Entre los técnicos que miran de cerca el debate previsional está el exsuperintendente de AFP Alejandro Ferreiro. El abogado es una voz autorizada para hablar de pensiones y los desafíos de aplicar cambios en la industria, como cuando lideró la implementación de los multifondos.
En entrevista con DF, el también exministro de Economía valoró el acuerdo alcanzado y abordó los desafíos que implicará llevar a cabo las modificaciones de la reforma.
“El surgimiento de una nueva entidad estatal a cargo del seguro social, y el eventual rol del IPS como administrador de cuentas, refuerzan la necesidad de ampliar el espectro de competencias del regulador”.
- ¿Qué evaluación hace de este acuerdo?
- Más allá del contenido específico del proyecto, es una buena noticia que el sistema político, finalmente, se haya revelado capaz de abordar, con razonable solidez técnica y amplia transversalidad, un tema tan importante y postergado.
Todo acuerdo supone concesiones recíprocas. Sin acuerdo amplio no era viable la reforma, y sin reforma el problema previsional, la amenaza fiscal futura y la incertidumbre regulatoria se habrían perpetuado. Un acuerdo como el que era necesario no podía, por definición, satisfacer a las posiciones extremas. Una reforma anclada políticamente en las posiciones más moderadas y razonables tiene mayor probabilidad de sostenerse en el tiempo.
- ¿Cuáles son los temas que más destaca?
- La reforma aumenta el ahorro y, por lo tanto, va a mejorar pensiones a largo plazo. También las va a mejorar en el corto plazo, a través del llamado bono tabla y el pago de UF 0,1 por año cotizado. En consecuencia, hay mejora para el futuro y para el presente.
Tendrá que haber un acomodo en el mercado laboral para procesar razonablemente el impacto en el costo de contratación, pero desde la perspectiva previsional esta es una buena noticia para los pensionados del futuro y los actuales.
- ¿Cuáles medidas que quedaron no le convencen?
- Los temas que hay que mirar con cuidado y, ojalá, regular bien para evitar problemas, son el eventual descalce entre el costo efectivo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y la tasa que se cobra para cubrirlo (1,5%).
¿Qué pasa si el costo del seguro es superior a esa tasa? ¿Cómo se resuelve el eventual desajuste por parte del nuevo seguro social? Creo que es un problema definir por ley una tasa fija para financiar un costo que es, por definición, variable.
También me parece fundamental pensar bien el sistema de traspaso de activos hacia la AFP que se adjudique la licitación del stock, especialmente en el caso de las inversiones ilíquidas, tales como la relativa a fondos de inversión en activos alternativos. Hay que evitar a toda costa que un mal diseño redunde en pérdidas de valor en el traspaso de fondos o en desincentivos para que las AFP inviertan de manera óptima.
Adicionalmente, me habría gustado alguna libertad de elección mayor para preservar el esquema de multifondos, especialmente para las personas que están más cerca de jubilar. Para ese grupo, no hay mayor ventaja con los llamados fondos generacionales que requieren décadas para desplegar sus beneficios. Con todo, ninguna de estas observaciones disminuye mi valoración sobre el acuerdo.
Regulador
- ¿Qué desafíos implicará la reforma?
- En relación a la importancia de una inteligente regulación secundaria, pero también de cara a la función de supervisión futura, creo que la reforma abre la pregunta acerca del gobierno corporativo del regulador previsional.
El surgimiento de una nueva entidad estatal a cargo del seguro social, y el eventual rol del IPS como administrador de cuentas, refuerzan la necesidad de ampliar el espectro de competencias del regulador y velar porque no existan los conflictos de interés que surgen cuando una agencia del Estado debe regular a otras.
Es momento de pensar en un gobierno corporativo distinto, colegiado para la Superintendencia de Pensiones, de modo de preservar mejor su funcionamiento del riesgo de interferencia del gobierno de turno. Por cierto, será fundamental a futuro evaluar con periodicidad y rigor la sustentabilidad fiscal de la reforma.
- ¿Cómo ve el anuncio sobre un inversor estatal y cómo conversa con la licitación?
- Esto no es parte del acuerdo, ni de la reforma. Más bien es una bandera que algunos sectores quieren seguir enarbolando por razones más bien políticas. La AFP estatal siempre fue pensada para generar competencia y ofrecer un servicio de menor costo. Igual propósito tenía, en teoría, la separación de la industria. Este objetivo se consigue mejor con la licitación del stock, por lo que cuesta encontrar razones técnicas para insistir en el inversor estatal.
Por cierto, si una idea así prosperara, sería difícil conciliar el rol de juez y parte del estado en un escenario en el que periódicamente se licita el 10% del stock de afiliados.
- ¿Qué le parece la advertencia que hicieron las aseguradoras de EEUU?
- Es natural que quienes tengan temor a perder parte de las utilidades que el sistema les ha generado, reclamen al respecto. Pero en esto hay que distinguir entre la frustración de una expectativa y la afectación de un derecho.
Creo que el verdadero derecho en juego en esta materia es el que los chilenos tienen para que el costo de administrar un sistema de ahorro obligatorio sea el más eficiente posible.
Hemos aprendido por décadas que una mezcla de indiferencia e ignorancia (inelasticidad al precio) ha permitido que las personas terminen pagando más comisiones que las propias de un sistema efectivamente competitivo. La reforma altera ese esquema de modo que la inercia se traduzca ahora en mayor competencia y no en mayores comisiones. Con todo, si las personas valoran atributos distintos del precio, su libertad de elección queda enteramente preservada. No hay expropiación entonces si solo se cambia la regla de asignación por defecto.
Defiendo el rol de los privados en seguridad social, pero esta posición solo es válida si contribuyen a los objetivos de la seguridad social sin subordinar tales objetivos a sus intereses.