Jobet insiste en que ley de servicios básicos no se ha focalizado en clientes que realmente tienen dificultades y adelanta que medirán efecto del IFE

El mismo día en que Enel volvió a recurrir al Tribunal Constitucional con un nuevo recurso por impedir suspensión de suministro a clientes morosos de alto consumo, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, abordó este martes la situación en el marco de discusión sobre la aplicación de la ley de servicios básicos que prohíbe el corte por no pago en las comisiones de Economía y Minería y Energía del Senado. 

Según informó la autoridad, al 31 de octubre, son 760 mil clientes residenciales de empresas eléctricas con deuda de 45 días o mayor (10,66% clientes totales). La deuda total asciende a $ 294.710 millones. De esta forma, durante la pandemia, la morosidad aumentó en $ 206.260 millones en $ 245.915 clientes.

En el caso de la electricidad, 723 mil clientes estaban morosos al cierre de julio, quienes tienen una deuda promedio de $ 364.623, lo que implicaba más de $ 263.857 millones por este concepto.

Haciendo la salvedad de que el consumo no necesariamente implica vulnerabilidad, pero que es una buena aproximación en los números gruesos, Jobet indicó que casi el 80% de los clientes consume menos de $ 40 mil, pero concentra solo el 50% de la deuda. Asimismo, hay un 20% de los clientes que consumen más de $ 40 mil pesos mensuales y concentra la mitad de la deuda acumulada.

"Eso es importante tenerlo a la vista para efectos de ver cuando hagamos una solución, cómo la focalizamos, cómo la concentramos en aquellos que de verdad necesitan ayudan, porque uno de los problemas que hemos hecho ver respecto de esta ley es que no se ha enfocado suficiente el esfuerzo en aquellas personas que más lo necesitan", aseguró.

Según explicó Jobet, se podría entender esto por los efectos de la pandemia, pero hacia adelante -recalcó- "creemos que es importante focalizar los esfuerzos en aquellos que efectivamente tienen dificultades de pago, pero asegurarse que los que pueden pagar, paguen". 

En esa línea, detalló que en las familias que consumen más de $ 70 mil promedio mensual de electricidad (tres veces la cuenta tipo de una familia chilena), está el 30% de la deuda. "Ese 30% de la deuda, en la mayoría de los casos, es razonable pensar que está en familias que tienen capacidad de pago y simplemente no están pagando porque no se exponen a un corte y tienen la posibilidad de postergar esos pagos sin intereses", dijo.

Y agregó que, si bien puede haber excepciones, "como regla general es importante tener esos números a la vista para efectos de ver cómo focalizamos la solución". 

Gobierno analizará efecto del IFE

En la cita, hubo inquietud por conocer la relación de la morosidad y la vulnerabilidad de los clientes que están haciendo uso de la ley de servicios básicos. Frente a los cuestionamientos de la senadora Yasna Provoste por no tener esta información, Jobet se defendió, ejemplificando que hay unos 600 mil clientes que tienen subsidio de agua potable y ellos tuvieron que postular a ese subsidio y entregar su información de nivel de vulnerabilidad.

Sin embargo, "la inmensa mayoría de los clientes del sector eléctrico que se atienden a través de las distribuidoras no existe el cruce entre nivel socioeconómico con ficha con el Registro Social de Hogares asociados a cada uno de los clientes". El hecho que esa información no estuviera implicó, según recordó, un conflicto con Contraloría en el pasado por la dificultad que existió en ese momento para cruzar los datos.

Asimismo, afirmó que lamentablemente no se ha aplicado la idea de cruzar los rut con la deuda por "desconocimiento de la ley eléctrica y no por desconocimiento del Estado". "La información sobre los rut de los clientes morosos es información protegida, es un tema de privacidad de los clientes. Los únicos rut que tenemos de los clientes morosos son de aquellos que se acogieron a planes de reprogramación y de prorrata con las compañías", dijo la autoridad. 

Jobet detalló además que muchas veces las cuentas de los servicios básicos están a nombre de una persona distinta del residente que consume, complejizando el cruce.

Pero el ministro acogió una petición del senador Alejandro García-Huidobro y aseguró que harán el análisis para ver las fechas de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la evolución de las deudas. "Vamos a hacer el análisis más fino con las fechas de pago del IFE, porque creo que es un análisis interesante a tener a la vista", adelantó.

"Lo hicimos con el retiro de fondos de pensiones y hubo alguna caída en el margen, pero cuando uno mira las cifras agregadas, en general, lo que cayó más fue los saldos acumulados de deuda con casas comerciales y el sector financiero donde sí los intereses, las multas, se iban acumulando", dijo.

Por esto, estimó que es probable que en este caso, al no existir intereses ni multas, sea una deuda cuyo pago se postergue, incluso en la disponibilidad de recursos al no tener costo esa postergación.

En la cita, se acordó comenzar a trabajar el próximo martes en las propuestas para enfrentar la alta morosidad junto al Ejecutivo, luego de que ese día se discuta en torno al mercado del gas.

Morosidad en el sector sanitario

También participó en el encuentro el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien detalló que al 31 de octubre son 607 mil los clientes de empresas sanitarias con deuda mayor a 60 días (10,92% clientes totales). La deuda total asciende a $ 202.655 millones (15,18% de los ingresos de explotación 2020 del sector). Así, durante la pandemia la morosidad aumentó en $ 82.416 millones y 249.243 clientes.