En medio de los ajustes en materia de institucionalidad ambiental, uno de los más esperados se apronta a entrar en recta final para comenzar su debate en el Congreso. Se trata del proyecto de ley para modificar la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente (19.300) que involucra una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El Gobierno ha tenido dos rondas de conversaciones con gremios, organizaciones ambientales y parlamentarios. La primera fue para identificar prioridades y, en la segunda, las autoridades adelantaron las ideas matrices sobre las que se está trabajando. A fines de este mes, además, concluirán los 16 diálogos ciudadanos en cada región del país.
El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, adelanta que a mediados de octubre tendrán el primer borrador de la iniciativa y, con éste en mano, tendrán una tercera ronda de conversaciones de cara al ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados que prevén para diciembre. Con el borrador comenzará el trabajo prelegislativo -dice- “más intensivo”.
“Hacemos énfasis en que no se trata de simplemente eliminarlos (el Comité de Ministros) por sí solos, sin fortalecer otras etapas del proceso”.
Proaño indica que existe bastante consenso respecto a los temas. También en “fortalecer el rol técnico de la evaluación de proyectos y para eso avanzar hacia una eliminación del Comité de Ministros y de las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVAS)”. Si bien dice que están en condiciones de presentar una reforma que se haga cargo de esto, recalca que se tienen que fortalecer otros elementos necesariamente, sobre todo de la evaluación ambiental en etapas tempranas.
“Es fundamental fortalecer las consideraciones técnicas en la evaluación ambiental. Fortalecer el rol del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), avanzar en una eliminación de las COEVAS y del Comité de Ministros. Y, por lo tanto, que los organismos públicos que necesariamente participan de la evaluación, hablen y ‘voten’ a través de sus informes”, sostiene.
Consultado por la recepción que ha tenido en los parlamentarios la eliminación del Comité de Ministros, asegura que “existe consenso”, pero advierte: “En todas las reuniones hacemos énfasis en que no se trata de simplemente eliminarlos por sí solos, sin fortalecer otras etapas del proceso, porque eso no cumpliría con ninguna de las dos finalidades: ni fortalecer la evaluación ambiental de los proyectos, ni disminuir los tiempos”. Con su eliminación, las reclamaciones serían asumidas por la Dirección Ejecutiva del SEA.
En esa línea, el Gobierno propondrá una etapa de participación temprana en que los titulares de los proyectos puedan ofrecer -entre otros aspectos- alternativas de diseño y tecnología de locación en un proceso participativo donde la ciudadanía pueda plantear los aspectos críticos que visualizan.
El SEA asumiría un rol de ministro de fe, habrá un registro de acuerdos, y la idea es que desde ese momento los titulares identifiquen cuáles son los nudos e intenten solucionarlos previo al ingreso a la evaluación ambiental.
La autoridad puntualiza que la participación temprana será obligatoria para ciertos tipos de proyectos. Aunque todavía no está completamente definido, dice que podría ser para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nuevos. Además, se considera en este proceso un registro obligatorio de facilitadores y de consultores que tendrá requisitos.
Ya en el SEIA, se está pensando en dar respuesta a la amplia crítica que tienen los requisitos para abrir participación ciudadana en los procedimientos que se inician mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Se busca ampliar la posibilidad de participación de los ciudadanos cuando ellos lo soliciten.
Otro aspecto que se considera es que los servicios públicos que participan en la evaluación, los Órganos de la Administración del Estado con competencias ambientales (OAECA), potencien su rol en cuanto a la calidad y oportunidad de sus informes. “Para eliminar, por ejemplo, las COEVA, necesitamos fortalecer el rol y que los servicios públicos hablen a través de sus informes”, añade. El Ejecutivo quiere que los gobiernos regionales también emitan un informe respecto a la pertinencia territorial de los proyectos en etapas tempranas. Además, se busca fortalecer la actual comisión técnica como instancia de coordinación.
Asimismo, están trabajando en simplificar el sistema recursivo: “Es un derecho, tanto vía administrativa como en tribunales ambientales, pero hay algunas fórmulas que pueden permitir acelerar esas etapas que toman bastante tiempo”. Algo que estudian -reconoce- “es que no se deba agotar la vía administrativa para recurrir directamente a tribunales ambientales, que sea voluntario por parte del titular de la comunidad hacerlo”.
Consultas de pertinencia y revisión de RCA
En el Gobierno hay convencimiento en cuanto a que las consultas de pertinencia, trámite en que un titular pregunta si un proyecto debe someterse al SEIA, no deben seguir existiendo al no agregar un valor especial. En ese sentido, buscarán consignar con más claridad cuándo los titulares deben ingresar a la evaluación ambiental a través de una DIA o un EIA, pero que no sea una instancia administrativa la que dirima la opción que deben tomar.
Añade que “es importante que los procedimientos de revisión de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -tanto a través del Artículo 25 quinquies o también para cambios de menor intensidad-, consten en el expediente. Los de menor intensidad simplemente pueden ser a través de una declaración del titular, pero que la Superintendencia tenga vista los cambios y los pueda fiscalizar. Y, si no son de menor intensidad, pueda declarar que esto debe ingresar a evaluación”.
Respecto a modificaciones sustantivas, se busca consagrar expresamente la posibilidad de las revisiones de RCA para los EIA y las DIA, acorde a los nuevos cambios que incorpora la Ley Marco de Cambio Climático y a la práctica sobre la evaluación actual y las medidas de seguimiento.
Lo que viene
Proaño asegura que están conscientes que ha habido dos intentos fallidos de reforma y recalca: “Nos interesa ingresar un proyecto equilibrado, viable y que se haga cargo de los puntos críticos que se levantan desde hace bastantes años”.
- ¿Hay aspectos en que no hay consenso con los parlamentarios?
- Todavía no visualizamos los nudos críticos del proyecto. Existe bastante buena disposición y buena fe en los procesos de diálogo. Obviamente, en la tramitación propiamente tal cada uno pondrá énfasis, pero creo que todos los actores entienden que esta es una reforma necesaria para el país, que llegamos a un punto que es crítico. Vamos a insistir mucho que estamos presentando una reforma al sistema, porque si se aprueban algunos aspectos eliminando otros de la reforma, el afectado será el SEIA.
- ¿Qué tantos recursos ameritará esta reforma?
- Estamos en etapa de confección del informe financiero, pero es fundamentalmente fortalecimiento del SEIA, de herramientas de Informática y de Servicios Públicos. Vamos a poner énfasis en que servicios públicos que participan en la evaluación de los proyectos estén mejor capacitados para la calidad de los informes. Fortalecer el rol del SEA también pasa por fortalecer sus capacidades humanas y en términos de tecnología.
- Se ingresaría en julio la ley corta a la SMA. ¿Qué pasó?
- El proceso de elaboración es algo meditado, analizado técnicamente y conversado con la ciudadanía y los actores claves. Estamos definiendo algunos aspectos bien específicos sobre fórmulas sobre todo que involucra a otros Servicios. Además, estamos afinando detalles con Segpres para que ingrese prontamente al Senado.
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