visiones de la política. Creo que el acento que podría poner como una mirada adicional es la atención en la transmisión. Sin transmisión es difícil que se cumplan las metas de descarbonización y de incorporación masiva de renovables de gran escala que son absolutamente necesarias en la dimensión de los desafíos que tenemos.
- El gobierno plantea fuertemente la descarbonización, pero el Coordinador Eléctrico ha sido claro en reiterar que se debe postergar el retiro de las centrales a carbón. ¿Cómo cree que se dará esa tensión, considerando que las comunidades esperan cumplir esos compromisos, pero actualmente la estrechez del sistema lo hace inviable? Esta puede ser la primera definición que deba tomar el nuevo ministro.
- Lo importante es poner bien los antecedentes sobre la mesa de por qué estamos en esta situación hoy para que se produzca un diálogo de acercamiento. No veo las veredas tan separadas, porque el diagnóstico es uno solo y es bien correcto. El diagnóstico es que la mayor participación de renovables ha venido a reemplazar el menor aporte hidroeléctrico a propósito de la megasequía, además del crecimiento de la demanda que obviamente hemos enfrentado en los últimos años. La pregunta es qué hacemos para cumplir con el plan de descarbonización en este escenario del menor aporte hidroeléctrico y de una participación de térmica que todavía es relevante dentro de la matriz.
Tenemos menos hidroelectricidad, lo sabemos, y va a seguir siendo así. Tenemos que acelerar las renovables y ya entendemos un poco cuáles son las señales también de operación que podríamos incorporar para tener mayor penetración de renovables de las energías que ya están y tenemos que darle más cabida al gas en esta transición energética para no tener entonces el conflicto de no poder sacar carboneras y tener que operar con diésel. El primer mensaje que uno podría entender como necesario para todas las organizaciones y agentes es que tenemos que ver el comportamiento del mercado eléctrico en su real mérito.
- Y, en ese sentido, ¿cuál debiese ser un gran desafío a concretar por el nuevo ministro y que pueda alcanzar a cerrar en los cuatro años?
- El mayor de los desafíos para esta administración tiene que ver con la coherencia que se le va a imprimir a sus proyectos de ley, a sus reformas, cualquier reglamento o norma técnica, con nuestros compromisos de descarbonización, de transición energética y que están bien contenidos y bien dibujados en la Política Energética Nacional y la Planificación Eléctrica de Largo Plazo. Ahí nos preocupan los dos proyectos de ley de descarbonización que están en el Congreso. Pedir, por ejemplo, que ese proyecto al 2025 tenga un análisis y fundamentos técnico-económicos que permitan hacer realista y factible el retiro de todo el carbón a un año, que en Acera creemos que es más hacia el 2030.
El primer mensaje es tener coherencia para entender que los proyectos de ley tienen que ser fundamentados en base a estudios y miradas distintas, no solamente aquella que lleva el principio general de un proyecto de ley como puede ser una mirada más política o más comunitaria, pero atender también a las razones técnicas. Segundo, creemos que hay aspectos a nivel reglamentario de norma técnica que también tienen que ser estudiadas en su mérito de la coherencia con estas herramientas que son las envolventes de largo plazo que es donde queremos entonces concentrar nuestros esfuerzos de corto plazo.
- ¿Cómo cree que el Estado, representado en las nuevas autoridades, debiesen apoyar el avance del proyecto Kimal-Lo Aguirre, obra donde están puestas casi todas las esperanzas para habilitar la descarbonización?
- Hay un espacio muy rico en donde el Estado debe actuar también en forma coherente para poder cumplir con el principio de largo plazo que es la urgencia climática y la transición energética. El Estado tiene que ponerse de acuerdo con aquellas materias que le va a pedir al mismo Estado o a otros organismos para que las cosas ocurran. Tanto la materialización de inversiones a nivel de generación, como de transmisión y del almacenamiento, tienen que tener un principio rector en el Estado que facilite, siempre velando por el adecuado tratamiento territorial respecto de las comunidades.
Entonces, a privados y Estado básicamente se le pide lo mismo: coherencia. Dentro de la gobernanza, de la institucionalidad energética particular del mercado eléctrico. Pedimos coherencia dentro de los otros órganos del Estado. También lo que se pide es coherencia para no terminar con situaciones que involucren la aprobación de ciertos proyectos, el mandato de hacer ciertos proyectos, pero que después pasen por conflictos no gestionados a tiempo y en forma planificada por el choque con el territorio. Evidentemente, incorporar las demandas del territorio como parte de los desarrollos del proyecto es algo que tanto privados como Estado tienen que hacer y gestionar.
Si no nos sentamos en una mesa donde estemos todos debidamente representados, los proyectos van a ser tremendamente complejos en desarrollar y, si bien pueden haber éxitos individuales de un proyecto u otro, al final esa infraestructura también se verá compleja. No solamente el objetivo es construirlas sino que convivan adecuadamente con el territorio. A través de una mesa de diálogo y de decisiones que tengan carácter vinculante con el territorio es la forma de abordar adecuadamente este despliegue de las inversiones en infraestructura energética requeridas para la transición energética.
- ¿Fue un error que el gobierno impulsara un acuerdo voluntario con las empresas de retiro de centrales carbón en vez de impulsar un verdadero plan de descarbonización que implicara más allá que salidas de unidades carboneras?
- El retiro o la descarbonización del sector también es un ámbito multidimensional. No solamente se trata de retirar el carbón. Hoy día el acuerdo que tenemos de retiro del carbón en forma voluntaria nos da cuenta de ese 65% anhelado al 2025, pero la pregunta es cómo hacemos para retirar el otro 35%. Creemos en Acera que, evidentemente, explorar una solución de mercado a través de un mecanismo de subasta o cualquier otro mecanismo que involucre un tema que no quede solamente en manos de la voluntad de las empresas puede ser un camino que tenemos que explorar en forma de diálogo, con las nuevas autoridades y los mismos agentes propietarios de los activos carboneros.
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