Desde la polémica por el aumento de capital de la desaparecida Enersis en 2012, que Enel no acaparaba tanto la atención a nivel general.
Esta vez fue a raíz de la lenta reposición del servicio por parte de Enel Distribución Chile tras la nevada del fin de semana, lo que más allá del inicio de procesos sancionatorios por parte de la autoridad y manifestaciones de rechazo en redes sociales -incluso del empresario Andrónico Luksic y del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés-, llevó incluso a La Moneda a golpear la mesa a la firma controlada por la estatal italiana.
Fue el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, que en su calidad de vicepresidente de la República, citó a los máximos ejecutivos de la concesionaria y de su matriz Enel Chile para exigirles un plan de contingencia para este tipo de emergencias extraordinarias, el que tendrán que implementar en un plazo de tres semanas.
“El gobierno estima que una empresa que entrega suministros básicos a la gente tiene la responsabilidad y obligación de enfrentar los eventos que se produzcan de manera adecuada y nítidamente, en este caso no fue así (...) Frente a los problemas que afectan a los ciudadanos a partir del cambio climático, las empresas privadas que brindan esos servicios tienen la responsabilidad y la obligación de enfrentarlos adecuadamente”, dijo el personero.
Agregó que el trabajo con la distribuidora comenzará este lunes, cuando contrastarán la información que la empresa y el gobierno poseen, ya que, dijo, existen discrepancias en torno al número de brigadas que se declararon haber desplegado, a partir de la denuncia realizada por el sindicato de la eléctrica.
Posteriormente, dentro de una semana se elaborará un primer plan de contingencia, el que será afinado con el paso del tiempo, dada la complejidad de un mecanismo de este tipo. En este diseño participarán los municipios afectados y, eventualmente, se incluirá a CGE Distribución, la otra firma que abastece a la Región Metropolitana, que también requirió varios días para volver a niveles normales de suministro y con la que Aleuy también se reunió ayer.
De esta forma, quince días después la eléctrica tendrá que haber implementado este paquete de iniciativas.
Consultado respecto del mecanismo con el que se implementará este plan, considerando que la distribución eléctrica es un servicio regulado, el vicepresidente de la República en ejercicio manifestó que “lo que tenga que ver con proyectos de ley, con oficios o regulaciones adicionales, lo verá el Ministerio de Energía” y agregó que “a mi me corresponde solucionar un problema. El Ministerio del Interior está a cargo de las emergencias en Chile y por eso tenemos que ver la manera de que en un evento futuro no se produzcan los problemas que tuvo esta empresa ahora”.
Incremento de inversión
Unas horas antes, el gerente general de Enel Chile, Nicola Cotugno, hizo un balance de la magnitud de la situación que enfrentó la filial de distribución y anunció medidas de bonificación máxima de $ 25 mil por noche para los clientes que estuvieron sin suministro desde las 20 horas del domingo 16 de julio, lo que tendrá un costo estimado entre US$ 4 y U$ 5 millones.
En la oportunidad el ejecutivo adelantó que el plan de inversión global, que Enel tradicionalmente informa en noviembre, será revisado al alza en lo relativo a la inversión de mantenimiento para los sistemas de distribución en Chile.
El incremento, dijo, será de un 30% respecto del monto ejecutado en los últimos tres años y que alcanzó a US$ 360 millones.
De esta forma, la eléctrica destinaría del orden de US$ 468 millones, poniendo énfasis, por ejemplo, en el 30% de sus redes de media y baja tensión que actualmente no tienen refuerzo, lo que representa el punto más débil de su infraestructura.
Precisó que de los 15 mil kilómetros de redes de baja tensión y los 20 mil kilómetros de media tensión que actualmente operan en las 33 comunas de la región que abarcan su zona de concesión, el 50% ha sido reforzado en los últimos años, mientras que el 20% restante está soterrado.
Planteó que si bien lo más efectivo es poner los tendidos bajo tierra, esta es una labor de muy largo plazo y supone molestias importantes para el funcionamiento de la ciudad. Por esta razón, y antes de que Aleuy instruyera la mesa de trabajo, Cotugno comentó que establecerían una instancia con los municipios para analizar en cada caso las acciones más adecuadas, las que podrían incluir manejo de vegetación, traslado de redes o soterramiento.
