Gobierno: cambio de medidores será voluntario pero mantiene decreto que reconoce mayor costo

Un nuevo intento desplegó ayer el Ministerio de Energía para cerrar la polémica que despertó el cobro por parte de los clientes de los medidores inteligentes. Haciendo una pausa en medio de una licencia médica, la ministra de Energía, Susana Jiménez, junto al ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, volvieron a la carga anunciando en el Congreso en Valparaíso que el recambio de estos aparatos será voluntario y que se ingresará un proyecto de ley para rebajar la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas.

"Como gobierno hemos resuelto que el recambio de medidores será voluntario para las personas, esto se hará por medio de una modificación de la norma técnica de calidad de servicio, en la cual se va a establecer esta voluntariedad de los hogares para el recambio", dijo Jiménez.

Las dudas no se hicieron esperar entre los parlamentarios y fue en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados donde el subsecretario Ricardo Irarrázabal tuvo que dar explicaciones.

Esto, porque si bien se establece un cambio voluntario de los medidores por parte de los usuarios y una extensión del plazo de recambio de siete a nueve años, de todas formas las empresas tendrían la obligación de aplicar esta política.

Al respecto, la autoridad indicó que en la redacción actual de la norma, si alguien no quiere cambiar su medidor, eventualmente se le puede obligar a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

"Dejará de ser obligatorio por parte de la ciudadanía. Queremos apuntar a que la ciudadanía tenga el convencimiento de los beneficios del cambio tecnológico y que eso lo lleve a decir que sí al recambio", explicó tras el encuentro, agregando que son las empresas las que tendrán que "cautivar e incentivar al consumidor" de los beneficios de este cambio.

"Si pasado nueve años no logra el cambio total de acuerdo a los porcentajes, será la empresa la que caerá en un incumplimiento", sostuvo.

Sin embargo, el decreto publicado en septiembre de 2018, denominado 5T, y que modificó las tarifas a clientes finales con el fin de reconocer a las empresas distribuidoras los mayores costos por los medidores y los nuevos estándares exigidos por la Norma Técnica, se mantendrá vigente.

Al ser consultado al respecto, Irarrázabal explicó que el decreto que fija Valor Agregado de Distribución (VAD) "interperíodo, que es algo bien excepcional, sigue efectivamente vigente".

La autoridad señaló que ahora viene un proceso para definir un nuevo VAD, el que tiene que estar vigente en noviembre de 2020, donde se buscará introducir la rebaja que se generará si se aprueba la ley corta, para que "se vea reflejada en forma rápida".

Los tres pilares de la ley corta

El articulado de la ley corta, que hasta el cierre de esta edición no se había ingresado al Congreso, aborda tres temas: rentabilidad de las empresas distribuidoras, estudios tarifarios y áreas típicas.

El proyecto contempla la baja de la rentabilidad de las empresas distribuidoras desde el 10% al 6%. Mientras, sobre los estudios tarifarios, se fija que la Comisión Nacional de Energía (CNE) hará un estudio y dentro de este, y en un proceso participativo en el que se pueden generar observaciones, se establece la posibilidad de instalar discrepancias ante el panel de expertos para que esto sea resuelto por la instancia.

Actualmente, para lo que significa el VAD, existe una ponderación en que hay un estudio que hacen las empresas distribuidoras, otro que encarga la CNE y se pondera la primera en un tercio y la segunda en dos tercios.

Como último punto, se contempla redefinir las áreas típicas para para otorgarle mayor representatividad.Las medidas, según el subsecretario, cambian el escenario y ayudan a tener una mejor discusión.