Aleuy en picada contra la Sofofa
A la misma hora que el vicepresidente de la República recibía en La Moneda a los ejecutivos de Enel, la Sofofa -gremio al que está adherido la eléctrica- emitió una declaración en la que apuntó a la necesidad de discutir en torno a los niveles de seguridad y respaldo para este tipo de servicios básicos y los costos asociados a ello, al momento de discutir la regulación tarifaria de este sector. "Nuestra convicción es que estamos en un momento donde es necesario elevar ese estándar", dijo la entidad.
A raíz de ello, tras finalizar el encuentro con la eléctrica y sin que mediara consulta, Mahmud Aleuy dijo enfático que "el gobierno tampoco va a aceptar insinuaciones de que el costo de enfrentar los problemas climáticos que se producen pasen a tarifa. Las empresas y sobre todo sectores empresariales que regularmente hablan de productividad y crecimiento, tienen la responsabilidad de que sus asociados actúen correctamente para que se cumplan esas metas".
El cuestionado rol de Rebolledo en la contingencia
Ayer por segunda vez en menos de dos meses, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, anunció formulación de cargos contra las dos empresas que atienden a la Región Metropolitana, Enel Distribución y CGE Distribución, por su actuación posterior a la nevada del fin de semana.
Sin embargo, a juicio de entendidos del sector, el rol del secretario de Estado en esta contingencia podría haber sido distinto. Por ejemplo, llamó la atención la coincidencia entre la cita que ayer sostuvo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, con ejecutivos de las dos firmas cuestionadas, y el anuncio de los procesos sancionatorios.
Esto, considerando que al encuentro en el palacio de gobierno asistieron el subdirector de la Oficina Nacional de Emergencia, Víctor Orellana, así como representantes de la SEC, como del propio ministerio.
En lo que respecta a las declaraciones de Rebolledo en los últimos días, relativas a la necesidad de abordar estas situaciones a partir de la revisión de la Ley de Distribución -proceso que según se ha anunciado se dejará en condiciones de que sea tramitado por el próximo gobierno-, conocedores del sector comentan que varias de las situaciones que hoy son condenadas podrían ser abordadas en forma inmediata por la vía de decretos o resoluciones.
Trascendió que, pese a que a inicios de la semana pasada ya se conocía la posibilidad de la nevada, el oficio de la SEC que instruía a las concesionarias adoptar acciones frente a este fenómeno, fue despachado recién la tarde del viernes y sin precisar medidas específicas. A ello se suma que la fiscalización de labores que las empresas realizaron previo a la temporada invernal, como la poda de árboles, no habría sido fiscalizada por esta entidad, según comentaron en la industria.
A raíz de todo esto, algunos diputados se fueron contra el ministro. Claudio Arriagada (DC) dijo que "he pedido a un grupo de abogados que redacte los fundamentos para presentar una Acusación Constitucional en contra del ministro por su actuar en esta situación".
Otro factor lo abordó la consultora Systep, ligada al académico Hugh Rudnik, en su reciente informe mensual, es la aplicación de multas por incumplimiento de los estándares de calidad y que podrían ser un incentivo para concretar inversiones en este plano.
Dichas sanciones pueden ir desde amonestación por escrito hasta multas de diez mil UTA ($ 5.608 millones). Por ejemplo, dice Systep, en 2016 Chilectra (hoy Enel Distribución) recibió una sanción por 17.729 UTM ($ 815 millones) y CGE una de 20.000 UTM ($ 920 millones), por superar la cantidad de tiempo acumulado sobre las interrupciones de servicio.
En términos acumulados, si bien se observa un aumento en las sanciones a empresas energéticas entre 2014 y 2016, el primero de estos años hubo 1.699 multas por $ 11.706 millones, lo que da un valor promedio de $ 6,9 millones por multa, mientras que en 2015 y 2016 las medias son de $ 10,7 y $ 11 millones por multa, respectivamente.
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